El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso decidió rechazar una solicitud presentada por los concejales de Petorca Erick Castro (Ind. pro UDI), Héctor Guerrero (DC) y Gonzalo Arenas (Ind. pro DC) en el marco del proceso de destitución del alcalde Gustavo Valdenegro (Ind.), y en subsidio derivó la presentación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que sea analizada.

En concreto, la petición de los tres ediles cuestionaba cinco de los 24 hechos sustancias y controvertidos que a mediados de agosto fueron acogidos por la justicia electoral y que serán la base para la acusación por notable abandono de deberes contra Valdenegro.

Según explicó el propio alcalde de Petorca, hace algunos días el TER dictó la resolución que abre el proceso de pruebas y, seguidamente, los concejales interpusieron un recurso de reposición en contra de dicho acto administrativo.

Contratos a honorario

Una de las razones que tuvo el tribunal para desestimar la solicitud fue que resultaba "ininteligible" uno de las peticiones respecto al punto seis, puesto que en una parte se pedía su eliminación, mientras que en otra que fuese reemplazado.

Dicho punto tiene que ver con la "efectividad que el alcalde ha realizado contrataciones a honorarios sin justificación y reembolsado gastos sin causa y no contemplados en contrato", según indicó el TER.

Al respecto, el alcalde aseguró que la petición fue rechazada luego que su defensa señalara que el recurso "era infundado y que no debía ser acogido" por el tribunal.

Obviar sumarios

Los otros puntos que cuestionaron los ediles fueron los números siete, ocho, diez y doce, en los que se denuncia, entre otras cosas, que el alcalde contrató a un proveedor de abastecimiento de agua que se encontraba fallecido, que ha cedido terrenos municipales sin el acuerdo del Concejo y que omitió iniciar sumarios administrativos por eventuales irregularidades de las cuales sí habría tenido conocimiento.

Cabe recordar que una vez que se presentó la solicitud, el alcalde acusó a los concejales de una persecución política en su contra por la proximidad de las elecciones municipales.

Durante la mañana de este martes, personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache acudió hasta un domicilio ubicado en la calle Jiménez, en el sector de Limachito, tras recibir una denuncia en la que se advertía que un lactante llevaba más de tres días abandonado por su madre.

La información había sido puesta en conocimiento por el dueño de la propiedad, quien le arrendaba una pieza a la mamá del bebé, que tiene sólo cinco meses de edad.

Al momento de acudir hasta el sector, Carabineros pudo comprobar que la mujer no había vuelto al hogar desde el fin de semana, por lo que el caso fue puesto en conocimiento del tribunal de familia respectivo, el que a la vez dispuso que el menor fuese trasladado hasta el Hospital de Quilpué para constatar su estado de salud.

En esa línea, la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, aseguró que afortunadamente el menor no presentaba ninguna lesión o algún estado de desnutrición, puesto que fue el propio dueño de la propiedad junto con algunos vecinos del sector quienes se hicieron cargo de su cuidado tras la ausencia de la madre.

Orden de detención

De acuerdo a lo que explicó el prefecto de Marga Marga, coronel Roberto Troncoso, la mujer -de iniciales M.G.B.- mantiene desde junio de este año una causa pendiente por vulneración de derechos del menor, luego de ser sorprendida protagonizando una riña en el mismo sector donde vive.

Producto de esa situación, la madre quedó citada al Tribunal de Familia de la comuna, pero como no se presentó se despachó una orden de detención en su contra "para velar por la seguridad del bebé".

Dicha orden de aprehensión se mantiene vigente, sostuvo el coronel, agregando que por el momento no se tiene antecedentes por consumo de droga o violencia intrafamiliar.

"Aquí hay una vulneración de derechos del menor. Y como ella ha tenido una vida un poco desordenada, la idea es salvaguardar la integridad del bebé. Ella arrendaba una pieza y, más allá de las condiciones de habitabilidad, por las circunstancias en que mantenía al menor el tribunal decidió emitir una orden de detención en su contra", explicó Troncoso, agregando que hasta la tarde de ayer se desconocía el paradero de la mujer.

El lactante iba a permanecer en el hospital hasta que el tribunal ordenara el lugar en el que podría ser reubicado.

Cristián Rodríguez F.

Justo cuando se cumplían cinco meses desde que un grupo de tres manifestantes decidiera deponer una extensa toma que realizaron a una de las torres de alta tensión del proyecto Cardones Polpaico, ubicada en el sector de La Dormida, en Olmué, la Fiscalía local de Limache decidió reformalizar la investigación en contra de ellos, sumando al caso a cuatro personas más, incluido el director de la comunidad agrícola, Mario Aravena.

La audiencia se realizó durante la mañana de ayer y el Juzgado de Limache le prohibió a las siete personas acercarse a menos de cinco metros de la torre en cuestión, en la que los tres manifestantes permanecieron por diez días protestando a unos 40 metros de altura, en rechazo a la construcción del tendido eléctrico.

Al mismo tiempo, se dispuso de un nuevo plazo de investigación de 70 días, abriendo la posibilidad de que el caso termine en juicio oral y no en un procedimiento abreviado como en algún minuto se estimó, considerando la baja penalidad que tiene el delito de interrupción de una obra pública.

Autor "intelectual"

La citación provocó sorpresa al interior de la comunidad y de los manifestantes, quienes al término de la audiencia confirmaron que seguirían hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia.

De acuerdo a lo que explicaron, la mayor impresión la recibieron una vez que se le imputara a Aravena la calidad de autor inductor en los hechos, vale decir, que también tuvo responsabilidad en la polémica toma de la estructura eléctrica.

"De todos los involucrados, sólo a mí se me formalizó como autor intelectual de la toma y de las manifestaciones que durante esos diez días hubo en el sector de La Dormida", señaló este Diario el aludido.

Lo anterior fue confirmado por el fiscal Iván Morales, quien detalló que fue justamente Aravena quien incentivó a los manifestantes a subirse a la torre de alta tensión.

"Mario Aravena encomendó a un conjunto de a lo menos ocho personas a que se tomaran una de las torres, facilitando que estas personas se encaramaran e instalaran un campamento en el lugar desde el 2 hasta el 11 de abril. Las personas que se subieron a la torre fueron auxiliados en todo instante por él, quien les pasaba alimentos y los ayudaba con sus desechos, oponiéndose en todo instante y sin justificación a la ejecución de los trabajos públicos", explicó el fiscal.

Además, el persecutor agregó que la oposición al proyecto -perteneciente a la empresa ISA Interchile- significó que las obras se retrasaran en más de una semana.

Sorpresa tras cita

Al final de la audiencia, los formalizados salieron en defensa del líder de la comunidad y aseguraron que "queremos aclarar que lo que se gestó en ese momento fue una acción voluntaria pensada en la Reserva de la Biósfera y en ningún momento fuimos inducidos por ninguna persona".

Si bien el director reconoció que lo tomó con sorpresa la citación al tribunal debido al tiempo que había transcurrido, sostuvo que "no es tan raro pensando que, por el momento que estamos viviendo, tienen miedo de que un dirigente vecinal con cierto grado de respaldo pueda generarles algún inconveniente político".