La Justicia argentina impuso ayer penas de 42 y 45 años de prisión a los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, respectivamente; y de 18 años al jardinero Armando Gómez por abusos sexuales a alumnos con discapacidad auditiva en un instituto de la provincia de Mendoza.

Las tres personas fueron declaradas culpables de diversos delitos sexuales, con diversos agravantes por tener a su cargo a los menores, en un total de 25 casos sucedidos en el Instituto Antonio Próvolo.

La investigación del caso comenzó a fines de 2016, cuando un exalumno hipoacústico -que actualmente tiene 19 años- del instituto de la localidad mendocina de Luján de Cuyo y cerrado desde diciembre de ese año, denunció haber sufrido abusos en el centro por parte de Corbacho cuando tenía 5 años.

En los diversos registros realizados en el instituto se encontraron videos que supuestamente contenían pornografía y 550.000 pesos (unos 8.800 dólares).

Antecedentes

La causa ya tiene como condenado al monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó el año pasado, durante un juicio abreviado, que fue autor de once abusos y tendrá que cumplir diez años de prisión.

El instituto Próvolo cuenta con una sede en Verona (Italia), donde en 2009 un grupo de 67 exalumnos denunció abusos por parte de varios sacerdotes, entre los que se encontraba Corradi, oriundo de la ciudad italiana, según testimonios como el de Ana Franchetto, quien afirmó que el cura que hoy fue condenado le "arruinó la vida".

En 2014, una delegación de antiguos alumnos sordos del centro italiano se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano para entregarle una carta con los nombres de los 25 sacerdotes presuntamente pederastas que había en ese lugar y alertando de la presencia de Corradi y otros religiosos en Argentina.

En el caso argentino hay también imputadas dos monjas, en arresto domiciliario, por el encubrimiento de los abusos sexuales, que serán juzgadas en piezas separadas.

Una de las monjas es Kosaka Kumiko, de origen japonés, sobre quien una supuesta víctima señaló que había sido quien le puso el pañal tras la violación que sufrió, presuntamente por parte de Corbacho, para ocultar que había sido violada, lo que la hace presunta cómplice del delito del abuso.

La religiosa negó los hechos por los que se le acusa en las varias declaraciones que realizó frene a la Fiscalía durante este año.

Familiares de los 32 fallecidos durante más de un mes de protestas en Bolivia han pedido justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó al país para investigar los sucesos que precipitaron la renuncia de Evo Morales tras unas elecciones calificadas de fraudulentas.

La Comisión llegó ayer a Sacaba, en las afueras de Cochabamba, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.

"Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones", dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.

"Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos", les dijo Abrao a los familiares, con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.

En un comunicado la semana pasada la CIDH condenó el "uso excesivo de la fuerza" policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su "profunda preocupación" por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.

Las autoridades colombianas expulsaron ayer a 59 ciudadanos venezolanos que al parecer estuvieron involucrados en las protestas antigubernamentales que han dejado tres muertos y decenas de heridos.

Migración Colombia informó en un comunicado que la medida se tomó luego de que "según reportes entregados por las demás autoridades, estos extranjeros estarían realizando en Colombia una serie de actividades que podrían en riesgo el orden público y la seguridad nacional".

A su vez, el director general de Migración, Christian Kruger, señaló que "no vamos a permitir que ningún ciudadano extranjero afecte nuestra tranquilidad. Hemos respetado su participación dentro de las marchas. Les hemos tendido la mano a aquellos, que como el pueblo venezolano, lo han necesitado. Pero lo que no vamos a tolerar es que un grupo de desadaptados venga a afectar la seguridad de nuestras ciudades".

La policía metropolitana de Bogotá apoyó el trasladado de los venezolanos al aeropuerto militar, donde abordaron un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que los trasladó a Puerto Inírida. Desde allí un buque de la Armada colombiana los transportará hasta la ciudad venezolana de San Fernando de Atabapo para entregarlos a las autoridades de ese país.

Ayer, los colombianos volvieron a las calles por quinto día consecutivo para protestar contra el Gobierno, en manifestaciones que coincidieron con las movilizaciones por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.