En agosto de 2013 visitaba nuestro país James Robinson, economista y profesor de la Universidad de Chicago. Por aquel entonces, su diagnóstico sobre Chile era claro. Reconocía que éramos un caso único de éxito en Latinoamérica, pero advirtiendo nuestros serios problemas de inclusión, los cuales, a su parecer, debían ser solucionados urgentemente. Entre otras cosas, el académico británico denunciaba que la mitad de los presidentes de las 100 compañías más grande del país habían salido de 5 colegios. De la misma forma, evidenciaba que el 86% de los ministros del entonces Presidente Sebastián Piñera -quien estaba terminando su primer mandato- venían de sólo cuatro establecimientos educacionales.

Volviendo a nuestros días, debemos reconocer que la sensación de agobio frente a los hechos de las últimas semanas es evidente. Muchos de nosotros no hemos sido capaces aún de leer las diversas aristas involucradas en el conflicto que seguimos viviendo. La humildad, entonces, nos obliga a reconocer nuestra propia perplejidad. Sin embargo, las críticas que hace seis años hiciera James Robinson pueden ciertamente ayudarnos a identificar algunos problemas.

Poco tiempo después de aquella visita, el economista se volvía a referir a nuestro país. En esa oportunidad, declaró que la naturaleza oligárquica de nuestra sociedad nos podía condenar al estancamiento. En entrevistas con diversos medios nacionales, opinaba que este problema no iba a ser resuelto por un cambio constitucional -otra pista interesante-, sino más bien por la reinvención profunda de la clase gobernante.

¿No será esa la oportunidad que tiene el Presidente Sebastián Piñera con la elección de un nuevo gabinete?

Aunque la naturaleza oligárquica denunciada por Robinson es ciertamente una realidad social que afecta a todo Chile, lo cierto es que se ha vuelto especialmente patente en los gobiernos de derecha. De alguna u otra forma, las dos administraciones del Presidente Piñera han francamente evadido el problema, normalizándolo de diferentes formas. Para ser justos, debemos reconocer que en su segundo mandato se notó una preocupación especial por mejorar la foto de su gabinete (en términos de género, por ejemplo), pero aún así existían situaciones propias de nuestra problemática cultura. El aspecto territorial, por ejemplo, era una de esas aristas. Todos los ministros nombrados por el Presidente Piñera el 2018 habían estudiado su educación superior en la capital. Esto, que para nosotros parece ser un hecho de la causa, es una situación bastante anormal en cualquier democracia consolidada. ¿Se imagina que todos los ministros españoles viniesen de Madrid? ¿O que todos los ministros británicos hubiesen estudiado en Londres? ¿O que el ejecutivo estadounidense prescinda de las universidades de Boston a la hora de armar su gabinete?

La hermética clase dirigente local ha devenido, lamentablemente, en una disociación que ya ha sido denunciada por varios. Los ciudadanos se sienten competentes como para participar de las discusiones públicas, pero al mismo tiempo perciben que el sistema les es impenetrable. En otras palabras, sienten que la institucionalidad no responde ante sus demandas y que las estructuras de poder son más bien lejanas y distantes. Por la misma razón, a estas alturas es evidente que las palabras del ministro Fontaine -invitando a los trabajadores a madrugar para pagar menos- causaron más molestia que el aumento de 30 pesos en la tarifa del metro. No son sólo las condiciones materiales las que incomodan, sino también esa profunda sensación de desconexión.

Entonces, el Presidente tiene la opción de mostrarnos una foto inédita. Quizás desafiar el relato con que gobernó en su primer mandato, demostrándonos a los chilenos que para hacer el "gobierno de los mejores", será necesario salir a buscarlos a distintas comunas, distintas universidades y, ciertamente, a distintos colegios.

Dentro de la agenda social que debe acometer el Gobierno se encuentra el tema de los adultos mayores, grupo etario creciente que exige atención a sus múltiples demandas. Una de ellas, puntual relativa a sectores de la clase media, es el monto de las contribuciones de bienes raíces que deben cancelar por sus propiedades, en muchos casos el más importante patrimonio que han logrado tras una vida de trabajo.

Ese pago resulta muchas veces agobiante para personas que viven de una pensión y que se ven enfrentados al reavalúo de sus propiedades por diversos factores. Este reavalúo genera un alza en las contribuciones que deben cancelarse trimestralmente y que, al no ser pagadas, podrían llevar al propietario hasta la pérdida de su inmueble.

Con el fin de aliviar esa carga existe una norma legal que rebaja el pago a los adultos mayores con un ingreso anual inferior a $7.833.186 ($653.000 mensuales) dueños de una propiedad con avalúo máximo de $91.435.500.

A este beneficio se han acogido 119.005 personas. En el caso de la Región de Valparaíso, donde el monto total de contribuciones en un semestre llega a $67.504.487.882, el pago con beneficios de personas mayores alcanza a $139.922.866.

Con el fin de aumentar esa franquicia el Ejecutivo ha propuesto un tope por inmueble de $128 millones, limitando el monto máximo del pago al 5% de los ingresos del titular.

Se ve en esta iniciativa una buena intención, pero desconoce la realidad en terreno, pues muchas veces como ocurre concretamente en barrios de Viña del Mar y de varias comunas de Santiago los inmuebles sufren reavalúos por cambios en el condición del sector, por la demandas de inmobiliarias para edificación en altura o centros comerciales. Esos emprendimientos, que valorizan el suelo, muchas veces deterioran la calidad de vida de propietarios tradicionales y, lo que es peor, los castigan con una mayor tributación.

Por ejemplo, una propiedad de población Vergara de Viña del Mar, que en el cuarto trimestre de 2009 pagaba cerca de $70.000 por contribuciones ahora, 2019, debe cancelar casi $280.000, debido al reavalúo determinado por Impuestos Internos, monto en base al valor comercial que alcanza el metro cuadrado en el sector.

Esta realidad en casos de personas de la tercera edad, con ingresos limitados y castigados, como se sabe, por altos gastos especialmente en salud, muchas veces lleva a esos propietarios a vender su inmueble ante la imposibilidad de pagar altos tributos. Si se trata de un departamento, la situación es peor, pues el titular también cancela gastos comunes.

Resolver esta situación, que castiga a muchas personas, sería un avance en la agenda social y una señal para aquellos adultos mayores que esperan mayor atención a sus múltiples problemas.