Después de anunciar diez medidas para fortalecer el orden público, el Presidente Sebastián Piñera encabezó en el Palacio de La Moneda una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que convocó para las 19 horas.

En la instancia, que asesora al Mandatario en materias de seguridad nacional y duró dos horas, participaron los presidentes del Senado, Jaime Quintana; de la Cámara de Diputados, Iván Flores; y de la Corte Suprema, Haroldo Brito; además, los comandantes en jefe del Ejército, Ricardo Martínez; de la Armada, Julio Leiva; y de la Fuerza Aérea, Arturo Merino; el general director de Carabineros, Mario Rozas; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; y los ministros del Interior Seguridad Pública, Gonzalo Blumel; y de Defensa, Alberto Espina.

Tras la reunión, el ministro Blumel explicó que el objetivo fue doble: "Informar de la situación del país, en particular de los graves hechos de alteración del orden público de los últimos días, y compartir dicha información con todos los poderes del Estado que forman parte de este consejo". También, para solicitar "máxima colaboración y coordinación para poder ir superando esta crisis e ir fortaleciendo el orden público y las seguridades fundamentales de todos los chilenos".

Al Congreso, por ejemplo, el Gobierno pidió apurar la tramitación de cuatro leyes para fortalecer la seguridad pública; al Poder Judicial se le pidió máxima diligencia y rigor en "todos los casos que se han hecho públicos, como los daños causados al Metro o las denuncias en vulneraciones a derechos fundamentales en actos donde participaron efectivos de fuerzas de orden y seguridad", dijo Blumel.

A las fuerza de orden y seguridad, en tanto, se les pidió fortalecer la coordinación para mantener el orden público; y a las Fuerzas Armadas, aportar en las labores de inteligencia.

Poco antes de la reunión, el presidente del Senado, Jaime Quintana, advirtió que "no estoy de acuerdo con la convocatoria que ha hecho el Presidente al Cosena. Chile no está en guerra. Y si bien tenemos graves problemas de orden público, no está en riesgo la seguridad nacional. Asistiré solo por la responsabilidad de mi cargo, y pediré publicidad de la sesión".

Al salir, dijo que "yo le hice un llamado al Presidente a tomar un camino distinto al que ha tomado ahora. En los próximos días el Senado va a empezar a discutir proyectos de plebiscito, más de 300 alcaldes reunidos en Santiago han señalado que inician un proceso de consulta y, por lo tanto, el Gobierno se está quedando atrás y eso es preocupante".

Equipos especiales

Más temprano, al presentar la agenda proseguridad (ver lista), Piñera dijo que las medidas buscan "fortalecer la eficacia" de Carabineros, de la PDI y de otras que colaboran en "resguardar el orden público, combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanos".

La agenda incluye un proyecto que endurece las penas para quienes realicen saqueos de quienes se valgan de la multitud por alteración del orden público; poner discusión inmediata al proyecto antiencapuchados, que penará con mayor rigor a quienes lleven a cabo desórdenes públicos ocultando su identidad; y dar urgencia al proyecto que permite combatir mejor los delitos que se realizan con barricadas.

El Presidente destacó también la creación de un equipo especial de investigación de saqueos, destrucción y vandalismo, integrado por la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones, "de forma tal de poder analizar la información, tener la capacidad de anticiparse a actos delictuales y proveer al Ministerio Público de la información necesaria para que su investigación penal" tenga éxito. También se reforzará la capacidad para recibir denuncias ciudadanas.

Se ingresará además un proyecto que regulará y sancionará con mayor fuerza los daños y atentados contra Carabineros, la PDI y Gendarmería, por medio de la creación de un estatuto de protección; y se pondrá discusión inmediata al proyecto de ley que moderniza y refuerza el sistema nacional de inteligencia, así como mayor urgencia al que moderniza las policías.

Carabineros ha detenido a 759 personas en el país por cometer delitos graves

Más de 700 personas han sido detenidas por la comisión de delitos graves en el marco de los hechos de violencia de las últimas semanas en el país.

Tales aprehensiones han estado a cargo de equipos especializados de Carabineros (OS-7, OS-9 y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos) a partir de órdenes de investigar. Los operativos han estado orientados a la identificación de personas y grupos criminales "dedicados a la desestabilización del orden público y a distintos delitos graves durante los actos masivos de protestas a nivel nacional".

Se trata de robos, ataques incendiarios, daños, lesiones, atentados a unidades policiales y saqueos, entre otros hechos, por los cuales, hasta ayer en la mañana, se había detenido a 759 personas en el país.

"al límite"

Ayer, la ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, se refirió a la situación de Carabineros a propósito de su trabajo ante las protestas y los disturbios. "Yo creo que Carabineros está al límite. Yo quiero ser honesta: están cansados", dijo en La Moneda.

Consultada por presuntos excesos cometidos por uniformados, respondió: "Hay que decir que cada uno de los funcionarios que se salen del protocolo, cometen abusos o uso excesivo de la fuerza, o delitos, tienen que ser condenados con la mayor fuerza. Tienen que iniciarse acciones administrativas, penales". Advirtió que "siempre las instrucciones que se dan por parte del Estado son respetar los derechos humanos, y hay protocolos del uso de la fuerza y eso es lo que se tiene que respetar. Lo que nos ha pasado es que algunos no cumplieron esos protocolos".

Arresto

De esos excesos, ayer hubo dos carabineros que recibieron diversas medidas por su actuar. Uno es Humberto Tapia, imputado por el delito de apremios ilegítimos por disparar al interior del Liceo 7 Teresa Prats, en Santiago, donde dos estudiantes recibieron perdigones. Quedó con arresto domiciliario nocturno.

Otro, que será sumariado en la institución, es un funcionario que al detener a un escolar en Rancagua en una protesta, lo usó como "escudo" humano.