Paola Passig

Los votos de los federalistas regionalistas, que han manifestado la necesidad de analizar el fondo de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, serán claves para el destino del libelo que se votaría en la Cámara la primera semana de octubre. Se suman a los de los tres o cuatro democratacristianos que también están en estado de reflexión. ¿Lo concreto? La oposición necesita 78 votos y tiene 83, pero varios de ellos no están del todo claros. Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), explica la postura de su tienda.

- ¿Cuál es el estado de los votos de su partido?

- Esteban Velásquez suscribió la acusación; Pedro Velásquez, que es independiente y trabaja con nosotros, la rechaza, pero él rechaza de plano y desde antes de que se anunciara este tipo de instrumento, mientras que René Alinco, que es independiente, Alejandra Sepúlveda y yo, que somos militantes, la vamos a analizar y no hemos tomado una decisión. Vamos a producir un debate entre nosotros y es probable que hagamos una consulta ampliada para ver la opinión de nuestras regiones. Tenemos que estudiar la acusación antes de alinearnos.

- Pero tendrá una imagen o idea de lo que ha sido la gestión de la ministra Cubillos, ¿no?

- Yo, en general, tengo una muy mala imagen del Gobierno completo. No soy parte de este Gobierno y si es por acusar constitucionalmente, lo habría hecho contra el ministro de Defensa, Alberto Espina, a propósito de los espionajes, de las platas malversadas. Esto no se trata de ser o no opositor al Gobierno, sino que se trata de ver las cosas en su justa dimensión. Por eso, lo primero que vamos a hacer es estudiarla en su mérito, consultarla con nuestros dirigentes y tomar una decisión. Eso es lo que acordamos ayer.

- Pero como abogado, ¿tiene algún indicio de que se puede haber estado vulnerando la Constitución? Le pregunto porque el diputado Pablo Vidal recalca que estas acusaciones constitucionales son una mezcla de política y elementos jurídicos. Por ejemplo, que quiera echar hacia atrás la ley de inclusión ¿es una vulneración?

- Yo en esto quiero ser extremadamente cuidadoso. Voy a estudiarlo. Esto está lleno de opiniones, pero lo mínimo es estudiar una acusación constitucional, sin perjuicio de ser un opositor, en eso no tengo dudas. Le hemos rechazado a la ministra todos sus proyectos de ley, los hemos votado en contra; esto no tiene que ver con la simpatía ni la ideología, tiene que ver con si cumplió o no los supuestos constitucionales. De esa manera vamos a abordar Alejandra y yo, y muy probablemente Alinco, este tema.

- Cuando fue destituida la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, hoy senadora, usted era diputado, aunque ya había dejado la DC. El actual timonel de la tienda señala que en la acusación contra la ministra Cubillos hay más elementos acusatorios que contra Provoste, que salió de su cargo por la responsabilidad administrativa que le cupo a partir de acciones de un subalterno. ¿Qué le parece?

- Insisto. Voy a ver los antecedentes. Voy a estudiarla y voy a tomar una decisión.

- Pero, a ver, ¿qué le parecieron los argumentos para la destitución de Provoste, que fue calificada como una gran injusticia por la entonces Concertación?

- Yo lo que recuerdo es que voté a favor la destitución. Desde la independencia que tenía, porque ya no estaba militando en la DC, y lo que había era un tema de recursos muy complejo, particularmente en la Región Metropolitana. Había desorden y situaciones irregulares. Pero la verdad no recuerdo los detalles y precisamente por lo mismo, creo que hay que votar con mucho cuidado una acusación como esta.

- ¿Comparte la crítica que hace el diputado decé Miguel Ángel Calisto de que la acusación constitucional es un instrumento cuyo uso se está banalizando y que hay que aplicar con responsabilidad porque implica dejar inhabilitada a una persona por 5 años?

