Francisco Meneses
Un nuevo capítulo se escribe en la compleja relación entre la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y la Municipalidad porteña. El pasado 9 de septiembre el abogado Guillermo Crovari, en representación de la estatal, interpuso una demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de la Ciudad Puerto contra la casa edilicia que dirige Jorge Sharp, siendo notificada ésta recién el lunes 16, tras dos intentos fallidos anteriores.
En el libelo se exige la restitución del pago de los derechos municipales derivados del permiso de obras N°79 para la construcción del proyecto Mall Barón. La suma reclamada alcanza a las 15.380 UF, más intereses y reajustes desde la presentación de la demanda hasta el pago efectivo de lo demandado.
La autorización fue concedida por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en febrero de 2013, siendo declarada ilegal por la Corte Suprema en diciembre de 2017. En ese momento el máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el municipio por el permiso otorgado en la gestión de Jorge Castro.
Los hechos
En el punto cinco de los antecedentes de hecho que sustentan la demanda, se destaca que en mayo de 2018 EPV y la sociedad Plaza Valparaíso (PVSA) pusieron término en forma anticipada al contrato de concesión y arrendamiento firmado entre las partes el 10 de febrero de 2006, para desarrollar el proyecto comercial.
Ante notario, según se expresa en el documento, "EPV, hizo reembolso a PVSA de una cantidad que englobó, entre otros montos y conceptos, los pagos que en su oportunidad había sufragado PVSA en el marco de la obtención del permiso de edificación Nº79", incluyendo el pago de los derechos municipales.
Por ende, según quedó estipulado en la escritura pública que puso fin al acuerdo entre las partes, la concesionaria cedió a la portuaria "las acciones para recurrir en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para solicitar la devolución de los montos pagados por concepto de permiso de construcción y modificación del mismo, más reajustes e intereses y otros si correspondiere".
En consecuencia de la cesión antes descrita, continúa el escrito, "EPV se subroga en los derechos de PVSA para los efectos de solicitar la devolución de los montos pagados por parte de PVSA a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso por concepto de permiso de construcción y sus modificaciones y otros si correspondiere".
En la demanda se detalla además que "en abril y octubre de 2018, se remitió y entregó a la I. Municipalidad de Valparaíso, una carta en cuya virtud, habida cuenta de que el permiso de obra Nº79 había quedado sin efecto, EPV le requirió la restitución de los referidos derechos municipales, sin que hasta la fecha hubiese existido respuesta formal del municipio".
Los argumentos legales
Dentro de los textos legales que invoca la parte demandante para fundar su petición ante el tribunal, incluidas la Ley General de Urbanismo y Construcciones con su respectiva ordenanza general y la Ley de Rentas Municipales, se alude a los principios formulados en el articulado del Código Civil
Se expresa en el texto: "El Código Civil, por otra parte, en diversas disposiciones para casos específicos, consagra el principio del Enriquecimiento sin Causa, que es también fuente de la obligación de restitución cuando, como en este caso, en que justamente ha desaparecido la causa del pago, y de su retención, por consiguiente, surge un incremento patrimonial injustificado, y la obligación de restitución".
En base a las normas legales citadas por la demandante, los derechos municipales que se pagaron por las obras en Barón se fundaron en el permiso de edificación otorgado por la DOM, "y que, desaparecido este, a consecuencia de su ilegalidad y anulación por parte de la Excma. Corte Suprema (...) resulta irredargüible el derecho de mi defendida, cesionaria además de los derechos de PVSA según hemos visto, para que le sean restituidos los pagos de derechos municipales".
Crovari también citó en la demanda dictámenes de la Contraloría General de la República que fundamentan su petición. Así las cosas, el abogado de EPV solicita al tribunal "declarar que la Municipalidad de Valparaíso se encuentra obligada a restituir a mi representada los pagos de derechos municipales realizados (...) y que ascienden a la suma total de 15.380 UF", que a la fecha en que se presentó la demanda equivalen a $430.783.495
Las reacciones
"Es algo que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir porque varios de sus directores, desde que la Corte Suprema declaró ilegal el permiso, lo deslizaron en diferentes intervenciones, por lo tanto, es algo que no nos sorprende", dijo al respecto el alcalde Jorge Sharp.
El jefe comunal añadió que "lo que nos parece mal es que todavía en el año 2019 la ciudad deba pagar las consecuencias por decisiones impulsadas en el pasado por autoridades que debieran dar la cara y dar las explicaciones que correspondan, porque si hoy el patrimonio municipal, por lo tanto de todas y todos los porteños, está en riesgo es porque hace varios años, en la administración del exalcalde Castro, se aprobó un proyecto que finalmente fue declarado ilegal por la Corte Suprema".
Por su parte, desde la EPV se informó que por el momento no se harán mayores comentarios sobre la demanda.
16 de septiembre se notificó al representante legal del municipio la demanda civil interpuesta.
15.380 Unidades de Fomento reclama EPV que sean devueltas más reajustes e intereses.
