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FF.AA. de Venezuela critican activación del TIAR

CONFLICTO. Ministro de Defensa rechazó la propuesta planteada por la OEA.
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La Fuerza Armada de Venezuela rechazó ayer la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un mecanismo de ayuda militar extranjera, y pidió a los países que apoyan este pacto que midan las consecuencias que puede traer para la región.

En un comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ante la prensa, la Fuerza Armada expresó su rechazo a "la espuria e irrita activación del TIAR por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)" y afirmó que se trata de una "provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar".

"Es imperativo resaltar que un desenlace de esta naturaleza tendría nefastas consecuencias en toda Sudamérica, erigida en la última década como una zona de paz, convirtiéndola contrariamente en una zona de guerra", declaró el ministro, acompañado de altos mandos militares.

Aseguró que la Fuerza Armada venezolana tiene una vocación "pacifista", pero destacó que también tiene un "carácter antiimperialista" y una "inquebrantable decisión de cumplir el juramento sagrado de honrar y defender la soberanía" hasta "perder la vida si fuese necesario".

Antes de leer el comunicado, Padrino pidió a los países que apoyan la activación del tratado que "evalúen bien" las consecuencias.

La mafia detrás de la muerte y deforestación en la Amazonía

BRASIL. Investigación realizada por Human Rights Watch dejó al descubierto el daño que se ha generado al llamado "pulmón verde" del planeta.
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Grupos mafiosos actúan con impunidad en la Amazonía brasileña y están detrás del asesinato de defensores medioambientales, la tala indiscriminada de árboles y los incendios que se extienden en la región, según denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado ayer.

En el mayor bosque tropical del planeta se multiplican las amenazas, las investigaciones en los cajones de la comisaría y las presiones de redes criminales para llevar a cabo sus actividades ilícitas, ante la inoperancia de las autoridades brasileñas en todos los niveles.

Así lo constata un estudio de HRW que empezó a ser elaborado hace dos años y es el resultado de entrevistas a 170 personas que viven en la Amazonía, azotada en los últimos meses por un aumento de los focos de incendios, causados muchos ellos por la deforestación previa en esas zonas.

Redes criminales

"La deforestación está impulsada, en gran parte, por esas redes criminales, que usan la violencia" y "hacen lo que quieren" contra los indígenas, funcionarios de organismos federales y pequeños agricultores, aseguró Daniel Wilkinson, director de Derechos Humanos y Medioambiente de HRW, en un acto en Sao Paulo.

"El Gobierno está fracasando en proteger a esas personas y la situación está empeorando con (el Presidente Jair) Bolsonaro", añadió.

En los primeros ochos meses del Gobierno de Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía prácticamente dobló frente al mismo periodo de 2018, según datos oficiales, mientras que los incendios desatados en agosto fueron los peores de la última década.

Bolsonaro, líder de la derecha en Brasil, defiende la explotación de los recursos naturales de la selva junto con otros países.

"No es fácil ver que tu territorio está siendo devastado todos los días", reclamó María Helena Gaviao, líder indígena en el estado de Maranhao (noreste), donde se ha reducido drásticamente el número de fiscales para contener estas prácticas.

Impunidad

En este sentido, HRW denunció la impunidad como otro de los graves problemas que enfrentan los defensores del considerado pulmón verde del planeta.

Unas 300 personas fueron asesinadas durante la última década en conflictos por el uso de la tierra y de recursos naturales en la Amazonía, pero sólo 14 casos fueron juzgados.

Según el informe, esas redes tienen la suficiente "capacidad logística" de coordinar la tala, el procesamiento y la venta de madera "a gran escala". Para ello emplean "hombres armados" para intimidar y, en algunos casos, "ejecutar a aquellos que defienden la selva".

Primero, talan los árboles de maderas nobles, después limpian la zona retirando el resto de la vegetación para, en la época seca, quemarla. Más tarde, usan el terreno para ganadería y agricultura y registran la propiedad a nombre de testaferros.

