Pamela Boltei

Más de 150 investigaciones por corrupción se encuentra desarrollando la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) en la Región de Valparaíso, y un 70% de ellas está relacionada con delitos de fraude al Fisco.

El departamento, que es parte del Ministerio Público de la zona, cuenta con dos fiscales especializados: Patricio Toro y Claudio Rebeco.

De acuerdo a este último, jefe de la unidad, las investigaciones se distribuyen equitativamente entre ambos fiscales, sin perjuicio de la supervisión general que le corresponde.

"A pesar de su denominación, la URAC no sólo se ocupa de denuncias vinculadas con delitos de corrupción pública, que son aquellos en los que intervienen uno o más funcionarios públicos o en los que se ve afectado el patrimonio fiscal. La unidad progresivamente ha venido asumiendo investigaciones asociadas a delitos económicos, tales como estafas, infracción a ley general de bancos, lavado de activo y otros. Se trata, en todos los casos, de investigaciones de alta complejidad por el volumen de antecedentes vinculadas a la misma, que demandan un arduo trabajo de revisión y análisis documental, extensas declaraciones de testigos e imputados, examen de correos electrónicos, cartolas bancarias, registros de transferencia, examen de trazabilidad de dinero, etcétera", explicó Rebeco.

En ese tenor, afirmó que "la Unidad maneja alrededor de 150 investigaciones, de gran volumen".

Entre ellas destacó el Caso VISA, una "investigación asociada al otorgamiento de visas en favor de inmigrantes al amparo de contratos de trabajo falsos, en la que se encuentra formalizada una funcionaria de la Gobernación Provincial de Quillota, un nacional que hacía las veces de supuesto empleador, y un extranjero que operaba como reclutador. La indagatoria ha supuesto revisar expedientes de decenas de extranjeros".

También mencionó el denominado caso Obstrucción a la Investigación: "Cuatro carabineros y un particular formalizado por delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Los primeros habrían proporcionado antecedentes falsos en diversos partes policiales, los que condujeron al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares respecto de personas sin participación en el delito denunciado".

Un tercer caso relevante es el del Parque Nacional Rapa Nui, "investigación iniciada por la denuncia del Intendente, un diputado y habitantes de la isla, por supuestos manejos irregulares de fondos por parte de la Directiva de la Comunidad Ma'u Henua. Fue durante la vigencia del convenio de coadministración suscrito con Corfo y tras la concesión gratuita del parque en favor de la comunidad indígena decretada a fines del año 2017".

El Caso Marín Orrego también es destacado entre los más importantes: "Es una defraudación cometida, mediante operaciones de captación imaginaria, burlando los controles de la agencias reguladoras de valores. Un total de 79 víctimas y un perjuicio total de 2000 millones de pesos. La investigación está en etapa de preparación de juicio oral".

La quinta indagatoria de prioridad para la URAC es el Caso Viña del Mar, "investigación vinculada al déficit presupuestario que acumula diversas querellas".

- ¿Cuántos de ellos están relacionados con temas de corrupción en la política?

- No muchos actualmente. La URAC lleva adelante algunas investigaciones puntuales por fraude electoral iniciadas en denuncia del Servel, las que pueden configurar casos de corrupción en el ámbito político. Hemos formalizado y obtenido condenas, en el pasado, respecto de personas vinculadas a la actividad política. En esos casos se ha acreditado su intervención en la presentación de proyectos fraudulentos, que no se ejecutaron o se sobrevaloraron, con el único fin de obtener fondos para el financiamiento de campañas. Así ocurrió con los proyectos financiados con cargo al FNDR. A partir de las investigaciones llevadas adelante por la URAC, las autoridades concernidas (Gobierno Regional, Consejo Regional) se vieron en la necesidad de regular de mejor forma los procedimientos de asignación de fondos, haciéndose cargo de las vulnerabilidades del sistema. Habrá corrupción política cada vez que el delito se cometa con la finalidad de obtener recursos por vía ilegal para el financiamiento de dicha actividad, conductas delictivas que tienden a aflorar en época de campañas electorales.

- En relación a lo anterior, ¿cuántos son los casos relacionados al oficialismo y cuántos a la oposición?

