Cristián Rodríguez F.

Apesar de que hasta la tarde de ayer continuaba sesionando la comisión mixta de Presupuesto con el objetivo de destrabar el erario del próximo año, ya está prácticamente sentenciado que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para Valparaíso en 2020 bordeará los $80 mil millones, tal como lo propuso Hacienda.

A principios de octubre, antes de que se iniciaran las extensas jornadas de movilización y de violencia a lo largo del país, la Dirección de Presupuestos (Dipres) fijó en $79.102 millones el monto de libre disposición para la Quinta Región, lo que representa un incremento de un 2,5% respecto de lo aprobado para este año, que fue de $77.153 millones.

Si bien dicha partida del Ministerio de Interior no fue rechazada por la Cámara de Diputados, las objeciones que existieron en otros 18 temas impidió que el monto final se diera a conocer antes de que el proyecto estuviera aprobado por completo. De todas maneras, desde los equipos de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) e Isabel Allende (PS) confirmaron que la cifra se acercaría a la que propuso la Dipres al inicio de la tramitación.

Críticas al presupuesto

Aunque a principios de octubre el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, calificó los $79.102 millones como "una buena noticia" -aventurando incluso que los recursos podían incrementarse durante la próxima ejecución presupuestaria-, lo cierto es que el monto final se aleja bastante de las expectativas que tenía el Gobierno Regional (Gore) porteño.

Lo anterior, luego que a mediados de año el propio intendente se reuniera con las autoridades de Hacienda y la Dipres para solicitar un FNDR de $93 mil millones, especialmente para enfrentar los innumerables problemas que aquejan a la zona, como la sequía y la crisis medioambiental.

Para la consejera regional Nataly Campusano (FA), una de las razones que a su juicio explicaría el "fracaso" en la obtención de un mayor presupuesto fue la decisión del Core de no aprobar el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI).

"El Core fue el único a nivel nacional en rechazarlo porque no estaban reflejadas las temáticas centrales de la región. Y pareciera ser que no se han escuchado las demandas sociales que se han levantado, y eso se ve reflejado en el presupuesto insuficiente que tendremos", cuestionó la consejera.

Glosa para valparaíso

Si bien aún resta esperar por la cifra final del FNDR, ya existen algunos acuerdos que suscribió la comisión mixta. Uno de ellos, la glosa de $1.000 millones para la demolición de viviendas en peligro de derrumbe en Valparaíso, que justamente fue solicitada tras el fatídico desplome de una casa a mediados de agosto que dejó a seis personas fallecidas.

Un aporte que, sin embargo, no dejó conforme al alcalde Jorge Sharp (FA), quien había pedido una glosa de US$ 1.000 millones, apelando a que además de demoler una serie de viviendas también había que reconstruir otros inmuebles.

"Es primera vez que Valparaíso tendrá una glosa presupuestaria propia, por lo que valoramos las gestiones de los senadores Allende y Lagos Weber. Sin embargo, los montos que propuso el Gobierno son insuficientes", cuestionó el alcalde, insistiendo en que "no se trata sólo de demoler, sino que de reconstruir, y para eso necesitamos recursos frescos para sacar adelante la ciudad".

En esa línea, y para evitar posibles irregularidades, la comisión mixta dejó establecido que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) deberá informarles de manera trimestral el uso de dichos recursos para la regularización de los bienes que estén en peligro.

En tanto, la comisión fijó el mismo requisito para conocer el estado de las inversiones en los ascensores porteños.

Obligaciones regionales

A nivel regional, también se deberá ir dando a conocer trimestralmente el plan anual de inversiones y desarrollo en toda la zona, especialmente lo relativo al Puerto de Gran Escala (PGE) de San Antonio, cuyo estudio de impacto ambiental debió ser postergado para marzo del próximo año a raíz de las movilizaciones en el país.

Asimismo, como parte del acuerdo el Ministerio de Transportes deberá informar sobre el estado de la licitación del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV), mientras que el Serviu deberá hacer lo propio con la construcción de los parques urbanos, como el del sector de Barón.