- La verdad es que no comparto ese punto de vista. Creo que los diputados están en pleno derecho a presentarla y es el resto el que tiene que evaluar si los acompaña o no. Y será en el contexto de este proceso, que hay que cumplir estrictamente, donde se vayan presentando las pruebas. Pero no me complica que se presenten acusaciones constitucionales. El tema es si se votan responsablemente. Es uno más de los instrumentos que se pueden presentar: están las interpelaciones, las comisiones investigadoras, los oficios. En este caso se recurrió a la última, a la acusación constitucional, pero los firmantes están en su derecho.

- ¿Cree que faltaron esos pasos previos que justamente usted está señalando: oficios, interpelación, comisiones investigadoras?

- Bueno, es lo que hubiera hecho yo, pero eso no es impedimento para que partan por la acusación si encuentran que hay una mayor gravedad en los argumentos.

- ¿Y qué le pediría a un ministro de Educación?

- Si bien las características de un ministro son importantes, en un gobierno donde el Presidente se involucra tanto en los temas, creo que no es lo más relevante. Quien toma las decisiones trascendentes en cada una de las carteras es el propio Presidente. Aquí da lo mismo quién esté de ministro si no cambia Piñera.

- ¿Hay algún tema en materia de educación que lo tenga inquieto?

- En Atacama, mi región, tenemos desde hace varios años una de las peores educaciones del país. Me preocupa que, no obstante el proceso de reforma que se está implementando, no se avance mucho para salir de ese pozo en el que está la educación pública en Atacama. Y a nivel más general, me preocupa que como país no hemos sido capaz de consensuar una reforma; llevamos más de 10 años desde que se modificó la Ley General de Educación cuando todos levantaron las manitos en La Moneda, incluida la entonces ministra Provoste y los presidentes de la UDI y RN, en un gran acuerdo que no fructificó. Y ahora se cuestiona el proceso con Bachelet, que si bien no fue un gran acuerdo, fue mayoritario. Se cuestiona a la ministra y quienes defienden la acusación constitucional señalan que no está cumpliendo con su mandato legal. Me preocupa la falta de acuerdo y la falta de respeto a los consensos mínimos que debe tener un proceso tan relevante.

- Le preocupa que la ministra Cubillos quiera cambiar el Sistema de admisión.

- No, en absoluto. ¿Por qué no? El Gobierno tiene todo el derecho a plantearlo. Y la Cámara le dijo que no y habrá que ver qué pasará en el Senado. El Gobierno tiene el derecho a plantearlo; lo que no tiene derecho es a no ejecutar una ley. Y eso habrá que verlo.

- ¿Comparte la crítica de que el Gobierno no se ha enfocado en la calidad de la educación?

- Esto no pasa por aprobar leyes. Creo que en el trasfondo hay una discusión ideológica que es legítima. Hay un gobierno de derecha que obtuvo la presidencia y hay una mayoría que sostuvo el gobierno de Bachelet que tiene mayoría en el Congreso y que aprobó las reformas educacionales. Ahí está el problema, en el modelo político, y esa es la ecuación que no funciona. Y esto implica cambiar el sistema político y avanzar hacia un sistema semipresidencial donde quien gobierne tenga mayoría en el Parlamento.

- ¿Por qué?

- El sistema político está trabado y no tiene para cuándo destrabarse. Hay que pensar un poco más allá y cambiar nuestro sistema político hacia un sistema semipresidencial similar al francés, con un Presidente y un primer ministro que cuenten siempre con mayoría en las cámaras. El Presidente Piñera no la tiene.

- ¿Cuánto va a demorar el proceso de evaluación respecto a la acusación contra Provoste?

- Todo el tiempo necesario, pero será antes de votar. No estamos apurados.

"Tengo una muy mala imagen del Gobierno completo. No soy parte de este Gobierno y si es por acusar constitucionalmente, lo habría hecho contra el ministro de Defensa por las platas malversadas" "Si bien las características de un ministro son importantes, en un gobierno donde el Presidente se involucra tanto en los temas, creo que no es lo más relevante (...). Aquí da lo mismo quién esté de ministro si no cambia Piñera"