Inacap Sede Valparaíso lanzó ayer el proyecto "Sustentabilidad gastronómica a través del vermicompostaje", iniciativa que se adjudicó fondos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y es desarrollada por los alumnos Fabiana Tapia y Cristián Segura, de Administración Gastronómica Internacional, quienes reciclarán desechos mediante el uso de lombrices rojas californianas.
Debido a "graves deficiencias en su funcionamiento, que atentan contra la salud de sus trabajadores, de las personas en general y la dignidad de los fallecidos sepultados allí", la Secretaría Regional Ministerial de Salud procedió ayer a decidir la prohibición de funcionamiento para la inhumación y exhumación de cadáveres en el Cementerio Parque del Cementerio N° 3, de Playa Ancha. La decisión fue adoptada tras las denuncias hechas por familiares de deudos, quienes encontraron bolsas en un galpón con lo que presumían eran restos exhumados desde el camposanto. La autoridad sanitaria aplicará la prohibición de funcionamiento para la inhumación desde el día viernes 13 de este mes y la prohibición de exhumación será inmediata, ya que es uno de los trabajos que la dirección del cementerio pidió a trabajadores para identificar tumbas inundadas.
Hasta siete años de prisión efectiva arriesga un grupo de cuatro funcionarios de Carabineros activos de dotación de la Prefectura de Valparaíso -un teniente y tres cabos-, acusados por el Ministerio Público de los delitos en grado de consumado de obstrucción a la investigación y falso testimonio.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la primera jornada del juicio que partió ayer en el Tribunal Oral en lo Penal porteño, los funcionarios policiales confeccionaron partes policiales, actas y declaraciones falsas que presentaron ante la Fiscalía en dos presuntos casos de robo con intimidación ocurridos el año 2017, producto de lo cual fueron detenidas seis personas. Dos de los afectados incluso estuvieron seis meses en prisión preventiva, enfrentando un juicio oral en el que fueron absueltos por la justicia.
Los agentes de la ley, contra los cuales también existe un sumario administrativo interno que aún no se resuelve, fueron individualizados como el teniente Cristóbal M.G., acusado del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado, al igual que el cabo 1° Jorge T.P. En tanto, al cabo 2° David E.E. (27 años) se le atribuye participación en dos delitos de obstrucción a la investigación, más un delito de falso testimonio, al igual que al cabo 2° José L.T. (24).
En el caso de los dos primeros mencionados, el Ministerio Público solicitó la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y suspensión de cargos públicos durante el tiempo de la condena.
Para el caso del tercer implicado, se le pidió la pena única de siete años de presidio mayor en su grado mínimo y una multa, mientras que al último de los mencionados una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 15 UTM e inhabilitación absoluta para cargos públicos.
En estos hechos también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), aunque solicitó penas distintas.
En los alegatos de apertura del juicio oral estuvieron presentes los dos fiscales de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac), Claudio Rebeco y Patricio Toro.
El primero fundamentó la acusación en que los cuatro carabineros "mintieron en el parte policial, aportando antecedentes falsos a la investigación, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares respecto de sujetos (seis personas) que no tuvieron participación en los hechos denunciados y relatados en el parte. Así de grave son los hechos".
Los casos que derivaron en la detención de seis personas en las cuales se habrían falseado declaraciones, partes policiales y actas, corresponden a un supuesto delito de robo con intimidación en el que se sustrajo un notebook, que derivó en la detención de cuatro personas que se movilizaban en un vehículo por la avenida Argentina con calle Simpson, el 11 de julio de 2017.
El segundo hecho ocurrió el 6 de febrero del mismo año, donde la supuesta víctima fue intimidada con un objeto contundente por dos sujetos, quienes le sustrajeron un celular en la avenida Los Placeres con Pelle.
El persecutor recalcó que "ambos partes fueron confeccionados con antecedentes falsos aportados por los funcionarios que participaron en dichos procedimientos. Dan cuenta de delitos inexistentes, delitos que habrían simulado en el parte para atribuir responsabilidad a sujetos que fueron detenidos".
Tras ser derivado un caso de obstrucción a la investigación a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, se revisaron todos los procedimientos de robos con intimidación registrados en la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso, en la cual hubiesen participado los mismos funcionarios policiales.
De esta forma se detectó un segundo hecho, que en un posterior juicio oral terminó en absolución para los presuntos autores del delito.
La tesis del Ministerio Público se sustenta en la "falsedad" de los antecedentes entregados por los carabineros a la Fiscalía y que derivó en la formalización de personas contra quienes no existían evidencias válidas para llevarlos a la justicia.
En ambos casos, las supuestas víctimas fueron inducidas a falsear sus testimonios para implicar a los eventuales autores de los delitos, lo cual será expuesto durante el juicio oral.
El fiscal Rebeco reconoció que "no ha resultado fácil y, en alguna medida, hasta doloroso investigar, formalizar y acusar a funcionarios de Carabineros que, en rigor, son auxiliares del trabajo del Ministerio Público en la tarea de perseguir el delito. Pese a ello, lo hemos hecho con mucha convicción, pensando en la necesidad de prevenir y arrancar las malas prácticas policiales".
El defensor penal público, Hugo Leal, quien representa a dos de los cabos acusados, deslindó responsabilidades en el oficial a cargo de uno de los procedimientos. "En uno de los hechos, todo lo que realizó mi representado en este procedimiento se encontraba bajo el mando de un teniente que era el encargado de adoptar las decisiones que se realizaron en ese procedimiento policial. Es por eso que mi representado no tendría responsabilidad penal".
Respecto a la eventual falsificación del parte policial, el profesional afirmó que corresponde a la prueba de la Fiscalía y que lo deberá acreditar durante el juicio oral. "Aun cuando se acredite aquello, mi representado obró en su calidad de cabo 1°, habiendo un teniente al mando quien adoptó todas las decisiones que se realizaron en el mismo".
Se estima que el juicio oral se extenderá por diez días, periodo en el cual se expondrá la prueba material, testimonial de las víctimas y de los funcionarios aprehensores, actas de reconocimiento y pericias para acreditar la participación de los acusados en los delitos mencionados.
Los cuatro carabineros acusados decidieron entregar su testimonio ante los jueces del Tribunal Oral. El teniente implicado en el primer hecho investigado, quien cumplía labores administrativas en la Subcomisaría Las Cañas al momento de la detención de cuatro personas por un presunto asalto, afirmó que el procedimiento adoptado "no era el que correspondía. Se quería aumentar la estadística en el sector de la Tercera Comisaría y para que el tribunal no cuestionara la hora de detención. Eso llevó a que realizáramos el parte policial a objeto de focalizar el delito en cierto lugar; asumo el error, esos no fueron los hechos".
"No ha resultado fácil y, en alguna medida hasta doloroso, investigar, formalizar y acusar a funcionarios de Carabineros"
Claudio Rebeco, Fiscal del caso
"Todo lo que realizó mi representado en este procedimiento se encontraba bajo el mando de un teniente que era el encargado de adoptar las decisiones"
Hugo Leal, Defensor penal público
10 días se estima que durará el juicio oral en el cual los carabineros acusados se exponen a duras penas.
4 son los funcionarios de Carabineros acusados de falsear antecedentes y testimonios en asaltos.