En cuanto a la sequía que afecta a la zona interior, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tendrá que ir detallando "el estado de avance, la fecha de término de las obras y el monto de inversión de la construcción o ampliación de todos los sistemas APR (Agua Potable Rural) comprendidos en la Agenda Hídrica 2019-2022".

Sin duda, los avances en nuestro sistema tributario han ayudado a un crecimiento sostenido, propendiendo hacia una mejor distribución y modernización del Estado. De esta forma, bajo la lógica de responder a la desigualdad patrimonial que ha dado lugar a diversas críticas y observaciones, ha tenido lugar hace unos días, un acuerdo de entendimiento tributario entre Gobierno y oposición. Dicho logro vislumbra, en primer término, la ya anticipada conclusión de que el Proyecto de Modernización Tributaria no arribará a buen puerto en los términos inicialmente previstos.

Ciertamente, los cambios anunciados comportan una reformulación medular de la reforma tributaria original, los cuales deberán ser analizadas conforme al impacto que tengan los mismos en el crecimiento económico y en la redistribución de la riqueza. Un ejemplo claro de lo anterior es el principal caballo de batalla del proyecto, es decir, la reintegración del sistema. Con este acuerdo, se concreta el rechazo a la integración total del sistema tributario, relegándolo sólo a las pymes. En este contexto, las medidas propuestas dicen relación, primero, con una reforma tributaria que recaude progresivamente; segundo, cambios tributarios generales propymes; en tercer lugar, una modificación tributaria que tenga incentivos potentes a la inversión, que contengan las fugas de capital y promuevan el crecimiento; y, en cuarto lugar, un marco tributario que sea de ayuda al adulto mayor. Así, por lo anterior, se habría establecido un borrador que desecharía la integración del sistema tributario, reservando tal beneficio en favor de las pequeñas empresas bajo el sistema de renta actual. Adicionalmente, se crearía un nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario y un nuevo tributo a los fondos de inversión privados, los cuales serán implementados en forma progresiva. Con eso y todo, la limitación y eventual eliminación gradual del crédito utilizado por los contribuyentes, cuando estos sus utilidades sean absorbidas por las pérdidas, sería uno de los puntos que Hacienda habría estado dispuesto a tratar.

Sabido es que toda democracia debe construirse en aras de mutuos acuerdos, de manera tal que el "espíritu constructivo" que se ha logrado entre nuestras autoridades podría ser un nuevo comienzo para una implementación tributaria oportuna que permita eficiencia económica y distribución. En este sentido, haber desechado la reintegración del sistema para las grandes empresas mantendría vivo el incentivo a la inversión para los segmentos pymes, suponiendo, a la vez, aplicaciones de nuevos impuestos a la población con mayor poder adquisitivo, esperándose, de este modo, en concepto del señor Montes, US$1.000 a US$1.200 millones adicionales; en otras palabras, será menester ajustar los impuestos personales para que estos contribuyan a disminuir las antes dichas brechas entre los mayores ingresos y el resto de la sociedad.

Finalmente, cabe hacer presente que conforme a las cifras estimadas por el ministro de Hacienda, para recaudar los US$1.200 millones requeridos se hará efectivo el aumento de tramo al global complementario de 35% a 40% para aquellos sueldos superiores a 15 millones de pesos brutos, y por otro lado el impuesto al patrimonio inmobiliario, que tendrá como base la suma de todos los avalúos fiscales de dichos bienes raíces, con un tramo de exención de 400 millones. Con tramos siguientes entre los 400 y 700 millones, a una tasa de 0,075%, otro tramo de 700 a 900 millones, con tasa de 0,15% y finalmente un tramo sobre los 900 millones, con tasa de 0,275%.

Así las cosas, creemos que este acuerdo puede ser un atisbo de un desarrollo tributario progresivo y sostenible que, a la vez, cumple con modernizar el sistema y a la vez redistribuir la riqueza nacional.

Marcelo Goldsmith