Cristián Rojas M.

Un aumento en los beneficios de gratuidad para estudiantes de la educación superior reportó el Ministerio de Educación, lo que trajo aparejada la reducción de becas y créditos, por el hecho que hoy son menos los alumnos que los necesitan debido, precisamente, a que están en gratuidad.

Así lo informó la seremi de Educación, Patricia Colarte, quien destacó que "en el caso de la Región de Valparaíso se aprecia un aumento sostenido en la asignación de gratuidad que va de la mano con lo que pasa a nivel nacional".

Si a los 48 mil estudiantes de la región que están en gratuidad se le suman los 21 mil que estudian con becas y los 4 mil que lo hacen con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, "son más de 73 mil los estudiantes que obtuvieron los beneficios estudiantiles en la Región de Valparaíso, lo que les permitirá obtener sus títulos en una institución de educación superior. Entendemos la importancia de la educación superior como una herramienta clave de movilidad social, y con estos resultados podemos comprobar cómo la política pública de beneficios estudiantiles se ha consolidado, por lo que ninguna persona que cuente con los talentos y las capacidades para acceder a la educación superior se quedará fuera del sistema por no contar con recursos económicos" destacó Colarte.

Sin embargo, a nivel nacional este año más de 23 mil estudiantes que se atrasaron un año en sus carreras perdieron el beneficio de la gratuidad, y al respecto, el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, recordó que "un problema que nos preocupa a todas las universidades que tenemos gratuidad es que la ley de educación superior estableció que la gratuidad acompañaba al alumno sólo durante el tiempo nominal de la carrera, y que luego se cobraba el 50% del arancel".

Buscan ley corta

En ese contexto, hizo hincapié en que "un alto porcentaje tarda, al menos, un año más de lo programado en los planes de estudio, y eso hoy día no tiene una cobertura en gratuidad, la pierden y las universidades están haciendo lo posible porque se mande un proyecto de ley corta al Congreso Nacional que nos permita resolver esta situación que se va a seguir repitiendo. Esto se ha hablado a nivel de CRUCh, hay apoyo de algunos parlamentarios y es tema conocido por el propio Ministerio de Educación".

En esa línea, agregó que "la tendencia es que una parte muy importante de los estudiantes exceden el tiempo de duración de los estudios, y eso se debe a distintos factores, pero particularmente a las brechas que estos alumnos traen desde la enseñanza media, las que necesariamente tienen que ser acompañadas y cubiertas por las universidades, lo que implica, por supuesto, un compromiso social con ellos, pero también un costo adicional a lo que ya existe".

Sanhueza hizo notar que hacerse cargo del 50% del arancel de los alumnos rezagados implica una merma en las arcas de los planteles, por lo que "la Contraloría General de la República, a través de un dictamen que emitió hace unas tres semanas atrás, establece que las universidades pueden cobrar el 100% del arancel para los alumnos que se matricularon antes de la dictación de la ley, que es en junio de 2018".

Tc por sobre congreso

Asimismo, recordó que "al momento de aprobarse el presupuesto nacional del año 2019 se introdujo una disposición en la Ley de Presupuesto, que permitía que las universidades ocuparan el 30% de los recursos que ingresan por el Fondo Solidario, para resolver esta situación. Eso, que fue aprobado por el Congreso el año pasado, fue dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional, que señaló que una propuesta de este tipo tenía que venir desde el Ejecutivo, porque implicaba recursos económicos".

Sin embargo, aclaró, "esto es relativo, porque los recursos económicos en realidad ya habían entrado al patrimonio de las universidades, y esa es la discusión nuestra, ya que no implicaba nuevos costos para el Estado".

En esa línea, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, precisó que "en la Ley de Presupuesto 2019 se aprobó un mecanismo que permitía que las universidades sacaran el 50% que no están recibiendo desde los fondos de crédito acumulado, pero el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional y el TC lo objetó, por lo tanto, no se pudo aplicar. Sin embargo, yo pienso que la idea de recurrir a los fondos de crédito es una buena fórmula".

Su opinión la fundamentó explicando que dicha fórmula "permite que esto no signifique un gasto para el Estado, porque finalmente la resistencia del Gobierno es para no seguir aumentando el gasto público en educación superior porque hoy día las prioridades en educación del Gobierno van más por la educación escolar y la preescolar. Pero esta fórmula que se plantea no significa más gasto público, pues estos son fondos que las universidades tienen para asignarlos a financiar créditos para los estudiantes, y como hoy día gran parte de ellos están recibiendo gratuidad, se han empezado a acumular ciertos recursos que están ahí, y que las universidades no los pueden gastar en otra cosa, de modo que se requiere un proyecto de ley o ley corta que les permita a las universidades usar estos recursos para este fin".

