Con siete votos a favor y seis abstenciones, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó ayer la idea de legislar del proyecto de ley que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC).

Así, la iniciativa fue respaldada por los parlamentarios de oposición que integran la instancia: Gael Yeomans (Convergencia Social), Maite Orsini (RD), Gabriel Silber (DC), Alejandra Sepúlveda (Regionalista Verde), Karol Cariola (PC), Tucapel Jiménez (PPD) y Gastón Saavedra (PS).

Respecto a las abstenciones, todas fueron de diputados de Chile Vamos: Ramón Barros (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Patricio Melero (UDI), Alejandro Santana (RN), Francisco Eguiguren (RN) y Frank Sauerbaum (RN). Vallejo, la autora del proyecto, calificó este paso como un "hito muy positivo" y comentó que incluso se "emociona". Sin embargo recalcó que "es solo un paso más".

"Celebramos cada paso que hemos dado: ganamos la admisibilidad, la constitución de la coordinadora y el apoyo que ha crecido. Pero evidentemente, sabemos que este camino no termina acá, es solo otra partida para otro proceso que va a ser difícil, y obviamente, llamar a todos a que estén atentos y no nos conformemos con esto porque se viene una larga batalla y dura, probablemente hasta el Tribunal Constitucional, porque la derecha lo va a llevar", dijo la diputada.

Inconstitucional

El proyecto, que fue presentado hace dos años por Vallejo, continuará ahora su debate en particular en la misma instancia, pero desde el Gobierno ya manifestaron su rechazo a que continúe tramitándose. Incluso pese a que la Sala de la Cámara permitió su debate, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, aseguró que es "inconstitucional".

"Yo creo que este proyecto es inadmisible. De hecho, la última vez que se modificó la jornada de trabajo en Chile se hizo con el patrocinio del Ejecutivo. Creo que la mejor demostración es que un proyecto casi idéntico que también reducía la jornada fue presentado hoy día por parlamentarios de Chile Vamos y la mesa y la Sala y el mismo PC lo declararon inadmisible", dijo.

Redacción

El Gobierno planteó que se encuentra estudiando y aún no ha decidido enviar un proyecto sobre el fin del fuero parlamentario, aunque reconoció que parte de la ciudadanía lo ve como "un privilegio".

Tras las reuniones que el Presidente Sebastián Piñera llevó a cabo con los senadores de Chile Vamos -la noche del martes- y con los jefes de bancada del bloque -ayer en la mañana-, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, explicó que, en el marco de las conversaciones que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha sostenido para avanzar en una reforma a las instituciones del Estado, ha surgido como un aporte la eliminación del fuero de los legisladores.

"Creemos, de lo que hemos escuchado, del aporte que hemos recibido, que el fuero es visto por parte de la ciudadanía como un privilegio que no dice finalmente relación con igualdad de condiciones de todos los ciudadanos", expresó Cecilia Pérez.

"Vamos a hacer el ejercicio de dialogar, no solamente de discutir antes de presentar la reforma, viendo efectivamente los pro y los contra, por eso es algo que no está contemplado definitivamente en la reforma (a las instituciones) que vamos a presentar al Congreso", expuso la vocera.

Beneplácito

La idea, en todo caso, agrada a varios legisladores. El senador de Renovación Nacional Andrés Allamand dijo ayer: "El fuero parlamentario hoy día justificarlo es muy difícil. Yo también estoy en la línea de que debería eliminarse (...) Está este sistema tan extraño, en el sentido de que se mantiene una institución muy antigua".

El diputado Ricardo Celis, jefe de la bancada PPD, adelantó que ésta "va a concurrir con agrado" a la derogación del fuero parlamentario si se presenta la idea. "Creemos que todo lo que tenga que ver con garantías excesivas para los parlamentarios, hoy día la ciudadana no las entiende", planteó.

El diputado Hugo Gutiérrez aseguró, en tanto, que es un beneficio que se ha otorgado a los parlamentarios "de manera indebida". El legislador comunista fue más allá y dijo que también debería eliminarse el fuero que tienen los ex Presidentes de la República. "Recordamos varios casos en que no se les puede perseguir (penalmente) porque tienen este fuero", argumentó.

El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo -a "título personal"- que el Presidente Sebastián Piñera no está ejerciendo un deber que tiene si no indica qué jueces están incumpliendo sus funciones.

El magistrado respondió, en Radio Duna, las críticas del Mandatario al Poder Judicial. "Yo creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que fallan en forma equivocada, que desprotegen a las víctimas. Esos jueces no pueden seguir así", dijo Piñera a Radio Pudahuel el martes.

El vocero de la Suprema sentenció que los dichos del gobernante son "una afirmación muy gruesa, muy fuerte (...) Cuando él dice 'algunos jueces', significa que él tiene más o menos identificados a quienes no cumplen. Y él tiene facultades constitucionales para requerir que la Corte Suprema declare el mal comportamiento de los jueces que no cumplen con sus deberes".

"Entonces hay un deber de la autoridad superior del Estado que no se está ejerciendo, para que en definitiva saquemos de la cadena que él mencionó a quienes no están cumpliendo sus funciones", dijo Cisternas, quien planteó que no se sabe a cuál cometido y obligación se refiere Piñera.

El director de la Junaeb, Jaime Tohá, abordó el informe de la Contraloría que reveló multas millonarias a empresas infractoras que proveen al programa de alimentos y que no han sido cobradas. El informe sostiene que la Junaeb no ha cobrado más de 14 mil millones de pesos entre 2012 y 2018.

Tohá explicó que ello se debe a "sistemas burocráticos complejos en el pasado", que hacían prácticamente imposible hacer los cobros. Dijo que se han comprometido a subsanar, este año, "el stock de 60 mil multas que hay acumuladas" a la fecha.

La Contraloría también objetó que la Junaeb falla en la mantención de la cadena de frío y el almacenamiento de los alimentos, y presenta riesgos de contaminación, productos ajenos al programa de alimentación y falta de separación de materias primas y productos del prestador.