El abogado Remberto Valdés, que representa a más de 800 personas que resultaron intoxicadas por los episodios de contaminación ocurridos en agosto y septiembre del año pasado en Quintero y Puchuncaví, presentó ante la Fiscalía del Biobío una solicitud para que la entidad solicite la formalización de siete ejecutivos de la Refinería Aconcagua S.A. de Enap, entre los que se encuentra el gerente general de la estatal en Concón, Edmundo Piraíno.

Según el jurista querellante, en la carpeta investigativa del Ministerio Público, que está a cargo de la fiscal Marcela Cartagena, hay antecedentes claros -como correos electrónicos y la contratación de un reductor de gases venenosos- que dan cuenta del actuar doloso y omisión de los funcionarios en el transporte del crudo iraní que habría provocado la intoxicación en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví.

"Nosotros estamos imputando a personas individuales una responsabilidad penal (...). Tenemos la convicción de que estas personas son culpables de los delitos que hemos denunciados y queremos que ellos respondan de los hechos a sabiendas. Hay correos electrónicos y documentos que acreditan que conocían la alta toxicidad y el peligro que podía producirse", dijo Valdés.

Desde Enap aclararon que "respaldamos completamente y mantenemos plena confianza en la correcta actuación de nuestros trabajadores. Estos procesos son de largo aliento, continuaremos planteando nuestra posición y argumentos por la vía institucional y esperamos confiados el resultado final".

La Fiscalía del Biobío aclaró que la investigación está en pleno desarrollo.

"Tenemos la convicción de que estas personas son culpables de los delitos que hemos denunciados y queremos que ellos respondan"

Remberto Valdés, Abogado querellante