EFE
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Gobierno de Nicolás Maduro a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en Venezuela, en un informe que se publicó tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michelle Bachelet.
El informe, que Bachelet presentará hoy ante el Consejo de DD.HH. reunido en Ginebra, advierte que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los 4 millones de personas.
El documento denuncia que, sobre todo desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
Entrevistas en 8 países
El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.
También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante las detenciones y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.
En tal sentido alude a los grupos armados civiles progubernamentales, los llamados "colectivos", y documenta al menos 66 muertes en las protestas de enero a mayo de 2019, de las que al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.
Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.
A principios de esta semana, Bachelet pidió una investigación "independiente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al Presidente Maduro.
El informe indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va del año, 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Gobierno rechaza "distorsionada visión"
El Gobierno de Maduro presentó 70 observaciones y rechazó el informe de Bachelet, pues "presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela". Para dicha administración, la "distorsionada visión" del documento se debe a las "debilidades" en la metodología, ya que el 82% de las entrevistas se hicieron a personas situadas fuera del territorio de Venezuela", algo "injustificable" considerando que la oficina de Bachelet "ha visitado dos veces el país" en 2019.
