Alexis Paredes R.

En el Tribunal de Garantía de Valparaíso tendrá lugar este jueves la inédita formalización por el delito de fraude al Fisco, en calidad de reiterado, en contra de un integrante del Consejo Regional (Core).

En el denominado "caso viáticos", el consejero por San Antonio Mauricio Araneda (UDI) deberá comparecer en calidad de imputado, luego que a fines del año pasado se conocieran una serie de anomalías en el pago de reembolsos y cometidos a miembros del Core con recursos fiscales del Gobierno Regional.

Sin embargo, la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) del Ministerio Público confirmó que se han solicitado nuevas diligencias en torno al caso, tras conocerse el Informe Final 78/2019 por parte de la Contraloría Regional, en el que se da cuenta de una serie de anomalías que atentarían en contra del principio de probidad administrativa y que podrían ser hechos constitutivos de delito.

La indagatoria se realiza en la más estricta reserva y tanto el Gore como el Core han debido responder durante las últimas semanas una serie de requerimientos por parte del ente persecutor.

Querella del cde

Si bien el inicio de esta investigación tiene lugar a partir de una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por una serie de situaciones anómalas en las que habría incurrido el consejero Araneda para concretar el "pago improcedente" de viáticos y cometidos entre los años 2017 y 2018, el fiscal jefe de la Urac, Claudio Rebeco, detalló que el informe final de la Contraloría de mayo pasado, sobre una auditoría realizada en el Consejo Regional, "hace referencia a otras situaciones contenidas en el informe sobre otros imputados. Respecto a esas otras situaciones que pudieran tener una eventual relevancia penal están siendo objeto de investigación, pero para la audiencia del próximo jueves tenemos un solo formalizado".

El persecutor enfatizó que por ahora no está prevista la formalización de otros consejeros, sino que "respecto de esas otras situaciones se está investigando y hay otras diligencias que están pendientes". A objeto de no entorpecer la indagatoria el fiscal se excusó de entregar cualquier tipo de detalle al respecto.

En relación a los hechos que podrían ser constitutivos de delito según el informe final que entregó la Contraloría, el fiscal Rebeco reconoce que es un "insumo relevante (el informe), pero hay que contrastarlo con diligencias en terreno, particularmente porque los hechos investigados dicen relación con percepción de algunos viáticos asociados a un domicilio declarado y ese es el punto controvertido que hay que dilucidar a partir de algunas diligencias precisas".

Por tal motivo, el fiscal Rebeco fue cauto al recalcar que "mientras no tengamos el resultado de esas diligencias, no es posible señalar si se van a levantar nuevas imputaciones o no. Lo único que resulta medianamente claro, hasta ahora, de ese informe, de aquellas cuestiones que tienen relevancia penal, es lo del consejero Araneda".

¿salida alternativa?

Consultado por la opción de realizar una eventual salida alternativa o juicio abreviado en la causa contra el core Araneda por fraude al Fisco, el fiscal Rebeco fue categórico: "No hay ninguna opción porque toda salida alternativa respecto de funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones supone autorizaciones previas, tanto de Fiscalía Regional como de la unidad especializada anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Esos trámites suponen una solicitud por parte de la defensa, no puedo anticipar si la defensa va a abrir ese camino, eventualmente querer controvertir los hechos e ir a jucio, pero una suspensión condicional supone una solicitud de la defensa y luego la tramitación con las aprobaciones previas de estas dos instancias".

No obstantes ello, debido a los montos comprometidos en esta causa, sí sería susceptible de una suspensión condicional.

Sobre la calificación penal de fraude al Fisco reiterado, el persecutor detalló que "la reiteración viene dada porque son distintos cometidos funcionarios en los que se obtuvo un viático improcedente, lo cual se conocerá en la audiencia".

Ampliar indagatoria

Debido a las diversas anomalías detectadas por Contraloría en el pago de viáticos y cometidos a miembros del Consejo Regional, auditoría que se realizó a un grupo reducido de consejeros, la primera de ellas en el periodo comprendido entre el año 2017 y primer semestre de 2018, y una segunda revisión tras una denuncia anónima por la participación de nueve cores en un encuentro desarrollado en Iquique entre el 12 y 13 de julio del año pasado, existen comentarios en torno a que el órgano contralor realizaría un nuevo examen contable, ampliando el espectro a todos los cores en ejercicio.

Consultado el fiscal Claudio Rebeco sobre esta posibilidad, puntualizó que cualquier acción por parte de Contraloría sobre "la forma en que se planifican las auditorías es facultad del órgano contralor. Ellos deciden, de acuerdo a cierta planificación y ciertas políticas, qué auditorías realizan y cómo las focalizan, nosotros no podemos intervenir en eso. Lo que la Fiscalía puede hacer es decretar ciertas diligencias investigativas, en la medida que tengan importancia y relevancia en el contexto de una causa penal".

Sobre la opción de aumentar las diligencias a un mayor número de cores por pagos de viáticos y cometidos recibidos durante un determinado periodo de tiempo, Rebeco aclaró que "nosotros no pediríamos eso en tanto no tengamos un indicio de similares conductas de nuestros consejeros que tengan carácter de delito, lo que hasta el momento no manejo".

Residencia habitual

Una de las conclusiones más complejas del informe final de la Contraloría del pasado 19 de mayo tiene relación al punto 7, donde el organismo expone que "no pudo acreditarse indubitadamente que las residencias habituales de don Carlos Briceño Vásquez (ya no ejerce el cargo) y don Percy Marín Vera correspondieran a aquellas informadas al Core (Consejo Regional), lo que les permitió obtener pagos por concepto de gastos, alimentación y alojamiento y por reembolsos de combustible por las sumas de $5.659.254 y $9.591.809, respectivamente". En el ámbito administrativo, la Contraloría advirtió que "atendido que se evidenciaría una eventual transgresión al principio de probidad administrativa, cuestión que debe ser analizada por el Tribunal Electoral Regional (TER)".

A la fecha no se conoce el resultado de la reconsideración (apelación) solicitada ante la Contraloría por la defensa del core Marín, a objeto de agotar la investigación y se contemplen antecedentes que no habrían sido considerados en el informe.

Con ello se busca dejar sin efecto el reparo y clarificar que no existirían "datos falsos ni domicilios inexistentes". El abogado Juan Carlos Manríquez detalló que "incorporé nuevos documentos en la reconsideración y pedí que se tuviera presente al resolver y se valoren. Hay bastante evidencia complementaria que permite concluir que los domicilios existen, fueron usados dentro de la región, daban derecho a viático y sería posible convencerse que todo está ajustado a norma y a las reglas del Core".

"Mientras no tengamos el resultado de esas diligencias, no es posible señalar si se van a levantar nuevas imputaciones o no"

Claudio Rebeco, Fiscal jefe de la Unidad, Regional Anticorrupción