La presentación de la querella por el delito de propagación de agentes contaminantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los seis ejecutivos de Enap que serán formalizados hoy por su presunta responsabilidad en los episodios de intoxicación masiva en Quintero, Puchuncaví y Talcahuano, ocurridos en año pasado, generó duras críticas por parte del abogado defensor de los funcionarios, Cristián Muga.
El profesional aseveró que la acción judicial del CDE, que ahora pone a la entidad fiscal como querellante de la causa, podría generar un conflicto de interés porque el organismo - según afirmó y como lo estipula la Ley Orgánica del CDE- "debe asumir la representación judicial del Fisco en todos sus procesos y asuntos que se ventilan ante los tribunales, cualquiera sea su naturaleza, salvo que la ley haya otorgado esa representación a otro funcionario".
Esto, explicó Muga, significa que "de acuerdo a Ley, es el CDE quien debe defender a las empresas públicas en los juicios civiles que intenten los querellantes, lo que pondrá a esta institución en un conflicto de interés: será querellante en la causa penal y, al mismo tiempo, deberá defender a Enap por los mismos hechos en las demandas civiles".
Mientras, respecto de la presentación de la querella por parte de las municipalidades de Quintero y Puchuncaví, quienes también serán querellantes en la causa, el abogado precisó que "no tenemos opinión" y, en este sentido, dio a conocer que "sólo esperamos una actuación responsable en la audiencia no sólo de estos querellantes, sino de todos".
Formalización
Hoy, a las 8.30 de la mañana, en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, partirá la audiencia de formalización contra seis ejecutivos de Enap y un trabajador que prestaba funciones externas cuando ocurrieron dos episodios contaminantes: en Talcahuano el 4 de agosto de 2018 y el 21 de agosto en Quintero y Puchuncaví.
Las causas fueron indagadas por separado por el Ministerio Público, entidad que después de un año del hecho y tras acumular 20 tomos de investigación, logró establecer que existía "la convicción" de que se trataba del mismo hecho contaminante.
En este sentido, tomó relevancia la hipótesis recabada a través de investigaciones periodísticas, de que en ambos casos hubo incidencia del crudo iraní -"Iranian Heavy"-, combustible que tiene altas concentraciones de ácido sulfhídrico (H2S), un elemento que bajo ciertas condiciones atmosféricas o de manejo puede provocar mareos, náuseas y vómitos.
Por estos hechos pasan en calidad de imputados Edmundo Piraino Suez, gerente de Enap Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Enap Refinerías Biobío; Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua, y el capitán de marina mercante Joseph Darlington Flores, quien trabaja en una empresa prestadora de servicios de Enap.
Sobre el proceso, Muga recalcó que "esperamos tener la oportunidad de explicar al tribunal las razones por las cuales no tenemos vinculación y que ninguna medida cautelar intensa posee justificación".
Añadió que si la causa escala a un juicio oral presentarán las pruebas. "Los informes periciales y distintas modelaciones descartan a Enap como causante", concluyó.
"Es el Consejo de Defensa del Estado es quien debe defender a las empresas públicas en los juicios civiles"
Cristián Muga, Abogado defensor de Enap
