El estado de movilización social que está registrando Chile, al parecer, no tiene precedentes en la historia del país. El tamaño de las demandas ciudadanas son de tal envergadura que sobrepasan el crecimiento económico, ya disminuido, que no alcanzará al 2% al cierre del año en curso. Además, se visualiza un aumento del desempleo por sobre el 10% para el primer trimestre de 2020.
Las cifras para el año entrante serán aún peores si no se genera un paquete de soluciones económicas inmediatas por parte del Gobierno. Chile podría crecer en 2020 bajo el 1,5%, manteniendo un déficit fiscal acumulado de casi 26% del PIB, con un ritmo de crecimiento de tal déficit del 2% anual promedio. En función de esto, urgen medidas correctivas para corregir el rumbo perdido e impedir una recesión económica.
Es sabido que la inversión en infraestructura incrementa el producto interno bruto de los países PIB. Esto se conoce como la elasticidad de la infraestructura, la que varía entre un 0,16 y 0,26 de impacto en el PIB, según se indica en estudio de CEPAL ONU "Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual" año 2004, de los autores Ricardo Sánchez y Patricio Rozas.
Las inversiones que se generen en infraestructura de logística nacional (puertos, trenes, carreteras, aeropuertos y pasos fronterizos) por la vía de las concesiones privadas, deben regular sus precios a la baja (reajustar precios por IPC) y no al alza. Es decir, llegó el momento que Chile revise su política de dotación de infraestructura critica para el desarrollo, asegurando la movilidad de la población y generando ciclos virtuosos de crecimiento, sin gravar la movilidad de las personas con precios altos que restringen el crecimiento económico.
En el caso de la infraestructura carretera, los precios de peajes y usos del tag, a nivel nacional, se deben relacionar con parámetros como el sueldo mínimo, es decir, debe ser una infraestructura que incluya y no que excluya, pues se debe considerar que, según CASEN 2017, son más de 650.000 las personas que se encuentran en condición de pobreza multidimensional (4 dimensiones) y que usan medios de transportes motorizados para su movilidad, esto es sin contar los sectores medio-bajo y sectores medios, donde el monto de personas aumenta considerablemente.
En el caso de los sistemas de transporte público a nivel nacional, se debe generar una nueva política que tienda a relacionar los precios de las tarifas con los sueldos mínimos, de modo que ningún grupo familiar (4 personas) gaste sobre el 10% de la renta mínima mensual en transportes. Por otra parte, se debe considerar la compra de pases mensuales rebajados con tarjetas inteligentes, para el uso sin restricción de todo el sistema.
El Estado debe garantizar la movilidad de las personas, pues el transporte es una demanda derivada de una actividad. Esto quiere decir, si las personas no se pueden mover, entonces cae el nivel de actividad económica y, por lo tanto, cae el producto interno bruto PIB. Por este motivo, es crucial que lo antes posible desde el Gobierno se implemente un plan de normalización de los sistemas de transportes, con la finalidad de que no siga a la baja la economía del país. Si se normalizan los sistemas de transportes, se normaliza la actividad comercial.
Felipe Ulloa
Exconsultor de CEPAL en infraestructura