Cristián Rodríguez F.

Gran molestia provocó entre algunos integrantes de la Comisión de Constitución del Senado la decisión de la Fiscalía -ratificada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago- de otorgar una suspensión condicional del procedimiento a las dos personas que fueron acusadas de haber agredido al entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, en diciembre del año pasado.

En paralelo a la polémica decisión, el diputado por el Distrito 6, Luis Pardo (RN) -junto a otros tres parlamentarios del partido-, presentaron una querella en el mismo tribunal por las agresiones que sufrieron algunos integrantes de la comisión de Educación cuando el mes pasado realizaron una visita inspectiva al Instituto Nacional.

Ambas acciones fueron interpuestas por el delito de atentado contra la autoridad, de modo que por la similitud de los casos, el diputado llamó a que no se adopte la misma decisión como una manera de fijar un precedente en el país.

"Esperamos que no termine así. Acá hay un valor más allá del estrictamente penal, que es dar una señal social para que estos actos de violencia nunca más terminen en nada", comentó el diputado.

Grupo de apoderados

En concreto, la querella interpuesta por los parlamentarios de RN fue individualizada contra cuatro personas, de las cuales tres son apoderados del Instituto Nacional y una del Liceo Javiera Carrera, según explicó el diputado.

De hecho, el legislador aseguró que existen "grupos concertados" que se dedican a "promover los actos de violencia", que es justamente uno de los aspectos a los que buscan llegar con la querella.

"Empezamos a analizar más lo que es la dinámica que se produce al interior del instituto y cómo operan estos grupos, tanto de encapuchados como de adultos que les prestan soporte. Y por eso decidimos querellarnos, con el objetivo también de tratar de llegar a esos apoderados que están detrás de la violencia", indicó el parlamentario.

Pardo también agregó que, además de las fotografías como medios de prueba, tienen otros antecedentes que irán presentando a medida que se avance en la investigación.

"Generalmente, estos casos quedan en nada, además porque las penas son bajas. Pero es importante dar una señal de que, aunque la penalidad sea mínima, vamos a perseguir el delito. Y como segundo propósito, dejar en evidencia que aquí no es una cuestión espontánea de los encapuchados, sino que detrás de ello hay organizaciones de adultos que son los que incitan y, muchas veces, planifican incluso los actos de violencia en los establecimientos", indicó Pardo.

Por su parte, Jaime Jarana, el abogado que patrocina la querella y además director del Centro de Ex Alumnos del Instituto Nacional, precisó que los diputados "están siendo la voz de los que no tienen voz".

"Ellos están hablando por los que no pueden hablar, y por las decenas y centenas de estudiantes y sus familias que están secuestrados por la violencia. Están siendo la voz de los que no han podido tener amparo frente a la violencia de la que son objeto", indicó.