Katherine Escalona

de 20 recursos de amparo hasta la fecha

El 19 de octubre la Región de Valparaíso fue epicentro de las primeras manifestaciones del estallido social que, un día antes, se había producido en la Región Metropolitana y que, poco a poco, se tomó el resto del país. Ante este panorama, el Gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda en diferentes regiones, incluida Valparaíso.

Desde ese día a la fecha se han realizado diversas protestas y, ad portas que se cumpla un mes de los hechos, la Corte de Apelaciones de Valparaíso contabiliza un total de 43 recursos de amparo y un recurso de protección recibidos, principalmente, por el estado de excepción y toque de queda que operó en toda la región.

Causas que han sido rechazadas, porque la restricción de libertad estaba supeditada el toque de queda, decisión que fue levantada por el Presidente Sebastián Piñera el 26 de octubre pasado.

El estado de emergencia

Hasta la fecha, 26 son los recursos de amparo que han sido rechazados por el tribunal de alzada, y sólo se detecta un caso en donde se desistió de seguir con la acción penal. Otras once causas siguen en proceso penal y están en diferentes etapas judiciales, y cinco fueron declaradas inadmisibles.

Sobre cómo ha sido el proceso, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Alejandro García Silva, aseveró que "lo que ha resuelto esta Corte de Apelaciones es una señal de que se hace respetar tanto la ley como la dignidad de las personas".

Detalló: "Hay casos que fueron rechazados porque aludían a la aplicación del toque de queda que luego se levantó, por lo que quedaron fuera de plazo; otros tantos fueron declarados inadmisibles, algunos están con informes pendientes y cuatro se acogieron".

"Estos últimos son casos en que se acreditó que existían excesos en los procedimientos policiales, y si esos excesos se producen, entonces se sancionan. No son la gran mayoría, por lo que si ha habido se ha mandatado que se apliquen medidas o investigaciones", sostuvo.

Es así como los rechazados, mayoritariamente, corresponden a recursos de amparo por el toque de queda, en donde se denunciaba libertad restringida y detenciones ilegales por parte de carabineros o militares. Sin embargo, por ser una acción en contra del toque de queda que fue decretado por el Presidente Sebastián Piñera la madrugada del 20 de octubre y fue levantado siete días después, fueron rechazados porque la acción restrictiva que prohibía el libre desplazamiento y la reunión ya no regía en la región.

Estos recursos de amparo, en su mayoría, fueron en contra del Contraalmirante Juan Andrés de la Maza, quien estuvo como jefe de zona de la Defensa Nacional en la Región de Valparaíso durante el Estado de Emergencia, en que se ocupó personal del Ejército y la Armada para el control del orden público.

Respecto a los recursos que están en diferentes etapas procesales seis se encuentran con solicitud de informe; uno está en acuerdo; y cuatro fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Los que fueron solicitados informes corresponden a casos principalmente de apremios por parte de Carabineros.

Causas investigadas

El primero de los casos donde se solicitó información es un recurso de amparo interpuesto por la detención ilegal de un joven en Viña del Mar, acción que fue interpuesta en contra de Carabineros, y por el cual, el tribunal de alzada solicitó información al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, a la Armada y a la Policía de Investigaciones.

Lo mismo se realizó con una persona en la avenida Pedro Montt, comuna de Valparaíso, por un arresto indebido por parte de Carabineros. Está acción judicial se presentó en contra del general de la V Zona de Carabineros, Hugo Zenteno.

La tercera solicitud de información que realizó la Corte porteña es en base a un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública a favor de 12 personas que fueron apresadas en una manifestación pacífica en Villa Alemana, el pasado 21 de octubre.

En la audiencia de control de detención el defensor público, Camilo Rore, solicitó al juez de garantía resolver la ilegalidad de la detención, lo que fue acogido por el tribunal. El juez estableció que existía tal situación "atendido lo expuesto por la defensa y habiendo sido agredidos por funcionarios de la Armada de Chile, y obligados a sacarse la ropa y siendo rescatados literalmente por Carabineros, se declara ilegal la detención".

