Valparaíso es una de las regiones con el mayor número de habitantes de nuestro país. En lo que respecta al cumplimiento de la ley N° 21.015, esta aporta con el 7,5% de personas con discapacidad contratadas, habiéndose generado a la fecha un total de 1.253 contratos.
Si bien, el número de contratos que se ha generado a la fecha es significativo, la cantidad de personas que se ha incorporado al mundo del trabajo no deja de ser inferior, considerando que más de 17% de la población adulta de la región se encuentra en situación de discapacidad. De este porcentaje, sólo el 35% participa del mercado laboral, según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad elaborado por Senadis en el año 2015.
En este sentido, cabe analizar algunas variables que podrían estar generando el alto número de desempleo de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales y que aún persiste en la región.
Si bien la región cuenta con una importante red de transporte público, esta no reúne las condiciones de accesibilidad universal, dificultando así el desplazamiento autónomo y seguro de personas que presentan alguna situación de discapacidad física, quienes no pueden salvar los peldaños de los buses, o hacer uso del servicio de colectivo.
La política de transporte público de la región carece de un enfoque hacia las personas en esta condición, lo cual merma las posibilidades de inclusión laboral.
Por su parte, se aprecia un escaso cumplimiento del decreto supremo Nº 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual regula la accesibilidad universal en los espacios de uso público.
Esto, porque la geografía de la región, complementada con su infraestructura, genera un espacio de escasa o nula accesibilidad, dificultando su desplazamiento autónomo y seguro, lo cual demora sus traslados y complica sus desplazamientos en trayectos cortos, y más aún en trayectos de una comuna a otra.
Con esto, los mayores avances en materia de cumplimiento de la citada normativa se aprecian en los sectores céntricos de las grandes ciudades, pero no así en aquellas denominadas como dormitorios o en los cerros, lugares donde habita la mayoría de la población.
Una tercera variable que quisiéramos presentar para este análisis tiene que ver con las bajas remuneraciones que se ofrecen a este grupo de la población, cuya media asciende a la suma de $376.250, según el reporte de Inclusión Laboral de la Dirección del Trabajo con fecha de abril 2018 a septiembre 2019.
Es importante señalar que una persona bajo alguna limitación que recibe algún tipo de pensión, complementada con algún subsidio o aporte del Estado y/o con alguna actividad económica informal que le demande poco tiempo de ejecución, podría igualar o incluso superar el ingreso que en la actualidad reciben las personas con discapacidad en el mercado formal.
Considerando todo lo anteriormente expuesto, es importante tener presente que una política de inclusión laboral no puede desarrollarse de forma aislada para asegurar su éxito, es decir, debe ser acompañada por un sistema integral de inclusión, que no sea una legislación en letra muerta, sino que pueda tener cumplimiento y ser fiscalizada por los órganos pertinentes.
Asimismo, es fundamental que los puestos de trabajos que se habiliten no sólo sean aquellos de calificación más bajas o que reporten menores ingresos, ya que existen personas con discapacidad con mayor calificación, con títulos técnicos o profesionales que podrían desempeñar funciones de mayor complejidad y así tener un mejor sueldo, lo cual pareciera ser difícil de alcanzar en la quinta región.