La esencia de cualquier proyecto es establecer con total claridad su propósito u objetivo final. Sin la definición de un propósito, cualquiera iniciativa, incluso las legislativas, está destinada al fracaso. Hemos sido testigos de una pugna entre el Gobierno y la diputada Vallejo, en torno a la disminución de la jornada laboral, con acciones y reacciones, decoradas con indicaciones y urgencias legislativas de última hora, en una incesante disputa por anotarse la autoría intelectual del proyecto, el que por cierto goza, en cualquier de sus variantes, de una innegable popularidad. Sin embargo, esta polémica encubre un debate profundo respecto al real propósito de la medida.
Como país es un imperativo mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, agobiados por condiciones de trabajo y remuneración que no son las deseables y al mismo tiempo, garantizar productividad y crecimiento empresarial como foco de progreso nacional. En rigor, no sólo se trata de 4 o 5 horas menos de trabajo a la semana sino más bien de una cosmovisión económica-cultural de nuestro país. Establecido este punto, resulta evidente que la propuesta de la diputada Vallejo busca una reducción directa de 5 horas semanales de trabajo, lo que representa una medida popular para cualquier trabajador que percibirá igual remuneración por menos horas de trabajo al mes. Sin embargo, es determinante establecer cómo dicha medida impactará en la productividad de las empresas a nivel nacional. No hay evidencia contundente que demuestre que la disminución de horas semanales de trabajo conlleve bajas significativas en la producción nacional.
En 2005 se redujo la jornada máxima de 48 a 45 horas semanales, sin que ello generara un desastre financiero ni una catástrofe en los índices de desempleo. No obstante, los tiempos han cambiado. El mercado laboral se ha hecho más competitivo, el incremento de trabajo juvenil y femenino, la arremetida laboral migratoria, la automatización y el creciente uso de tecnologías, hacen indispensable construir un marco regulatorio laboral moderno bajo el prisma de una "flexibilidad regulada", donde se garantice que la flexibilización propuesta cumpla con los dos propósitos basales: mejorar calidad de vida del trabajador, al permitir administrar de mejor forma sus tiempos de trabajo y, al mismo tiempo, entregar a los empresarios herramientas para potenciar la productividad de las empresas, cumpliendo con los estándares de eficiencia que exige el mercado.
En ese contexto, la propuesta de la diputada PC tiene el mérito de haber puesto en el tapete la relevancia de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero sin duda la iniciativa del Gobierno en orden a generar una jornada de 41 horas promedio a la semana distribuidas en 4, 5 ó 6 días a la semana, parece sintonizar mejor con los nuevos tiempos productivos, otorgando herramientas que permitan establecer jornadas adaptables que beneficien el trabajo juvenil o estudiantil, la conciliación del trabajo con la familia y los deberes parentales, el segundo empleo y la compatibilidad del trabajo y el estudio. Esta flexibilidad, está llamada a legitimarse en tanto sea una herramienta regulada y cautelada por nuestro sistema normativo, evitando se transforme en una desregulación abusiva. Un importante rol deben jugar las organizaciones sindicales conviniendo Pactos de Adaptabilidad Laboral que hoy sólo son aplicables en empresas con índice de sindicalización superior al 30%.
Chile debe refundar su pacto social laboral, logrando un marco regulatorio flexible y moderno, acorde a los desafíos tecnológicos y generacionales imperantes, pero que al mismo tiempo garantizando el debido respeto de los derechos esenciales de los trabajadores. Tenemos una oportunidad para dejar de lado nuestra mirada binaria antagónica para evolucionar hacia una concepción colaborativa donde la productividad de la empresa y la mejor calidad de vida de los trabajadores sean valores perfectamente compatibles. No son intereses antagónicos sino valores complementarios.
Más allá de las 40 ó 41 horas semanales, dice relación buscar el equilibrio de intereses a través de una discusión parlamentaria informada, basada en experiencias comparadas internacionales y previo análisis de indicadores psicosociales que logren establecer un espacio de flexibilidad regulada y colaborativa, que sin duda es el camino seguro hacia la legitimidad social de estas medidas.