- No tenemos un cálculo sobre ello y francamente no es un factor de relevancia o interés en la investigación. La Fiscalía debe perseguir con igual celo y con el máximo rigor, pero también con objetividad, todas las conductas de corrupción que sean constitutivas de delito, cualquiera sea el sector político al que pertenezca el denunciado. La URAC ha formalizado, acusado y obtenido sentencia respecto de personas que forman parte de distintas sensibilidades políticas

Fraudes al Fisco

De acuerdo al fiscal jefe de la URAC, "aproximadamente el 70% de los casos se califican inicialmente como fraude al Fisco. Ello obedece a que este delito, regulado en el Art. 239 del Código Penal, puede cometerse en distintos contextos y mediante diversas conductas o maniobras defraudatorias, con el propósito de obtener una ventaja patrimonial en perjuicio del Estado".

En este tema, la URAC ha obtenido condenas por fraude al Fisco, en distintos casos: en el marco de procesos de contratación de bienes o servicios no ejecutados o de ejecución aparente (por ejemplo, condenas contra Nelda Garcés y otros en la contratación de servicios de consultorías a la empresa HAZA Ltda. y SIGNO Ltda); en el marco de procesos de asignación de subsidios de todo orden (por ejemplo, condenas contra el ex alcalde Carrasco con ocasión de la asignación de subsidios de localización de viviendas en favor de una empresa constructora); y en el marco de la asignación de fondos para la ejecución de proyecto sociales, sujetos a rendición de cuenta documental de gastos (en el caso de la condena contra Sergio Núñez y otros tantos casos vinculados al Gobierno Regional).

También ha logrado victorias judiciales en el caso de la contratación y pago de servicios a honorarios, por trabajos no ejecutados (caso Municipalidad de Papudo); en el caso de la compra de bienes por parte del Estado a un precio sobrevalorado o la intervención en la venta de bienes raíces del Estado a un precio subvalorado (caso Sernatur); en el caso de certificación por parte del Inspector Técnico de Obra (ITO) de estados de avance físico mayores a los reales, en un contrato de ejecución de obra (caso empresa VIETS Spa, construcción de viviendas sociales, Alto Bellavista); y en el caso de cobro de viáticos cuyo cometidos no se han ejecutado u otras asignaciones sin que concurran los requisitos de procedencia para percibirlos.

En este departamento se han iniciado investigaciones de oficio "en aquellos casos en que tomamos conocimiento, a través de medios oficiales, de un hecho que reviste caracteres de delito y en particular en aquellos casos en que es importante levantar o incautar evidencia que, de transcurrir el tiempo, podría perderse", cuenta Rebeco. El resto de las investigaciones se inician por denuncia o querella, precisa. "Tratándose de delitos que afectan la probidad administrativa, la querella puede ser interpuesta por cualquier persona con domicilio en la provincia en que tuvo lugar el hecho denunciado", clarifica.

Casos más complejos

- ¿Cuáles son los casos más complejos que están investigando durante este año?

- Todos tienen cierto nivel de complejidad, pero quizás cabe destacar la investigación vinculada a la corredora de valores Carlos Marín Orrego S.A., por la magnitud de la defraudación y en especial, por el volumen de víctimas perjudicadas. Durante la indagatoria fue necesario reconstruir con prueba documental, pericial y testimonial cada una de las operaciones de inversión y reinversión, realizadas a lo largo de varios años, en moneda nacional y extranjera, por 79 personas. Ha sido particularmente riguroso también el trabajo de aseguramiento de activos, mediante cautelares reales de retención y prohibición de enajenar, que esperamos, permita reparar en parte el daño patrimonial sufrido por las víctimas.

También resultó compleja, asegura, "la investigación seguida en contra de los ejecutivos de la empresa Pixel Spa, en el marco del proyecto de mejoramiento del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, que terminó con la realización un juicio oral que se prolongó por más de tres semanas y en el que se obtuvo una importante sentencia condenatoria".

Lo mismo plantea respecto del caso vinculado a los delitos de malversación de caudales públicos cometidos por el ex alcalde de Nogales, Oscar Cortés Puebla, y funcionarios de esa administración, "que finalizó en condena para todos ellos".

Finalmente, confesó que "otro caso complejo es, por cierto, el que se vincula al déficit presupuestario de la Municipalidad de Viña del Mar, y que por tratarse de una investigación en curso no es posible proporcionar más detalles".

Para este año la meta de la URAC es "agilizar la tarea investigativa y para ello hemos construido un modelo de trabajo que descansa en la construcción inicial, tan pronto se recibe la denuncia, de una teoría del caso, a partir de la cual se dirige pormenorizadamente el trabajo policial".

