Una compleja situación al interior de la Seremi de Gobierno de Valparaíso reveló la Contraloría Regional en su informe final N° 166/2019 de fines de junio, en el que concluyó que entre enero y octubre del año pasado se pagaron más de $38 millones a personas a honorarios que no pudieron acreditar los trabajos por los cuales fueron contratados.

Durante la investigación, el organismo analizó 21 acuerdos de este tipo por $86 millones que fueron suscritos en ese periodo, de modo que el monto cuestionado supera el 44% de dicha partida. En efecto, y al tratarse de un informe final en el que la seremi ya tuvo la posibilidad de responder a las primeras observaciones, la Contraloría determinó formular un reparo por el total indicado.

En el detalle, el informe establece que en todos los contratos se omitió "especificar de manera clara y precisa las obligaciones que debían cumplir los aludidos prestadores". "Se constató que los acuerdos de voluntades no indican en qué consisten los apoyos operativos, dónde debían realizarse las actividades en terreno, las organizaciones sociales que tenían que evaluar, las actividades a las que debían efectuar seguimientos, los fondos a los que se debían efectuar controles, la metodología a emplear, entre otros aspectos", explicó la Contraloría.

Sin embargo, el mayor inconveniente estuvo a la hora de revisar los trabajos que desempeñaron las 21 personas contratadas bajo esa modalidad, quedando en evidencia que trece de ellas no pudieron justificar las labores prestadas en 2018.

Sin acreditación

Las razones principales que tuvo el ente fiscalizador para cuestionar los trabajos fueron que no se encontraron respaldos de ningún tipo que acreditaran las tareas contratadas, en algunos casos sólo se pudo comprobar el cumplimiento de una parte de ellas y en otros derechamente no se puso a disposición los informes que debían entregarse.

Cabe consignar que entre los trabajos contratados estaba proponer metodologías de evaluación de proyectos con financiamiento público, apoyar operativamente las actividades en terreno de la seremi, diseñar e implementar procedimientos administrativos y, en algunos casos, apoyar la División de Organizaciones Sociales de las gobernaciones de Quillota, Petorca y San Felipe.

Tras ser requeridos por el organismo durante la indagatoria, la seremi -liderada por Leslie Briones- argumentó que todas las personas cuestionadas correspondían a "exprestadores a honorarios", por lo que al revisar sus computadores "no se encontró información de los servicios contratados".

Además de los contratos a honorarios, la Contraloría también cuestionó la duplicidad de funciones que realizaba el encargado de Administración y Finanzas -incluso calculando sus propias horas extraordinarias-, bienes sin uso que no han sido dados de baja, trabajadores con más de doce horas diarias y el caso de un funcionario que presentó informes "similares" a los exhibidos en la Municipalidad de Zapallar, donde también desempeñaba labores.

Aclarar situación

Si bien el polémico informe es de carácter final, tras ser consultada por este Diario, la seremi Briones aseguró que cuentan con un plazo de 60 días -desde que recibieron el documento- para revertir las indicaciones. "En estos momentos el equipo jurídico del Ministerio Secretaría General de Gobierno está abocado a levantar todas las observaciones en el más breve plazo. Una vez que termine el proceso podremos dar cuenta de ello, ya que lo que hoy repara el informe perfectamente el día de mañana puede estar corregido, que es lo que nosotros creemos", sostuvo la vocera regional, sin entrar en el detalle del mismo.

En esa línea, Briones consignó que las contrataciones cuestionadas ocurrieron "en el gobierno anterior", sin perjuicio de que "esperamos recabar toda la información que permita respaldar que efectivamente prestaron servicios", puesto que "dichas prestaciones fueron certificadas y efectuadas por quienes me antecedieron en el cargo".

De no ser así, agregó la seremi, "seremos los primeros en exigir que se lleven adelante los juicios de cuentas correspondientes y se establezcan todas y cada una de las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales a las haya lugar".

Críticas de diputado

Otra polémica que se originó con el informe ocurrió a partir de lo señalado por el diputado Andrés Celis (RN) -del mismo partido de Briones-, quien calificó como "preocupantes" las conclusiones de la Contraloría, y que si efectivamente se comprueban "la seremi de Gobierno debiese dar un paso al costado".

Al respecto, la aludida prefirió no entrar en discusión y aseguró que el parlamentario "puede tener la tranquilidad que nuestro Gobierno ha actuado siempre conforme a la ley y que de acreditarse irregularidades de la gestión anterior, actuaremos conforme a derecho", recordando que cuando recién asumió "regularicé las situaciones de muchas contrataciones a honorarios, dando por terminados varios contratos cuya pertinencia me pareció al menos cuestionable".