La democracia de unos pocos
En los últimos 30 años es difícil recordar algún período acádemico sin movilizaciones y universidades en situación de toma. Si bien uno puede compartir que muchas de las reivindicaciones y avances en políticas públicas han sido resultado de estos procesos, vale la pena esbozar algunas reflexiones sobre los costos que lleva consigo la instalación año tras año de un calendario de movilizaciones.
Primero es ver cómo nos situamos en un escenario donde nuestros egresados compiten globalmente, en virtud de lo cual el avance sostenido en educación y competitividad en el mundo desarrollado sigue su curso sin dar tregua. Esta imagen es brutal porque esa competitividad se ve afectada, dado que el tiempo de paralización altera el proyecto formativo de nuestros alumnos.
Lo segundo es que un grupo importante de universidades -en su mayoría privadas- nos hacemos cargo de formar a jóvenes provenientes de los quintiles más vulnerables, lo cual conlleva una necesaria nivelación porque su formación secundaria posee enormes carencias. Por lo tanto, el tiempo es un elemento fundamental en el proceso formativo de estos futuros profesionales y como institución no podemos estar ajenos a esta realidad. Esta programación anual se ve obviamente mermada con movilizaciones y espacios tomados, los que perjudican a quienes más oportunidades necesitan, coartando así el legítimo derecho de esa gran mayoría de estudiantes que sólo quieren continuar con las clases.
Pero también está esa mayoría silenciosa que sufre los costos de toda movilización: me refiero a los padres y madres de nuestros estudiantes que hacen enormes esfuerzos para sacar adelante a sus familias, buscando ese tan anhelado título, siendo muchos de ellos incluso el primer profesional en varias generaciones. Pero si de afectados hablamos, no podemos dejar de mencionar a los trabajadores, quienes no pueden ingresar a sus puestos laborales debiendo cumplir sus funciones en espacios reducidos para sacar adelante el proyecto educativo. A ellos se suman los proveedores que injustamente sufren los costos en sus operaciones y emprendimientos.
Estamos de acuerdo que en un país democrático como el nuestro todos tienen el derecho a manifestarse, pero debemos cuidar la forma y el fondo. Sin embargo, las tomas no buscan un espacio para el diálogo sino que radicalizan el movimiento. En este sentido, si entendemos la democracia como el lugar donde no se imponen posturas, la toma, en sí, sería un acto antidemocrático.