Paola Passig

Si bien el presidente del PDC, Fuad Chahín, está convencido de que hay argumentos para la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, de que el proyecto de las 40 horas de Camila Vallejo es constitucional y que se requiere una propuesta que enfrente a la derecha, deja en claro que ni proyectos ni acusaciones son elementos que puede aglutinar; sólo objetivos y estrategias comunes.

- ¿Qué le parece la acusación?

- La acusación tiene argumentos plausibles. Lo que corresponde ahora es que la comisión que salió sorteada recabe los antecedentes y acompañar los fundamentos del libelo y que la defensa pueda plantear sus descargos. Los diputados tienen que votar de acuerdo a la convicción que se formen, tanto desde el punto de vista jurídico como político. Pero aseverar, como algunos lo han dicho, que no hay fundamentos es alejado de la realidad. Y tal como lo hemos dicho, aquí no caben las órdenes de partido; cada parlamentario debe votar por convicción. Por eso el debate que se va a producir será clave y los parlamentarios que voten a favor será porque creen que hay mérito. Aquí no hay una motivación de darle un golpe al Gobierno. Es una herramienta de fiscalización que no hay que dramatizar.

- Ha señalado que en esta acusación habría más elementos que los que se expusieron en el caso de Yasna Provoste. ¿Lo mantiene?

- Absolutamente. Mire, los propios parlamentarios que acusaron a Provoste reconocieron que fue una acusación sin fundamentos, pero en el caso de Cubillos hay elementos que dan base a la acusación y le corresponderá ahora a la comisión hacer el informe.

- La comisión revisora quedó conformada por cuatro diputados oficialistas y una diputada del Frente Amplio.

- Bueno, eso siempre es complejo. Recuerdo que a mí me tocó salir sorteado en la comisión que vio la acusación de Harald Beyer. Esa vez salieron sorteados tres de derecha y salí yo y Carolina Goic que estaba tratándose su cáncer. Y en estos casos no hay reemplazos. Por tanto, me tocó estar tres contra uno en una situación bien similar a la que le tocará a Maite Orsini, pero en la práctica esa comisión trabajó bien. Depende mucho de que los parlamentarios trabajen con objetividad. Esa vez se logró acompañar distintos antecedentes. Siempre reconocí que al inicio era escéptico de la acusación contra Beyer, pero en la comisión me fui haciendo la convicción de que al menos había fundamento para uno de los capítulos y que fue el que me tocó defender ante el Senado y ese fue el único que se aprobó de los tres que tenía esa acusación.

- ¿Lo han contactado desde el Gobierno para buscar suavizar la postura del PDC ante esta acusación?

- Me preguntaron cuál era la postura del partido y yo les informé cuál era. Nosotros lo analizamos en la mesa y en el Consejo Nacional y la posición que transmito es en acuerdo con esas instancias y con la jefatura de bancada.

40 horas

- ¿Es o no inconstitucional el proyecto de las 40 horas que ya fue despachado por la Comisión de Trabajo a la Sala y donde el oficialismo acusó vicios de constitucionalidad?

- Le quiero decir que destacados constitucionalistas, como Patricio Zapata y Jorge Correa Sutil, me han entregado buenos argumentos para sostener que no es inconstitucional y que perfectamente puede ser una iniciativa parlamentaria. Creo que hay que destrabar el foco de la discusión respecto a si es o no constitucional. Al final, lo que hay que hacer es sacar una buena ley, una ley que permita, por un lado, reducir la jornada gradualmente para que no tenga impacto en el empleo, tener un buen periodo de vacancia legal y que hemos cotejado con las pymes. Estas dicen que tienen varios proyectos que van a generar beneficios, como la reforma tributaria con el régimen simplificado de tributación y la ley de pago a 30 días, pero lamentablemente el Gobierno estableció dos años de plazo para que empiece a operar. Todo eso es necesario para que las pymes puedan asimilar la reducción de la jornada. Si hacemos un buen sistema que permita balancear -ya que se va a pedir un esfuerzo mayor a todas las empresas para financiar la reforma previsional- entonces démosle gradualidad, démosle vacancia para avanzar en la reducción de la jornada laboral sin afectar el empleo. Coloquemos incentivos a la productividad o distribuyamos mejor los recursos de capacitación. No puede ser que el 98% de los recursos de capacitación vayan para las grandes empresas y las pymes, que dan más del 80% del trabajo, reciban menos del 2% de esos recursos.

- ¿Cuál es la lección que se saca de toda esta polémica?

- Hay que mejorar la productividad y en vez de caer en las caricaturas, sentémonos a conversar y avanzar en cómo modernizamos la jornada y la disminuimos. Creo que el proyecto tocó una fibra muy sensible de la ciudadanía, pero ojalá que los trabajadores trabajen menos, pero ganen más. Si dejamos atrás la ideología de quienes son los promotores del proyecto, si dejamos de descalificar y nos sentamos a conversar y a buscar un acuerdo con los involucrados, con los trabajadores, con los dueños de las pymes, quizás podamos avanzar. Por eso la DC votó a favor de la idea de legislar y presentó dos indicaciones de gradualidad. Ya le dijimos a los diputados promotores que vamos a presentar nuevas indicaciones que las vamos a conversar con los gremios de las pequeñas empresas.

- Se requiere una reforma política para que los parlamentarios tengan mayor injerencia? Le pregunto a propósito del listado de las 17 mociones que podrían ir al Tribunal Constitucional.

- La verdad, creo que no hay mucho tiempo legislativo. Ojalá podamos implementar bien todo el proceso de elección de gobernadores regionales; hay una mesa técnica que debe sacar un conjunto de proyectos para hacer los ajustes que permitan su implementación. Y la otra reforma urgente es la del TC. Hay un documento que elaboraron destacados constitucionalistas, desde la UDI hasta el Frente Amplio, donde se establece el consenso para avanzar en vez de instalar cosas que nos van a tensionar. Espero que en el mediano plazo seamos capaces de tener una nueva Constitución que dé cuenta de cuenta de un nuevo sistema político, pero creo que en este Gobierno ya no hay tiempo.

- La acusación pareciera haber unido a la oposición. ¿Podría comenzar una nueva etapa de cara a la elección de gobernadores?

- Eso se debe dar en función de objetivos y estrategias donde seamos capaces de concordar. Me parece que los proyectos de ley y menos las acusaciones constitucionales pueden utilizarse como un mecanismo para crear condiciones para pactos electorales. Me parece que eso sería faltarle el respeto a nuestra institucionalidad. La DC va a seguir tomando sus decisiones de acuerdo a sus convicciones con total libertad y autonomía, no le tiene que pedir permiso a nadie. Pero, a la vez, tenemos conciencia de lo importante que es construir una mayoría alternativa a la derecha y por eso estamos disponibles a sentarnos a conversar con quien corresponda. Y así como exigimos respeto por cómo votamos, respetamos también al resto.

- ¿Se han sentido respetados?

- La virtud que tiene que tener un pacto electoral y una oposición es la diversidad. Cambiamos el sistema para terminar con el binominalismo y ahora, por la vía de los hechos, se quiere volver a un duopolio: el gobierno por un lado y una sola oposición homogénea por el otro. A nosotros no nos gusta lo binario, preferimos los matices. No queremos volver a la lógica del blanco y negro.

- ¿Pero se ha avanzado?

- Nosotros tomamos la iniciativa y le mandamos una carta a los presidentes de Convergencia Progresista. El timonel del Partido Radical fue el único que ha tenido la gentileza de responderla.