Una situación similar ocurrió en el caso dos mujeres tomadas en las afueras del supermercado A Cuenta, en Valparaíso, acción que fue interpuesta -al igual que en el caso anterior- en contra del Contraalmirante Juan Andrés de la Maza.

La quinta solicitud de informe se realizó por dos mujeres en Quillota, a las que obligaron a hacer sentadillas desnudas. Por lo mismo, la acción judicial es en contra del jefe de Carabineros de la V Zona, general Hugo Zenteno y el director regional de Gendarmería, Coronel Alejandro Troncoso Chaparro.

El último caso corresponde al hecho ocurrido el viernes de la semana pasada en el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, en donde ingresó personal policial al patio del centro asistencial, donde se encontraban pacientes y funcionarios.

Éste causó diversas reacciones en contra del actuar de Carabineros y el director del hospital Gustavo Fricke, Leonardo Reyes, en su momento afirmó que hubo lanzamiento de balines y lacrimógenas dentro del recinto asistencial, lo que habría causado un ambiente de crisis y caos en pacientes y funcionarios.

Por esto, la acción judicial fue interpuesta por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, a favor de 12 funcionarios y usuarios en general, y en contra de Carabineros por el ingreso al recinto asistencial para reprimir a manifestantes.

La tramitación de las causas no ha sido tarea fácil, ya que como todas las personas e instituciones del país, el Poder Judicial también se ha visto afectado. Ello porque los juzgados y tribunales de la jurisdicción Valparaíso no sólo han debido ajustar sus horarios, tanto para usuarios como funcionarios, sino que también sus labores se han visto interrumpidas por algunos destrozos.

Según comentó el presidente de la Corte de Apelaciones, Alejandro García Silva, "las manifestaciones y el ajuste horario para brindar seguridad a las personas, ha hecho que el Poder Judicial esté trabajando más en horario de la mañana, porque los funcionarios deben volver a sus domicilios y esto se hace muy difícil algunos días. Por lo que todas las gestiones que se suelen realizar por la tarde, como preparar audiencias, se han visto impedidas de continuar por la fuerza de las circunstancias".

Debido a lo mismo se han tenido que suspender o reagendar tanto audiencias como juicios, quedando algunas para el 2020. Detalló, además, que es en los Tribunales de Garantía donde "se ha observado mayor trabajo, debido al aumento de controles de detención por el alza de detenidos", algunos de los cuales pasarán a "los Tribunales Orales, por lo que se van a empezar a tramitar ya para el próximo año".

"En todo caso, en lo que es la contingencia, no se ha dejado de recibir a ningún detenido, se han formalizado cuando han debido hacerlo, y tanto los funcionarios como los jueces han redoblado los esfuerzos para dar las atenciones las personas", sostuvo García Silva.

Y acotó: "El Poder Judicial ha seguido actuando, hacemos todo el esfuerzo posible para que la gente siga recurriendo a la justicia. En tiempos de convulsión social, el Poder Judicial le da certezas jurídicas y garantías a las personas, incluso en el estado de emergencia, porque estamos preocupados de que la dignidad de las personas sea respetada".

Respeto a la constitución

En cuanto cómo asume el Poder Judicial el acuerdo por la nueva Constitución, el presidente de la Corte de Apelaciones, Alejandro García Silva, sostuvo que "los ciudadanos pueden tener la garantía, la tranquilidad, de que lo que se establezca se hará cumplir".

"Es nuestra labor hacer cumplir la ley, y por supuesto, la Constitución. Lo más probable es que habiendo nueva Constitución, haya que dictar leyes complementarias que cumplan con lo que la ley ha ordenado", explicó.

Finalizó advirtiendo que el Poder Judicial "no tiene participación en la formulación de una nueva Constitución, pero si se mantienen algunos preceptos que contiene la de hoy, se considera que el Poder Legislativo consulte su opinión sobre algunos aspectos a modo de referencia. En todo caso, hablar de esto hoy es un poco anticipado".

"En tiempos de convulsión social, el Poder Judicial le da certezas jurídicas y garantías a las personas, incluso en el estado de emergencia"

Alejandro García Silva, Pdte. Corte de Apelaciones