Según César Muñoz, coordinador del informe, las mafias, en las que, en algunos casos, "hay personas de alto escalón envueltas que ni siquiera viven en la Amazonía", se comunican entre sí y están bien organizadas.

En medio de todo este proceso destructivo, las investigaciones policiales son la excepción.

"Estamos cansados de denunciar en la Fiscalía, de ir a la Policía y no ver ningún resultado. Es el momento de gritar y mostrar nuestro sufrimiento", exclamó María Helena Gaviao.

Para Wilkinson, Brasil necesita afrontar este problema y eso pasa por un Gobierno que tome decisiones y apoye a los defensores, pero "Bolsonaro está haciendo lo contrario" porque "está reduciendo el presupuesto" y "minimizando las consecuencias".

HRW pidió una reunión para discutir el informe con el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, quien rechazó la propuesta.

La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, no les respondió; y con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, aún están a la espera.

En una mesa de debate, la exministra de Medioambiente Marina Silva, excandidata presidencial en 2010, 2014 y 2018, afirmó que es compatible el crecimiento del agronegocio sin tener que destruir la Amazonía.

El también exministro de Medioambiente Rubens Ricupero, por su parte, afirmó que la "presión internacional es imprescindible" y que "cuanto más fuerte sea, mejor".

DD.HH. y medioambiente

"Es necesaria y ojalá pueda alcanzar a aquellos que son los grandes actores económicos, los exportadores, el agronegocio, que son uno de los pilares de este Gobierno", completó tras apoyar al Presidente francés, Emmanuel Macron, quien llevó a la pasada reunión del G-7 los incendios en la Amazonía en un intento por internacionalizar el asunto.

En este sentido, la líder indígena Sonia Guajajara dijo que se presentará ante la Unión Europea para "exigir el cumplimiento en materia de derechos humanos y medioambiente" del acuerdo de libre comercio firmado con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y que retomarán la campaña de boicot contra los productos originarios de áreas de conflicto.

"Las personas necesitan saber de dónde viene el cuero de sus bolsos, la ración de sus perros, que vienen de los cultivos de soja, y la carne que están comiendo...", explicó.

UE señala riesgos en proceso de paz en Colombia

CRISIS. Preocupa el posible regreso a las armas de algunos excombatientes.
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Las presidencias del Consejo de la Unión Europea y de la Eurocámara coincidieron ayer en señalar como un peligro para la paz en Colombia la vuelta a las armas de algunos excombatientes de las FARC, aunque aseguraron que la UE seguirá manteniendo su apoyo financiero al proceso.

En un debate sobre los recientes desarrollos en el proceso de paz colombiano, la ministra para Asuntos Europeos finlandesa, Tytti Tuppurainen, cuyo Estado ostenta la presidencia semestral del Consejo, señaló que Colombia es "un país que mira al futuro y no al pasado".

Disidentes

Aunque afirmó que los líderes de las FARC como partido político y la inmensa mayoría de excombatientes "están comprometidos con el acuerdo", apuntó al grupo de disidentes que ha decidido retomar las armas y dijo que "la violencia no puede ser respuesta a los retos del país".

Pese a que subrayó que se trata de un grupo pequeño de excombatientes, advirtió de que "esto no significa que no haya peligros para el proceso de paz".

Tuppurainen reiteró la condena comunitaria a los cientos de asesinatos de líderes sociales en los últimos tres años, una crítica a la que se sumaron eurodiputados de todo el arco político.

"Como ya está haciendo Colombia, es indispensable fortalecer medidas para garantizar la seguridad de líderes políticos y sociales amenazados y llevar a la Justicia a quienes violentan la paz y la ley", afirmó la eurodiputada del PP Pilar del Castillo.

También el eurodiputado socialista Javi López se sumó a la llamada a garantizar la seguridad de los líderes amenazados y añadió una petición de continuar el apoyo presupuestario al proceso de paz.

"Vemos con preocupación las dificultades en la aplicación de los acuerdos de paz y los pasos hacia atrás que algunos quieren dar con la vuelta a la violencia", señaló.