Cuatro vecinos de Villa Independencia, sector norte de Viña del Mar, decidieron tomar justicia por mano propia y asesinaron, de forma brutal, a un drogadicto, ultimándolo a golpes y estocadas. La víctima de este "ajusticiamiento" era un individuo que periódicamente atacaba a los pobladores con el fin de robarles y conseguir recursos, seguramente para comprar drogas. Los autores del hecho fueron detenidos. Dos de los implicados tenían antecedentes policiales y uno de ellos, coronando la brutalidad, se dio el trabajo de grabar la agresión con su teléfono móvil.
Este hecho revela, en primer término, ignorancia del ordenamiento legal que exclusivamente da a la justicia la facultad de sancionar al delincuente. Las víctimas únicamente pueden capturar el hechor y entregarlo a la Policía que, a su vez, debe pasarlo a los tribunales.
Pero la reiteración de los delitos y la ineficacia de los sistemas legales hacen que no se confíe en ellos y se llegue a extremos como el caso de esta "ejecución" en que, de partida, se violentaron los tan recurridos derechos humanos.
Así, tenemos como comerciantes agobiados por reiterados saqueos se arman y disparan contra sus atacantes. Incluso particulares circulan armados, contra toda norma, y reaccionan ante provocaciones callejeras, como ocurrió en Reñaca.
Sin embargo, profundizando en el caso de Villa Independencia, nos encontramos, para usar un término médico, con una falla multisistémica. Falló el control policial sobre el tráfico de drogas, que se multiplica y se asocia a los actos de violencia que acompañan a la crisis social. Fallaron los sistemas de salud que no contemplan una política sistemática de tratamiento a los consumidores de drogas. Sólo hay estadísticas, pero no ayuda y seguimiento a los afectados por el flagelo. Falló, como en muchas materias, la educación que no considera como un contenido transversal en sus programas advertencias sobre la droga y sus peligros. Fallan, finalmente, las familias, golpeadas y atomizadas, que muchas veces desconocen la importancia de apoyar y acompañar a sus miembros más vulnerables.
Así, en los sectores más postergados de la población, nos encontramos con casos como el de Villa Independencia en que un ser humano, un drogadicto, se ha convertido en una molestia que está demás y debe ser eliminada. Es posible que los propios ejecutores, fuera de la decisión de tomar justicia por mano propia, sean víctimas también de la droga, materia que podría aparecer en la investigación del caso como un factor más, condicionante de la brutalidad, pero que también reitera la urgencia en atacar el problema en todos los frentes donde hay fallas, omisiones y carencias que implican una violación más a los derechos humanos.