Cristián Rojas M.

Este lunes el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que entrega atribuciones a los municipios para la labor de retiro de los cables en desuso existentes en las diversas comunas y traspasar dichos costos a las empresas concesionarias y permisionarias de los postes.

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI), autor del proyecto, planteó que "se ha detectado que existen cables de compañías que ni siquiera existen, por lo que los dueños de los postes se hacían los desentendidos en el tema. A partir de esta norma, ya eso no podrá ocurrir y tendrán que responder por los cables instalados en sus postes, porque cada municipio tendrá la potestad de solicitar su retiro con un plazo máximo de cinco meses desde que se les califique como desecho".

El legislador advirtió que "si las empresas no retiraran los cables en el plazo establecido, los municipios podrán hacerlo cobrando los gastos a éstas, arriesgando además una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM, que es algo cercano a los 50 millones de pesos".

Por su parte, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, detalló que en su comuna "en materia de cables aplicamos una ordenanza desde el 2012 en la cual, a partir de ahí, toda construcción que se haga debe ser con cableado subterráneo, ya sea vivienda social o privada. El año 2018 firmamos un convenio con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones para coordinar con las empresas, en una mesa técnica, el soterrado de los cables del centro de la ciudad, y posteriormente ir por distintos sectores. El total del retiro que se hizo el año pasado fueron 25 kilómetros de cables, que pesaron dos toneladas, pero quedan bastantes cables en el sector de Belloto Sur y en Villa Olímpica, por lo que este año hemos continuado en esa mesa técnica".

Sin embargo, advirtió que "en cinco meses no se alcanza a hacer y le quiero decir a los parlamentarios que nosotros en todo el 2018 logramos sacar esa cantidad, pero las ciudades como Valparaíso y Viña tienen muchos más kilómetros de cables, y poder sacar todo es carísimo. El problema es que los municipios no tenemos capacidad para retirar cables, yo no tengo el equipo profesional ni el personal ad hoc para hacer eso, así que deben hacerlo las propias empresas. La solución de fondo es que no se permita ningún cable a la vista en los proyectos de construcción".

Pese a que la ley recién promulgada faculta a los municipios para hacer el retiro luego de los cinco meses de plazo, y después cobrarle a las empresas, Viñambres hizo notar que "para eso el municipio debería contratar personal externo, y para eso hay que tener presupuesto. Y después, para cobrarle a la empresa, tienes que hacerle una demanda, entonces si la ley dispone eso, yo creo que tiene una falla".

Exigirán cumplimiento

En Villa Alemana, el alcalde subrogante, Jorge Jorquera, indicó que "están identificadas las empresas que trabajan con transmisión a través de cables, tenemos los contactos, y en otras oportunidades hemos estado en conversaciones. Hoy lo que vamos a hacer es exigir esta normativa a lo menos en el centro urbano como primera etapa, ya que en esa zona y el pericentro es donde hay mayor densidad de edificios y muchos más servicios que en el resto de la comuna".

En ese contexto, precisó que "los que están hoy como escombro aéreo son muchos cables que están sin servicio, de hecho, cables que están cortados a vista y paciencia de todo el mundo, y no todas las empresas se hacen cargo de aquello. Entonces consideramos que esto es muy relevante y nosotros nos vamos a plegar de inmediato a las facultades que nos dé esta ley".

En Valparaíso, en tanto, el encargado de Operaciones del municipio, Patricio Cáceres, detalló que "existe un catastro realizado desde el 2012, el cual debe ser actualizado con las últimas intervenciones realizadas con el protocolo de trabajo entre la Subtel, el municipio y las empresas de comunicaciones. Ya existe una mesa de trabajo desde comienzo de año que corresponde a la etapa VI, que implica el retiro y ordenamiento de cables, y ahora se trabajará en los nuevos protocolos que se fijarán con la ley".

