Francisco Meneses V.
La noticia de que la Corte de Apelaciones acogió el reclamo de ilegalidad presentado por la Inmobiliaria Ibsen en contra del alcalde porteño, Jorge Sharp, provocó diversas reacciones. Uno de los primeros que se pronunció fue Gian Piero Chiappini, presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien entrgó una mirada más amplia de lo que sucede actualmente en la ciudad, afectada por los altos índices de cesantía.
"Por la situación que vive hoy Valparaíso no podemos estar contentos con la judicialización de los proyectos e inversiones, porque esto está afectando la actividad y el empleo en la comuna y dificultando la construcción de las viviendas que las personas necesitan", comentó.
Asimismo estimó que este tipo de conflictos vuelve a poner en evidencia "los efectos perversos de no contar con un adecuado ordenamiento territorial y mayor precisión en los instrumentos de planificación, lo que aportaría la certeza jurídica que es central para el desarrollo de una ciudad".
Irán a la suprema
El caso que revisó el Tribunal de Alzada porteño corresponde a un decreto alcaldicio dictado por Sharp en mayo de 2018, en el que ordenaba a la Dirección de Obras Municipales (DOM) iniciar el proceso de caducidad del permiso de obras otorgado en 2013 de dos edificios de 21 pisos en la calle Ibsen del cerro Las Delicias.
De esta forma, además, se acogió el reclamo de ilegalidad administrativa presentado en su momento por dos dirigentes vecinales, amparados también por un dictamen de la Contraloría Regional de 2017, en el que se pidió a la DOM revisar la vigencia de los permisos de obras.
La decisión de la Corte estableció que Sharp habría caído en una "ilegalidad franca", puesto que el jefe comunal se inmiscuyó en materias que no están dentro de sus competencias, sin perjuicio de ser el superior directo del DOM.
Desde la Municipalidad de Valparaíso indicaron que "la sentencia no se encuentra firme. Está corriendo el plazo para impugnarla ante la Corte Suprema". En tanto desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo, su Unidad Jurídica, se limitó a decir que "que respetan los fallos que dictan los Tribunales de Justicia".
Chiappini, por su parte, sabe que el proceso llegará hasta la Suprema, pero "más allá de ello valoramos los criterios expresados por la Corte de Apelaciones en cuanto al respeto por la institucionalidad vigente, en atención a que los alcaldes no pueden actuar más allá de sus competencias. Y además el fallo reconoce un aspecto técnico clave de la actividad de la construcción, como es lo que debe entenderse por un 'inicio de obras'".
Claridad en el fallo
Un aspecto en el que concuerda el diputado Andrés Celis (RN), quien valoró la sentencia "porque en una redacción impecable soluciona una serie de problemas de interpretación existentes en materia de urbanismo y construcción, que podrían llevar al absurdo de entender que a través de reclamos de ilegalidad los alcaldes podían llegar al extremo de dar permisos de construcción".
Indicó que el fallo refuerza la figura y atribuciones de los Directores de Obras, en el sentido que "son entidades técnicas que se mantienen en el tiempo sin importar el alcalde de turno, y es trascendental que en la aplicación de la normativa se mantenga una visión técnica".
La abogada, docente del Diplomado en Derecho Urbanístico y de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y exdirectora jurídica de la Municipalidad porteña, Jeanette Bruna, está de acuerdo con lo dicho por Celis, en especial que el fallo no deja lugar a dudas sobre las atribuciones de los alcaldes respecto de los aspectos técnicos que les competen a las DOM.
"Hay algunos alcaldes en el país que han estimado que, a través de reclamos de ilegalidad de vecinos, pueden dejar sin efecto permisos de construcción a empresas y así ha pasado en Valparaíso", destacó la también asesora de la Asociación de Directores de Obras Municipales (ADOM).
Según planteó, el jefe comunal se puede pronunciar respecto de fallas en los aspectos formales de procedimientos realizados, pero "no puede pronunciarse en términos de analizar los aspectos constructivos de un permiso, puesto que no tiene las herramientas, los conocimientos ni las facultades legales".
La abogada destacó que el fallo también estableció que la Contraloría no puede dar órdenes a la DOM sobre materias de facultad exclusiva de ellos y la Seremi de Vivienda, como son los reclamos técnicos.
Normas y participación
Consultado respecto al caso, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) fue enfático en señalar que los fallos del Poder Judicial en general "no se comentan, se acatan". Aun así, el parlamentario estimó que el municipio tiene todo el derecho de apelar ante la instancia judicial superior, "donde ya hay antecedentes previos y la Corte Suprema ha fallado de manera distinta a la Corte de Apelaciones. Por ejemplo en el caso de Barón y del Parque Pümpin".
Latorre aseguró que la gestión liderada por Jorge Sharp no está en contra del desarrollo inmobiliario en Valparaíso, pero pidió que se haga en armonía con el derecho que tienen los vecinos de participar en las decisiones urbanísticas.
"Creo que hay una caricatura, en términos de mostrar a la Alcaldía Ciudadana en contra del desarrollo inmobiliario. Eso no es así, hay muchos permisos de construcción. El punto es que se respete el derecho a la ciudad y la participación de las comunidades en el desarrollo de la ciudad, y de los proyectos inmobiliarios", apuntó.
Desde el Concejo Municipal porteño, el edil Daniel Morales (MVC) consideró que la resolución apeló más a la forma en que se solicitó caducar los permisos que en el fondo. "Si el alcalde está impedido, será la Seremi quien deba invalidar ese permiso, puesto que además del impacto negativo que todos hemos comprobado que generan ese tipo de edificios de altura en el anfiteatro de la ciudad, esta zona -que fue en su momento un polo de desarrollo habitacional importante y positivo- hoy está más que saturada", explicó el arquitecto.
El concejal Marcelo Barraza (DC) sostuvo que el reclamo de ilegalidad acogido tenía como trasfondo un tema "predecible, pero no por ello menos importante, por cuanto en la ciudad se venían incoando en materias de construcción severos problemas, debido a contiendas de competencias y materias antiguas en el plan regulador".
Consultado sobre los efectos que tendría en la ciudad, Barraza estimó necesario seguir avanzando en los espacios donde ya se está edificando, "para que así generemos condiciones que permitan a nuestros jóvenes quedarse a vivir en Valparaíso. Lo expuesto requiere además la existencia de puestos de trabajo para ellos".
Morales, teniendo en cuenta que el actual plan regulador de Valparaíso no permite la construcción de edificios de más de 6 pisos en el cerro Las Delicias, expresó que "existe un gran número de ejemplos habitacionales de densificación horizontal, es decir, construcciones que varían entre los 4 y 6 pisos o que crecen hacia abajo aprovechando las pendientes de las quebradas que activan la economía, dan empleo, ocupan sitios eriazos y que al ser de mediana envergadura no generan un impacto negativo en la trama urbana".
El core Manuel Murillo (PPD) si bien es partidario del congelamiento de permisos de edificación, consideró que le faltó al municipio "construir en conjunto una propuesta para el desarrollo habitacional en Valparaíso", fomentando el desarrollo de viviendas sociales en la comuna.
"Judicialización (...) está afectando la actividad y el empleo en la comuna"
Gian Piero Chiappini, Presidente CChC Regional
"Si el alcalde está impedido, será la Seremi quien deba invalidar ese permiso"
Daniel Morales, Concejal de Valparaíso
