Lo que estamos viviendo en Chile se ha venido incubando hace años. La ciudadanía manifiesta una sensación de malestar y descontento profundo. Si bien la desigualdad económica es parte del problema, hay también desigualdades sociales, territoriales y políticas. Además, los chilenos se sienten vulnerables ante una serie de riesgos vitales que pueden transformar sus vidas: una enfermedad o la pérdida del trabajo. Finalmente, los ciudadanos perciben una asimetría respecto de los castigos que deben enfrentar quienes atentan contra las reglas del juego: cuando un ciudadano medio rompe las reglas enfrenta toda la fuerza de la ley; cuando lo hace un empresario, se le "castiga" con clases de ética. Se ha afirmado, con razón, que la salida a la crisis debe ser institucional. Pero, pareciera que nuestra institucionalidad lleva años sin poder canalizar lo que hoy vemos en las calles. Así, nos enfrentamos a una paradoja: articular una salida a nuestra crisis social pasa, en gran medida, por la institucionalidad política; pero dicha institucionalidad se encuentra en crisis.

¿Cómo salir de esta situación? Sería apresurado e ingenuo intentar reformas políticas profundas en el corto plazo. Por lo mismo, es clave dar una señal clara con una política social que se haga cargo de la demanda por dignidad. Al mismo tiempo, urge buscar mecanismos que, en el mediano plazo, logren encauzar las inquietudes de las personas. Por de pronto, sería pertinente evaluar hasta qué punto el nuevo sistema electoral ayudó a mejorar la representación del Congreso. No obstante, es fundamental mirar más allá; hay que contemplar también la institucionalidad territorial. ¿Hasta qué punto el actual sistema político representa correctamente las diferencias regionales del malestar? En este sentido, la descentralización representa una oportunidad. En la medida que nos tomemos en serio esta discusión, será posible apuntar hacia un diseño institucional que entregue una mayor representación territorial al sistema político a través de los gobernadores electos.

El país enfrenta una situación compleja; sin embargo, una institucionalidad más descentralizada pareciera ser el norte hacia un sistema que a largo plazo sea capaz de identificar y reaccionar a la multiplicidad de problemas que enfrentan los chilenos.

*CMatías Petersen es director de Investigación de IdeaPaís y director del Magíster en Estudios Políticos U. de los Andes.

Redacción

Al menos 40 mil locales del comercio detallista, que venden no más de 7 a 10 millones de pesos mensuales, han sido afectados por los disturbios que han sucedido en el país en las últimas dos semanas. Así lo estimó Germán Dastres, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), en entrevista en radio Cooperativa.

El líder de la agrupación empresarial agregó que firmas metalmecánicas y de muebles también han sido bastante afectadas, no necesariamente por daños a sus establecimientos, sino porque a sus trabajadores les cuesta llegar y también por las dificultades para vender y distribuir. "Las pymes son un sector bastante heterogéneo. Hay más de un millón de empresas en Chile y sobre las 980 mil somos pymes. Los que más han sufrido son la gente que tiene su local en la calle, porque es la que está más expuesta a actos vandálicos", aseguró el dirigente.

Sueldo mínimo

Dastres advirtió sí que las pymes, incluso antes de "la explosión social", vivían problemas económicos. En 1970, recordó, el sector vendía un 50% de lo que se genera en Chile, mientras que hoy vende un 14%. "Si hoy generamos sobre el 50% del empleo y vendemos el 14%, significa que estamos funcionando muy mal", dijo.

El líder de la Conapyme propuso, en todo caso, que antes de determinar medidas que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, es incluso más urgente hacerse cargo de las demandas de la población. "Lo más importante es que el Gobierno solucione lo más rápido posible el problema social", sostuvo. En este contexto, se refirió a una demanda instalada por algunos grupos de subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos. A juicio de Dastres, es una gran iniciativa pero que "muchas pymes no están capacitadas de pagar".

REUNIÓN CoN BRIONES

Germán Dastres también abordó su sensación de la reunión que él y otros dirigentes sostuvieron el jueves con el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la que se analizó la complicada situación que están viviendo las pymes en el país. "Hay un compromiso con las pymes de que va a haber una discriminación positiva sobre la reintegración tributaria", aseguró Dastres, para quien dicha opción ayudará a la economía de los microempresarios.

En la cita con el secretario de Estado se confirmó, asimismo, la postergación en la declaración del IVA sin recargos para mipymes y personas hasta el 10 de noviembre, medida que beneficiaría a 144 mil contribuyentes con el fin de que tengan una cierta holgura y mayor liquidez para afrontar este momento. El presidente de la Conapyme valoró la iniciativa como una importante ayuda para el sector, aunque comentó que hay otros pagos, como "el arrriendo o responsabilidades bancarias", que también deberían detenerse.

Germán Dastres contó que no quisieron "bombardear" al ministro Briones con propuestas, llevándole "una lista de pedidos de supermercado", pero que sí le plantearon la urgencia de analizar en forma urgente que "a las pymes se les pague, por ley, a no más de 30 días".

Lo anterior, expuso el dirigente, solucionaría "un problema de caja enorme", pues a muchas firmas se les cancela 120 o incluso 180 días después de que entregan sus servicios o productos, lo que calificó como "un abuso". Dastres recordó que "todas las empresas, por chiquititas que sean, deben pagar sueldos y arriendos cada mes".

La crítica situación de las empresas más pequeñas también fue abordada por Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación Multigremial Nacional de Emprendedores.