Paola Passig

A casi seis semanas de que los chilenos salieran a las calles masivamente exigiendo un conjunto de demandas sociales a través de manifestaciones pacíficas, el proceso -que logró un acuerdo transversal por un cambio de Constitución- ha estado acompañado por incendios y saqueos de grupos delictuales, además de denuncias de violaciones a los DD.HH. por parte de las fuerzas policiales. En medio de la crisis, un grupo de figuras históricas del PS advirtieron, a través de una carta, que los ataques a la democracia "facilitan aventuras autoritarias y peligrosos populismos". El jefe de la bancada de diputados del PS, Manuel Monsalve, analiza el escenario político.

-¿Qué opina de la carta de los 90? ¿Comparte la mirada?

- Yo respeto la opinión de los militantes y de quienes firmaron la carta, pero creo que hay una posición unívoca del partido. Creemos que las crisis sociales se superan en paz, en democracia y usando todas las herramientas que están al alcance dentro de la institucionalidad. Eso justifica que el partido concurriera a la cita con fuerzas oficialistas para llegar a un acuerdo que abriera un camino que permitiera tener una nueva Constitución y devolverle soberanía popular al pueblo chileno en momentos en que los chilenos no confían en el Gobierno ni en el Parlamento.

- ¿Considera injustas las críticas de estos militantes al PS?

- Hay una preocupación legítima. Sí creo que hay una discusión de cómo se entiende la responsabilidad del PS con la democracia y la institucionalidad; y si el PS quiere ayudar a salir de esta crisis, tiene que tener cierta capacidad de representatividad. El PS tiene una posición bien compleja, tenemos la convicción de que se requerían reformas profundas y la Presidenta Bachelet intentó hacerlas. Logró algunas y no pudo impulsar otras. Lo que quiero decir es que el PS está por los cambios, pero esa posición debe ser nítida para los chilenos y deber abrir canales institucionales, debe rechazar la violencia y debe defender los DD.HH. en forma irrestricta. Siento, sí, que esta crisis encontró a los partidos de oposición sin la fortaleza institucional necesaria para ayudar a restablecer la convivencia social con más rapidez. Sin embargo, sería soberbio decir que alguien tiene la respuesta para lo que ha ocurrido, aunque creo que la lectura de Bachelet era más cercana a la realidad de la que tuvo este gobierno.

- ¿Afectó la crisis interna del PS en la elección?

- En política hay algo esencial: el prestigio. Y cuando una persona o una institución pierde prestigio es muy difícil cumplir el rol de representación. La elección interna y especialmente la vinculación con el narcotráfico, que la considero injusta, afectó su prestigio y debilitó su capacidad política en un momento que requería toda su capacidad.

- Las manifestaciones siguen. ¿Es suficiente este acuerdo constitucional?

- No. No lo es en dos ámbitos. Primero, carece de legitimidad suficiente y esa legitimidad hay que ampliarla. Eso implica resolver el sistema de cómo se elige y se garantiza que esa convención o asamblea constituyente sea representativa: la paridad de género, la presencia de cuotas para los pueblos originarios y la necesidad de abrir mecanismos adecuados para la igualdad de condiciones de los independientes. Hasta ahora, y aquí hay que hacer un llamado a la UDI y al Gobierno, ellos insisten en bloquear aquellos acuerdos que permitan ampliar la legitimidad del acuerdo constitucional y eso no ayuda a salir de la crisis. El segundo tema que se ha instalado es la violencia y los saqueos. Y esto es violencia delictual.

- ¿Cómo se enfrenta?

- En el país hay dos estados. Uno es el estado de desobediencia civil que tiene fundamentos de desigualdad, de injusticia y de rabia y que ha sido tan masivo que hace que las capacidades policiales se tengan que redirigir. ¿Para qué está la PDI y Carabineros? Para prevenir y combatir la delincuencia, pero hoy tienen que hacer frente a las manifestaciones y a las acciones delictuales. Ahora, el Presidente quiere incorporar a los militares porque las policías se le hacen insuficientes.

- ¿Cuál sería una salida?

