La semana pasada aprobamos el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, creando un nuevo mecanismo de financiamiento para mantener las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos que incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.
En los pasillos del Congreso se veían caras sonrientes, pues el apoyo a la iniciativa fue transversal. Y es que es sabido que la antigua legislación, que data del año 1958, tenía grandes falencias. Primero, dejaba al Congreso Nacional completamente excluido de la discusión, por lo que no existía el necesario control civil y democrático. Además, nuestra Defensa quedaba sujeta a la volatilidad del precio del cobre para su financiamiento y, por último, había poca transparencia en la asignación de los recursos, tema especialmente sensible en los actuales tiempos de desconfianza.
Con el proyecto ya aprobado, esas debilidades quedan subsanadas, por lo que en la votación no se vieron colores políticos, entendiendo la Defensa como una política de Estado y al servicio de todos los chilenos. Sin embargo, hay un punto que generó posiciones encontradas: la existencia de aportes basales asegurados para la Defensa de al menos 500 millones de dólares anuales destinados al mantenimiento del potencial bélico.
El diputado Jorge Brito (FA) señaló que este aporte no sería necesario, pues ya hay un financiamiento plurianual, y que la existencia de este fondo basal se fundamenta en la desconfianza. Y es así, tiene razón, se basa en la desconfianza, pero hacia la misma clase política. En definitiva, somos los políticos quienes nos protegemos de nosotros mismos para resguardar a todos los chilenos de la demagogia y de las graves consecuencias de una subinversión en Defensa.
Después de todo, es muy tentador destinar el presupuesto de las Fuerzas Armadas a otras políticas sociales. Los beneficios son inmediatos y la ciudadanía lo agradece, pero también es importante no olvidar que la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial es una obligación fundamental del Estado para mantener su independencia; y cuando esta se vea amenazada, hay que estar siempre preparados. Improvisar siempre resulta más caro y por eso es que Presidentes de la República como Alessandri Palma, J. Antonio Ríos, Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet, entre otros, lo entendieron así.
En definitiva, con este aporte basal nuestras FF.AA tienen la certeza de contar con un mínimo para solventar nuestras capacidades estratégicas y mantener nuestras fortalezas disuasivas, planificando con anticipación para hacer las inversiones adecuadas en los tiempos necesarios.