En Viña del Mar, el director de Operaciones y Servicios de la casa consistorial, Patricio Moya, recordó que "hace muchos años la Municipalidad de Viña del Mar ha estado requiriendo mayores facultades para los municipios a fin de poder intervenir en los cables en desuso. Para abordar la materia, el municipio cuenta con una mesa de trabajo que encabeza la Dirección de Operaciones y Servicios a través del Departamento de Infraestructura de Utilidad Pública. Asimismo, se han enviado más de 50 oficios a la Subtel para notificar a las respectivas empresas para que retiren el material en desuso".

En Concón, la concejala María José Aguirre, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, detalló que "estudiamos la ordenanza sobre tendido de cable que fue aprobada en sesión del Concejo Municipal el 3 de junio de este año, donde se trabajaría con las diferentes compañías para que de forma voluntaria limpiaran la basura aérea de la comuna. Hoy esta ley viene a apoyar la ordenanza, ya que obliga el retiro de cables en desuso con altas multas a quienes no cumplan. Es una medida que ha sido aplaudida por el país, ya que muchas de las compañías jamás se han hecho cargo de su basura".

Tras reunirse con el jefe regional de la PDI en Valparaíso, prefecto inspector Sergio Muñoz, el diputado Víctor Torres denunció "hacinamiento y precarias condiciones en las actuales dependencias", emplazando al Gobierno y al intendente Jorge Martínez a buscar una solución para construir o adquirir un nuevo edificio con el fin de "solucionar definitivamente los problemas que hoy está generando la deficiente infraestructura policial en Valparaíso".

En abril pasado, la Dirección de Presupuestos (Dipres) dejó sin efecto el oficio que autorizaba la compra del edificio de la ex Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) por parte de la PDI, con una inversión cercana a los $11 mil millones. El inmueble albergaría a la dirección regional de la policía civil, distintas brigadas especializadas y el Laboratorio de Criminalística.

El diputado Torres detalló que "hemos visitado las dependencias del Cuartel San Francisco, sector La Matriz, a propósito de las condiciones en que están trabajando, hemos constatado el hacinamiento y los problemas que ello implica. Lo anterior, debido a que existía un proyecto de compra de inmueble que la Dipres habría frenado, por cerca de $ 11 mil millones, que correspondía al edificio de la Grace en Plaza Sotomayor. Ello habría resuelto las pésimas condiciones en que están trabajando los efectivos de la PDI".

El parlamentario añadió que "sabemos que hay inversiones proyectadas en comunas como Algarrobo, Los Andes, Limache, Villa Alemana y Viña del Mar, lo cual nos alegra; pero en Valparaíso, al haberse caído la compra de este edifico, nos estamos quedando sin inversiones. Hacemos un llamado al Gobierno y al intendente regional para que contribuyan a dar solución a esta situación. Sabemos la importante labor que realiza la PDI en todos los ámbitos de su accionar preventivo e investigativo y lo importante que es para las personas contar con una atención oportuna y en lugares dignos, especialmente para las víctimas"

En la línea de buscar soluciones, Torres confirmó que solicitará reunirse con el director general de la institución y explicó que "hay varias posibilidades; entre ellas que la institución retome la compra o buscar alternativa mixtas con posibilidad de acceder a algún terreno a través de Bienes Nacionales o, eventualmente, generar recursos desde el Gobierno Regional (Gore) y la propia institución. Lo importante es hacer fuerza desde la región para que se reconozca la urgente necesidad de modernizar las dependencias de la Policía de Investigaciones".

La postergación en la compra del edificio de la ex CSAV para la PDI también escaló dentro del Consejo Regional y generó la molestia de sus integrantes.

En junio pasado algunos consejeros manifestaron sentirse "engañados". "Nos sentimos engañados, ya que al momento de pedir los $ 7 mil millones para el cuartel de la PDI en Los Andes muchos hicimos el reparo a esa inversión, por cuanto consideramos que debía ser financiada con fondos nacionales; sin embargo, se nos dijo que el Gobierno haría la inversión de la compra del edificio de la ex Grace por $ 11 mil millones y, por tanto, que la región ganaría dos importantes edificios modernos para la PDI. Por eso que causa molestia esta decisión arbitraria y, lo que es peor, no dan explicaciones", dijo Manuel Millones.