En ese punto, precisa que "el modelo ha sido puesto a prueba y supone varios pasos: una primer trabajo de análisis jurídico por parte de los fiscales de la Unidad; una reunión -muchas veces en terreno- con el servicio denunciante para recoger la información y documentación pertinente, la definición de una línea de investigación y diligencias precisas junto a los funcionarios policiales que estarán a cargo de la orden de investigar. Esto supone asignar un policía al caso, antes de que se despache la orden de investigar. El policía no puede desconocer la teoría del caso de la Fiscalía, porque se corre el riesgo de perderse mucho tiempo en líneas investigativas inconducentes".

Una segunda meta es "la digitalización inmediata del alto volumen de documentación levantada o incautada que facilite luego la tarea de análisis del fiscal y permita a las defensas y querellantes un rápido acceso a la misma. Un tercer aspecto es el de la prevención: "En ese sentido la URAC seguirá empeñada en organizar actividades de capacitación para funcionarios públicos y municipales de la región, en conjunto con otros servicios. Así lo ha venido realizando junto a la Contraloría Regional de Valparaíso, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio Electoral (Servel), pues resulta sumamente relevante que la ley penal sea conocida por sus destinatarios".

- ¿Cuáles son los desafíos más importantes que debe enfrentar la URAC durante estos tiempos?

- Afrontar el número creciente de denuncias, fruto de una sociedad más transparente y una ciudadanía más empoderada y, también, más indignada.

Aumento de denuncias

- ¿Cuántas denuncias por temas de corrupción reciben mensualmente (aproximado)? ¿Qué hacen con ellas? ¿Quiénes denuncian, principalmente? ¿Muchas denuncias son anónimas?

- No podría señalar cuantas denuncias se reciben cada mes. Es un número variable. Pero, en términos generales, es posible advertir, a nivel país y a nivel regional, un aumento sustantivo y sostenido en el número de denuncias. Al inicio de la reforma procesal penal, las denuncias por delitos de corrupción eran más bien marginales en cantidad, pero en los tres últimos años han aumentado significativamente de la mano de una ciudadanía con más información, más empoderada y menos tolerante con la corrupción. La ley N° 20.285 sobre transparencia y acceso a la información ha permitido contar con antecedentes relevantes acerca de procesos de licitación y otras vinculaciones del Estado con particulares, antes desconocidos. Además, la era digital, ha permitido implementar canales de recepción de denuncias anónimas que, deben ser confrontadas, por cierto, con mayores elementos, a fin de dar a las mismas un mínimo de seriedad. El propio Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene abierta una plataforma con ese fin. El incremento en las denuncias obedece también a una mayor confianza en la respuesta institucional del sistema procesal penal frente a tales denuncias.

- ¿Cómo se enfrentará este segundo semestre, tomando en consideración las investigaciones que llevan a cabo?

- De la misma forma, como lo hemos venido realizando, pero con los ajustes necesarios para enfrentar las investigaciones vigentes y, en paralelo, la audiencia de preparación del juicio oral y el juicio oral propiamente tal del caso SQM que se lleva en Santiago, en el que los fiscales de esta Unidad han prestado apoyo y cobertura desde el comienzo

- ¿Ve necesario aumentar la dotación de fiscales en la URAC? ¿Por qué?

- Todos los esfuerzos que puedan desplegarse en el combate a la corrupción son deseables, pero con dedicación y compromiso, la dotación actual de fiscales de la URAC está cumpliendo con su cometido. Entendemos que los recursos del Ministerio Público son limitados y las demandas de la comunidad son muchas en materia de persecución penal. Cómo fortalecemos la investigación de delitos complejos es un tema de permanente evaluación por parte de la Fiscalía Regional, esfuerzo al que debe sumarse también la Policía de Investigaciones para ir especializando equipos de trabajo permanente y sumar más profesionales expertos en contabilidad gubernamental y análisis financiero. En esta región, por ejemplo, aún no contamos con una BRIDEF (o Brigada de Delitos Funcionarios), que ya opera hace un tiempo en la Región Metropolitana.

"A pesar de su denominación, la URAC no sólo se ocupa de denuncias vinculadas con delitos de corrupción pública"

Claudio Rebeco

Fiscal jefe URAC

"La URAC lleva adelante algunas investigaciones puntuales por fraude electoral iniciadas en denuncia del Servel, las que pueden configurar casos de corrupción en el ámbito político"

Claudio Rebeco, Fiscal jefe URAC

"Otro caso complejo es, por cierto, el que se vincula al déficit presupuestario de la Municipalidad de Viña del Mar, y que por tratarse de una investigación en curso no es posible proporcionar más detalles"

Claudio Rebeco, Fiscal jefe URAC