La comisión de diputados que estudia la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, suspendió la sesión que tenía fijada para ayer en la tarde, debido a la "imposibilidad de asistencia de los invitados".

La instancia, conformada por cuatro diputados de Chile Vamos y una de Revolución Democrática tras el sorteo que se hizo el pasado martes, es presidida por Celso Morales, de la UDI.

La comisión ha tenido dificultades para realizar su trabajo, sobre todo ante las imposibilidades de invitados tanto del oficialismo como de la oposición. De hecho, en su primera jornada, el miércoles, ninguno de los más de veinte convocados por la oposición asistió. Solamente expuso el abogado Víctor Manuel Avilés, quien argumentó en contra del libelo presentado contra la titular de Educación.

Morales advirtió que los problemas se deben a la falta de tiempo de algunas personas y a la cercanía de los feriados por Fiestas Patrias.

El diputado Javier Macaya (UDI) planteó a radio Cooperativa que este hecho "de nuevo demuestra la poca seriedad que ha tenido desde el comienzo esta acusación constitucional. Cuando tú eres abogado, en el más simple de los juicios, por ejemplo, en materia de policía local, estás obligado a presentar testigos, documentos, fundamentar tu acusación".

Los diputados tendrán que retomar el trabajo después de la conmemoración nacional. La comisión, tras escuchar a diversos convocados (se espera a más abogados, apoderados, entre otros), después tendrá que presentar sus conclusiones a la Sala.

Llaman a no trivilizar

El abogado Francisco Cox, quien defenderá a la ministra Cubillos ante la acusación en que se atribuye a esta haber infringido la Constitución y las leyes, expuso nuevos planteamientos.

En Radio Infinita, Cox sostuvo que la acusación constituye "un juicio" y como tal tiene "estándares legales". "Yo tengo, por lo tanto, una esperanza genuina de que se analice en su mérito", sostuvo el profesional, para quien la acción "es lo equivalente a una pena de muerte en un tema penal".

"Cuando tú destituyes a alguien de su cargo, es la sanción más extrema. Y, por lo tanto, la infracción que se le atribuye a esa sanción, tiene que ser de una significación tal que amerite esa sanción. De lo contrario, se trivializa", complementó el profesional.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con críticas posteriores de la Unicef, el proyecto que amplía el control preventivo de identidad para menores de edad, aunque desde los 16 años y no desde los 14 como propuso el Gobierno originalmente.

El avance en la tramitación de la norma fue posible luego del respaldo que obtuvo de parte de Chile Vamos una indicación presentada por los diputados de la Democracia Cristiana Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi. Lo anterior arrojó la aprobación de este punto de la iniciativa, que aún debe aprobarse en otros artículos antes de llegar a la Sala, por 7 votos a favor y 5 en contra.

Gobierno y unicef

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, valoró el avance del proyecto, pero anunció que el Ejecutivo insistirá en que el control sea desde los 14 años: "Creemos que a los 16 años es un paso importante. Sin embargo, como Gobierno esperamos poder convencer con los 14 años". Argumentó que tanto las estadísticas como las expectativas de la gente apuntan a que debe haber mayor control y más atribuciones de Carabineros. "Desde los 14 años, los niños y adolescentes ya son imputables y, por tanto, pueden cumplir con el control", dijo.

La Unicef emitió un comunicado en el que señaló que "lamenta y considera un retroceso en los derechos de la niñez" que se hubiera aprobado el punto del proyecto".

Lo anterior, pues "contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos".

"La medida aprobada constituye un retroceso en los derechos de la niñez que no se condice con los avances que ha realizado el país en este ámbito", indicó la declaración. Unicef explicó que "la evidencia disponible demuestra que esta medida no ha logrado ser una herramienta eficaz en la prevención de la delincuencia". Incluso, recalcó en un informe que en otras legislaciones no existe "el control preventivo sin causa".

Desbordes no votó

El único que mostró su desacuerdo en la Comisión fue el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, quien antes de iniciar la votación anunció que él no votaría, asumiendo que sería multado por aquello.

"Lamento muchísimo que para mi Gobierno defender el control preventivo de identidad de 14 años hacia arriba no sea tan importante, tan clave, tan indispensable como fue defender la integración para las grandes empresas. Para el ciudadano chileno promedio que tiene a la delincuencia como su principal preocupación, esto era harto más importante", sostuvo Desbordes.

Andrea Parra (PPD) afirmó que "no hubo institución seria que haya pasado por la comisión que haya respaldado esta aberración. Lamentamos muchísimo que con votos de la DC vayamos a incumplir los tratados internacionales".

El presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto, respondió: "No sé en qué país vive la diputada Parra y aquellos parlamentarios que han señalado que el control de identidad a menores no es necesario, porque estamos con familias, con comunidades tomadas por los delincuentes. Lo peor es que estamos frente a muchas bandas que usan a menores para cometer delitos".