Educación superior
En el mes de enero, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso Nacional (Boletín N° 12385-04), proponiendo favorecer la correcta implementación de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, ampliando los plazos para la elaboración, consulta, piloteo y difusión de los nuevos criterios y esta´ndares para el proceso de acreditación.
Siete meses después, se mantiene la incertidumbre de no contar con la aprobación de este proyecto, por lo que no existe claridad de los plazos que tendrán las instituciones que componen el sistema terciario de educación para dar respuesta a las nuevas exigencias de acreditación que ordena dicha Ley. Esta normativa define como fecha límite el 1° de enero de 2020 para cumplir con el diseño e implementación de los nuevos criterios y estándares, y el proyecto de ley en trámite procura extender el plazo al 30 de septiembre del mismo año. Su estancamiento en el Poder Legislativo es particularmente complejo cuando hay consenso prácticamente unánime de su imperiosa necesidad, tantos en los diferentes sectores políticos como en los actores educativos involucrados en el sistema de educación superior de nuestro país.
De no mediar una pronta aprobación, las instituciones podrían verse severamente dañadas en lo que las autoridades, en el discurso, se han ensimismado en salvaguardar: su calidad.
En esta línea, resulta especialmente importante la prórroga del inicio de vigencia del nuevo modelo de acreditación institucional y de los nuevos criterios y estándares, lo que permitiría contar con etapas de validación y con una fase de socialización que facilite su adopción por parte de las Instituciones de Educación Superior, brindando así la necesaria certeza jurídica por parte del ordenamiento a las casas de estudios y su más de millón de estudiantes.
Juan Pablo Guzmán, presidente de Consejo de Rectores de Vertebral; Marcelo Núñez, presidente Red IES TP CRUCH; Claudio Ruff, presidente Corporación de Ues. Privadas
Tercera edad y contribuciones
Las numerosas cartas que se han publicado sobre este tema en diversos medios, tienen factores comunes como la avanzada edad del propietario de la vivienda y el reevaluó indiscriminado e injusto de su propiedad, alza que le impide pagar las contribuciones debido a los escasos recursos que dispone como pensionado. Asimismo, conlleva gran incertidumbre y malestar frente al peligro de que el Fisco ejerza acciones legales para obtener su pago, perdiéndose el inmueble donde vive.
Existe, entonces, acuerdo unánime en que este impuesto es totalmente injusto pues afecta a miles de personas de avanzada edad y corresponde al Ejecutivo eliminarlo en forma definitiva. Se ha hecho presente, además, que los tributos deben imponerse a la renta y no al patrimonio, como sucede con este gravamen.
La actual legislación contempla algunos requisitos que más bien son la "letra chica" del sistema pues al iniciar alguna gestión pronto se termina por quedar fuera del beneficio aparentemente ofrecido. Es necesario, entonces, que esta situación sea afrontada de una vez por todas con decisión y verdadero sentido social, de manera que sea real y efectiva para los adultos mayores.
Francisco Vargas A.
Transformación digital
Con la aprobación de la nueva Ley de Transformación digital, Chile caminará hacia el desarrollo con mayores herramientas.
Mejorar y facilitar los trámites, actualizar los sistemas y generar políticas digitales es un reflejo de que el Gobierno es consciente de los beneficios que puede traer a sus ciudadanos la modernización del Estado.
En este sentido, resulta valioso que el actual Gobierno haya hecho de este tema una de sus líneas de acción central, pues permite desburocratizar y simplificar la relación del Estado con los ciudadanos, mediante la transformación digital, una política de datos y servicios compartidos, con una agenda de proyectos concretos y metas claramente definidas. Detecto distintos esfuerzos en esta línea como son Hospital digital, Chile Atiende, Comisaría virtual, entre otros.
Y es que, perfeccionando el acceso a los servicios, promoviendo de forma más abierta y transparente la información pública enaltece la función pública y no sólo permite una mejor gobernanza entre todas las instituciones y procesos del Estado y bienestar a las personas, sino que además permite al país avanzar acorde a los tiempos, sin quedarse atrás.
Renata García
Ránking OCDE
La "progresista" iniciativa para reducir la jornada laboral, en realidad es una propuesta bastante populista. Es cierto que, comparado con otros países, especialmente desarrollados, la jornada en nuestro país es muchísimo más extensa. Sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, Chile dista mucho de los niveles de productividad de los países desarrollados; está en el antepenúltimo lugar en el ranking de la OCDE.
Los países desarrollados además de tener un PIB muy superior al nuestro, la sociedad tiene una mentalidad de trabajo diferente a la del chileno. Lamentablemente, conociendo la idiosincrasia de nuestros compatriotas, las 40 horas propuestas se convertirán en 35 o menos, por la arraigada costumbre de capear al máximo el tiempo útil: buenos para sacar la vuelta, como se dice vulgarmente. En conclusión, esta propuesta pareciera ser más bien populista que progresista.
Tomás Orellana B.