El rector Elórtegui resaltó que "esto permitiría cumplir la ley del 50% y, por otra parte, evitar el perjuicio que están teniendo las universidades a causa de estos menores ingresos. Este año en nuestra universidad son en torno a 1.300 millones de pesos de menores ingresos por la aplicación de la ley, que en el año 2018 todavía no se aplicaba".

Elórtegui, remarcó que "en Chile, y en casi todos los países, un altísmo porcentaje de estudiantes no se titula dentro del periodo nominal de la carrera. Si un estudiante tiene gratuidad es porque no tiene ingresos, por lo tanto, no va a tener ingresos para pagar un sexto o séptimo año".

La fórmula para hacer frente a esta situación, explicó, "hasta ahora ha funcionado en base a una modalidad de crédito, por lo menos nosotros en la PUCV, los estudiantes que han estado perdiendo la gratuidad en los años anteriores se les otorgaba crédito solidario, de tal forma que ellos durante su periodo de estudio seguían sin pagar, y después asumían el crédito solidario".

Extenderla un año más

Pero Elórtegui y su pares del CRUCh son conscientes de que dicha fórmula no es la ideal, pues los alumnos se endeudan y las universidades costean la mitad del arancel, por lo que "como política más definitiva, el Consejo de Rectores ha sostenido, y yo lo comparto plenamente, que se debe tender a lo que se llama N+1, donde N es el número de años de la carrera, y luego que el estudiante tenga la posibilidad de financiar un año más con gratuidad", enfatizó.

En la búsqueda de un proyecto de ley corta que resuelva este problema, los rectores ya cuentan con el apoyo de parlamentarios de oposición, y una de ellos es la senadora Yasna Provoste (DC), quien fundamentó su respaldo en que "cada vez son más los jóvenes que provienen de familias cuya realidad social, económica, es más compleja, y que hoy día han visto eliminada la barrera de acceso, a través de la gratuidad. Estos jóvenes, cuando llegan a la educación superior, vienen con un menor capital cultural y social, y por lo tanto, requieren de más apoyo para cursar exitosamente sus estudios".

Para la legisladora, el hecho que la gratuidad cubra sólo la duración nominal de las carreras "es un error de la ley, y ha significado que en el año 2019 más de 23 mil jóvenes perdieran el beneficio. Esto es una mala noticia para el estudiante y también mala noticia para la institución".

En la línea de lo señalado por los rectores, Provoste recordó que "en la tramitación del presupuesto 2019 planteamos una alternativa al Gobierno que no significaba ningún recurso adicional, para poder entregar tranquilidad a estos más de 23 mil jóvenes que iban a perder la gratuidad, y era permitir a las universidades que pudiesen utilizar un porcentaje del remanente del Fondo Solidario. Ganamos esta iniciativa en el debate democrático, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, sin embargo, los parlamentarios de Gobierno y el propio Gobierno, concurrieron al Tribunal Constitucional para echar abajo esta medida y dejar en el más completo desamparo a los 23 mil estudiantes que durante este año perderían la gratuidad".

"Un alto porcentaje de estudiantes tarda, al menos, un año más de lo programado en los planes de estudio, y eso hoy día no tiene una cobertura en gratuidad"

Patricio Sanhueza, Rector de la U. de Playa Ancha

La senadora Yasna Provoste recordó que "la invitación que hicimos durantel el año 2018 al Gobierno fue a mirar esta iniciativa, a dialogar con los rectores para introducir modificaciones que realmente apuntaran a colocar a los jóvenes de las familias de menores ingresos en el centro de su preocupación. La discusión del presupuesto para el año 2020 será, en nuestra opinión, el momento oportuno para plantear nuevas propuestas".

Respecto de esto último Provoste destacó que "vemos con mucha atención lo que están haciendo los rectores, pero creemos que se deben plantear fórmulas, que consideramos que deben tener tres pilares fundamentales: un claro rol del Estado en cuanto al financiamiento; en segundo lugar un pilar muy fuerte del rol de las propias instituciones, de realizar un acompañamiento a sus estudiantes que enfrentan mayores dificultades; y un tercer pilar que es de los propios estudiantes en su compromiso con sus estudios".

Teniendo en consideración aquello, "hemos estado desarrollando con centros de pensamiento, con académicos y también con el mundo de las universidades y de los estudiantes, una propuesta que tiene que ver con cómo avanzamos definitivamente en un sistema de protección en materia de educación superior que establezca condiciones claras de acceso, de permanencia y de egreso exitoso para todos los estudiantes de nuestro país", finalizó la parlamentaria.