- Si el Presidente tuviera convicción de recuperar la estabilidad social en paz estaría dispuesto a llamar a los dirigentes sociales, a llamar a las fuerzas políticas a conversar y a proponerle un pacto de agenda social de verdad, pero esto requiere recursos y el Gobierno quiere resolver esto con 1.600 millones de dólares de aquí a tres años. Eso no resuelve la crisis social ni la desobediencia civil. Si el Presidente hiciera una reforma tributaria de 2 o 3 puntos del PIB que permita tener entre seis mil u ocho mil millones por año para resolver las demandas, es probable que todas las fuerzas políticas y una parte del movimiento social concurriera a un acuerdo de esa magnitud. Si el Gobierno quiere llegar a un acuerdo social con un poco más de deuda pública y un poquito más de impuestos, está lejos de entender la profundidad de la crisis que vive el país. Al parecer, el Gobierno no quiere tocar el bolsillo de sus amigos. Una reforma de dos puntos destinados a quienes tienen secuestrado el país -porque son el 1% y se llevan el 30% de la riqueza-, que no quieren pagar impuestos y que eluden porque llevan su dinero a paraísos fiscales, y quieren un pacto social donde ellos están fuera porque el costo lo paga Carabineros y los chilenos. El Presidente tiene que hacer que los sectores privilegiados también paguen un costo. Subirles la carga tributaria es posible porque todavía la tienen baja. Eso permitiría un paquete social profundo para pensiones, salarios mínimos y salud. Si eso ayudara a que la gente no tuviera que salir a marchar o salir a tomarse la carretera, permitiría a Carabineros y a la policía devolverse a su función original: combatir la violencia delictual y no sería necesario recurrir a los militares.

- En Francia se autorizó a que militares resguarden la infraestructura crítica. Si se mantiene esa línea, ¿estaría de acuerdo?

- El tema es que en esto hay que actuar de buena fe. Y el Presidente lo plantea a través de un proyecto de ley a pesar de que tiene facultades constitucionales para declarar Estado de Excepción y sacar a los militares a la calle, como ya lo ha hecho. Lo mismo si declara estado de catástrofe. ¿El proyecto de ley permite hacerlo más rápido? Tampoco. Podría hacerlo hoy si declara Estado de Excepción. ¿Es porque permite limitar libertades individuales? Tampoco porque el Estado de Emergencia sólo limita el derecho a reunión. ¿Cuál es la razón? Bueno, si uno lee el proyecto de ley, lo más grave de la propuesta no es lo que propone como concepto de cautelar la seguridad de instalaciones críticas, sino que el Presidente propone que se exceptúe de responsabilidad penal a la fuerza militar a través de un Decreto Supremo que regula qué es lo que se entiende por legítima defensa y qué es lo que se entiende por cumplimiento del deber. Y esto a través de un decreto firmado por él, que no pasa por el Congreso, y que determine en qué circunstancias un militar puede matar a un chileno. Esto le garantiza a las FF.AA. una amnistía previa porque las exime de responsabilidad penal. Me parece que esto es gravísimo en democracia.

- Como no es una decisión popular, ¿quizás se está escudando en el Congreso?

- Algunos han señalado eso, pero no. Creo que el motivo real es esta cláusula en la ley; por eso uno empieza a preguntarse quién gobierna, porque pareciera ser que un Presidente elegido democráticamente envía al Congreso un proyecto para eximir de responsabilidad penal a las FF.AA. Entonces, diría que esa condición la colocaron las FF.AA., no el Presidente. La pregunta es si eso va a disminuir el grado de violencia o va a terminar con enfrentamientos entre fuerzas armadas y ciudadanos?

- ¿Se puede apoyar el proyecto de tener a militares resguardando instalaciones críticas, pero sin esta impunidad previa?

- Mientras esté esa cláusula, no estoy en condiciones de respaldar ese proyecto y no creo que el Presidente la saque porque, insisto, no creo que sea una condición del Presidente. Creo que es una condición de las FF.AA. al Presidente.

"El estallido encontró a los partidos de oposición sin la fortaleza institucional necesaria para ayudar a restablecer la convivencia social con más rapidez"

"Lo grave del proyecto no es que militares cautelen la seguridad de las instalaciones críticas, sino que el Presidente propone una amnistía previa para los militares"