"Creo que la acusación constitucional tiene sustento político pero no jurídico"
"No estoy convencido". Esa es la postura del diputado DC, Miguel Ángel Calisto, respecto de la Acusación Constitucional (AC) presentada por el PS con el apoyo de todas las bancadas de oposición en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
La acción, que se presentará en la Sala mañana, requiere 78 votos de los 155 diputados y si bien la oposición cuenta con 80 representantes, lo cierto es que se ha señalado que en la DC podría haber algunas bajas. Calisto sería una de ellas.
-¿Por qué tiene dudas?
-La acusación constitucional es una herramienta que se nos entrega a los parlamentarios que tenemos que usar en forma responsable. No como una herramienta que articule una revancha política. Por eso me preocupa el tono en la que se ha expresado esta acusación. Primero a través de la prensa, porque quienes la impulsaron no socializaron el tema primero con los parlamentarios. Hoy estamos conociendo recién algunos elementos y por lo que he revisado, no estoy convencido de que la AC contenga evidencias para acusar abandono de deberes o que no haya cumplido la ley.
-¿Cuál es su postura concreta?
-Si bien yo estoy todavía evaluando, hasta revisar completamente el documento, si me pregunta en este minuto no estoy convencido y no creo en esa lógica de que tengamos que ordenarnos políticamente por ser de oposición para acusar a un ministro de Estado. La AC es una herramienta seria que hay que usarla con responsabilidad y por eso no se puede relativizar con argumentos políticos sino con argumentos jurídicos de fondo.
-El diputado falangista Mario Venegas fue designado para hacer una evaluación de modo que la bancada decé pudiera decidir si sumarse o no. ¿En que quedó eso?
-Hasta el momento nosotros no hemos hecho un análisis interno como bancada. Me imagino que lo vamos a realizar la próxima semana. Sólo el jueves conocimos el documento por la prensa y evidentemente hay que revisar un poco más este documento. Pero insisto, creo que hay que tener cuidado en relativizar el valor que tiene esta herramienta y no ocuparla para nuestras revanchas políticas sino como una herramienta de fiscalización como mandata la ley.
-El propio jefe de la bancada se sumó y firmó el documento. Deben haber argumentos de mayor peso que la revancha política.
-Es que la DC en esta materia siempre ha tenido una posición bastante respetuosa de la opinión de los parlamentarios y deben considerar las opiniones diversas. Yo respeto a los camaradas que están por apoyar la AC. Ahora, yo no he dicho que la voy a rechazar sino que hoy me parece que no existen los argumentos suficientes. Esto es parte de un debate que hay que dar al interior de la bancada porque nosotros no actuamos como un regimiento. Hacemos un análisis importante del tema, principalmente porque una acusación constitucional trae consigo un daño importante como el que la persona quede inhabilitada por cinco años para ejercer un cargo público. Por eso que es tan importante analizarla bien, ya que va más allá de lo político y también afecta a las personas. Desde mi posición moral de conciencia, soy muy cuidadoso en eso. Puedo tener diferencias políticas, pero en ningún caso atentar contra una persona.
-¿Cómo está el "animus" en la bancada decé? ¿El apoyo es 80 versus 20, o 50 y 50?
-La verdad es que no lo sé. He escuchado a colegas muy convencidos y a otros que han señalado que revisarán el documento para tomar una decisión. Eso me parece que es lo correcto. Esto hay que hacerlo con responsabilidad, ya que no se trata que por ser de oposición vamos a aprobar la AC. Yo me imagino que esto es un proceso de reflexión personal que cada parlamentario de la DC debe realizar. El mismo presidente del partido ha dicho que no se va a entrometer en el tema respetando la opinión de cada uno de los parlamentarios. Y eso es lo que se está haciendo. La DC siempre ha sido respetuosa en estas materias dando, incluso, libertad de acción. Aquí no hay órdenes de partido.
-El martes ingresa la AC a la Sala y se elige una comisión de cinco diputados que debe someterla a un análisis. Después de este estudio, ¿les quedarán más claras las cosas a quienes dudan?
-Absolutamente. Creo que estamos en un proceso de revisión de los argumentos respecto de su viabilidad, o sea si tiene sustento jurídico, y eso lo deberá resolver esa comisión. Como también escuchar a algunas personas expertas, algunos constitucionalistas que puedan orientar la labor del Congreso.
-El diputado socialista Juan Santana, miembro de la comisión de Educación, y el propio Fuad Chahin han señalado que por mucho menos se destituyó a Yasna Provoste como ministra en 2008.
-Es que por eso mismo. Lo que pasó con la hoy senadora Provoste, cuando era ministra de Educación, la inhabilitó durante cinco años para el ejercicio público. Y eso no es sólo un daño profesional o vocacional, sino como persona. Y ése no es un argumento para apoyar una AC contra la ministra Cubillos. O sea "como le tocó a una exministra nuestra ahora le toca a una ministra de derecha". Los argumentos deben ser jurídicos. De lo contrario, con argumentos políticos, no se cumple el objetivo.
-¿La ministra ha cumplido?
-Yo con esto no estoy diciendo que respalde a la Ministra. Yo soy de oposición y no comparto muchas de las acciones que ha hecho desde un punto de vista político. Otra cosa es que haya faltado a la ley.
-Entre los argumentos está el que ella no estaría cumpliendo el llamado "legado de Bachelet" en materia de educación pública. Además se le cuestiona poner por delante su sello político más que aplicar la ley.
-Es que cuando se dice que ha impuesto su sello político, eso no atenta contra la ley. Estamos frente a un gobierno que evidentemente tiene un color político y que ejerce su liderazgo legítimamente. Ahora si no está cumpliendo la normativa vigente como, por ejemplo, que haya colegios que estén seleccionando, ahí no se está cumpliendo la ley y si el Ministerio no aplica la fiscalización o la revisión y avala estos hechos, ahí hay un incumplimiento de la ley. Pero no conozco casos así.
-Se le acusa de gastar recursos en giras promocionales para difundir sus propuestas.
-Insisto, es legítimo que el Gobierno quiera poner su sello. Yo no lo comparto, pero lo respeto. Pero ella está cumpliendo la ley impulsada por la Presidenta Bachelet y votada por el Congreso. Los proyectos del Gobierno no tienen respaldo en el Parlamento y no hemos respaldado sus propuestas porque nos parece que quiere retroceder respecto a la justicia en el acceso a la educación. Pero no he visto hechos concretos que demuestren que no se esté cumpliendo la ley. Yo, hasta ahora, sólo he visto argumentos políticos y esos no son argumentos que puedan sustentar una AC. Si banalizamos este instrumento, vamos a caer en un nivel de polarización de un sector a otro y creo que hay que cuidar mucho la democracia; aunque no sea popular es lo que tenemos que hacer.
-También se ha cuestionado que las direcciones de educación local no se estén implementando.
-Es que la implementación de las leyes tienen sus procesos. Y ahí la comisión tendrá que resolver y el Ministerio también tendrá que presentar sus argumentos.
-O sea, no está convencido.
-De lo que he podido ver sólo hay argumentos políticos y no jurídicos que permitan verificar que hay incumplimiento a la ley y a la Constitución. Hoy no encuentro argumentos.
"Hay que tener cuidado en relativizar el valor que tiene esta herramienta y no ocuparla para nuestras revanchas políticas sino como una herramienta de fiscalización tal como mandata la ley" "Con esto no digo que respalde a la ministra. Yo soy de oposición y no comparto muchas de las acciones que ha hecho desde un punto de vista político. Otra cosa es que haya faltado a la ley"