El Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que busca terminar con los abusos en los contratos de arriendos de vivienda y agilizar los procesos judiciales, así como simplificar los trámites asociados. Así, se busca un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.

"Este proyecto de ley va a hacer justicia en el mercado de arriendos, tanto para los que están arrendando como para los que están entregando en arriendo", dijo el Mandatario en un acto en Conchalí.

Se estima que cada año hay 20.000 juicios entre arrendatarios y arrendadores, que demoran en promedio ocho meses y provocan un desgaste y gastos económicos y tiempo.

El proyecto propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatarios morosos. Además, busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño. "Este proyecto busca terminar con los abusos y agilizar los procesos", añadió el gobernante. El Ejecutivo informó además que en Chile unas 500 mil personas arriendan.

Otro avance es que se fija un plazo de diez días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen.

La iniciativa también busca simplificar los trámites judiciales: permite que se pueda hacer demandas, sin abogado de por medio, si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($400 mil aproximadamente).

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó ayer un balance en materia de migración venezolana a raíz de la crisis que se vive en el país petrolero y sobre todo abordando la realidad que enfrenta el paso fronterizo Chacalluta, donde cientos de ciudadanos del país caribeño esperan poder ingresar a Chile.

En este sentido, el personero de Gobierno precisó que en este proceso se han identificado dos tipos de venezolanos, aquellos que "alcanzaron a entrar por Tumbes antes que Venezuela pusiera la exigencia de visa consular, pero hay otro grupo no menor que son personas que tienen residencia en el Perú, pero que no están satisfechos de seguir viviendo en el Perú y quieren venir a Chile".

Ante ello, Ubilla manifestó que hay que "reflexionar sobre el rol que le corresponde también al Perú (en este tema), porque el Perú le otorgó residencia a través de alguno de sus mecanismos, visas temporales, humanitarias, etc., y hoy parte de esas personas que están ahí quieren seguir emigrando hacia el sur. Entonces, importante clarificar a la ciudadanía de los incentivos que se producen en estos flujos migratorios".

Sobre la situación que se vive en la frontera norte, explicó que "el día 22 de junio, cuando se exige el visado consular, al día siguiente teníamos 536 personas instaladas fuera del complejo de Chacalluta. A la fecha, 20 días después, se han entregado y han ingresado al país 1.657 venezolanos por Chacalluta (con sus visas). De ellos 802, son niños, niñas o adolescentes o mujeres, muchas de ellas embarazadas".

Detalló que de esa cifra, "hay 487 salvoconductos. Qué quiere decir esto, que menores de 10 años que no tenían carnet de identidad y no tenían pasaporte, el Gobierno de Chile los dejó ingresar por razones humanitarias mostrando solamente su partida de nacimientos. Esos son gestos concretos y humanitarios".

Política migratoria

Además de la mesa integrada por Interior, Cancillería y Defensa para coordinar el flujo migratorio, los subsecretarios de las distintas carteras también están trabajando en las bases de lo que será la política migratoria del Gobierno y la cual deberán presentar una vez que se apruebe la ley sobre la materia que está hoy en el Congreso.

"Ya hace tres semanas se constituyó la mesa de trabajo con todos los subsecretarios de todos los ministerios para empezar a elaborar los fundamentos de la política migratoria que el Presidente en algún momento va a dar a conocer públicamente", precisó.

Así explicó que "el proyecto de ley considera una política migratoria, considera por ley que cada Gobierno tiene que tener su propio planteamiento de política migratoria. Lo que hemos hecho a partir de la comisión que yo hacía mención, es adelantar algo que esperamos que sea ley en un tiempo más, espero que sea este año, que es el que el país conozca la posición de un Presidente respecto a cómo visualiza que debiera ser la migración hacia Chile".