Por 84 votos a favor, dos en contra y 53 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que solicita al Presidente Sebastián Piñera proponer un mecanismo que asegure el justo traspaso de quienes se desempeñan en los sistemas de educación municipal, en cualquiera de sus áreas, a los nuevos servicios locales de educación, garantizando sus condiciones laborales.

Junto con mencionar que existe incertidumbre en los trabajadores de la educación municipal, el documento suscrito por los diputados sugiere algunas medidas para reducir el impacto del traspaso.

Entra otras, la resolución menciona un incentivo al retiro voluntario del personal de los sistemas municipales de educación, así como capacitación laboral para quienes no sean transferidos al nuevo sistema y un subsidio de remuneración que sustente a los funcionarios hasta que cumplan la edad de jubilar.

Equipo Crónica

Con el objetivo de establecer "mínimos comunes" en aquellas materias que quedaron sin resolver en la ley de descentralización que contempla la elección de gobernadores regionales, se realizó la primera sesión constitutiva de la mesa técnica anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, en su Cuenta Pública.

La instancia, que es presidida por el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, considera la participación de 13 miembros designados por las distintas bancadas parlamentarias con representación en el Congreso, entre los que se encuentran el exsubsecretario, Miguel Flores; el excontralor, Ramiro Mendoza; la exsubsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, y el exconsejero regional por Valparaíso, nominado por la DC, Manuel Tobar.

"Esta mesa, con representación plural y transversal, busca establecer mínimos comunes de aquellas materias que en la ley quedaron por resolver", expuso Salaberry al inicio del trabajo con los 13 miembros designados.

Asimismo, expuso que el grupo de trabajo se concentrará en el análisis de cuatro materias: transferencia de competencias, resolución de controversias o contiendas de competencia, acusación constitucional contra gobernadores regionales y la implementación de una unidad de control interno de los gobiernos regionales.

Desde el punto de vista práctico, Salaberry precisó que la instancia se reunirá cada lunes, por un periodo no superior a los 60 días, al término de los cuales presentará sus conclusiones de mejoras a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional.