Fernanda García

En Madrid, en medio de la realización de la COP25 presidida por Chile, se anunció que en la semana del 18 de diciembre ingresaría a trámite legislativo la Ley Marco de Cambio Climático. No fue así. Y por segunda vez se aplazó, pues la primera fecha fijada era el pasado mes de agosto.

Decepcionado por esta nueva postergación, el exministro de Medio Ambiente Pablo Badenier remarca que es un proyecto necesario para Chile. "Se requiere darle más integralidad a la acción climática. Es decir, involucrar sectorialmente a otros ministerios. Por lo demás, una Ley Marco en esta materia permitiría darle continuidad en el tiempo a la acción climática como una política de Estado y que no dependa del entusiasmo particular de algún Ejecutivo", sostiene.

Orgullosamente porteño y wanderino, Badenier participa en el Consejo Asesor Presidencial para la COP25, "un espacio transversal desde el punto de vista político y de los roles profesionales", remarca en el contexto de su análisis de lo que fue la participación y presidencia de Chile en el foro realizado en la capital de España. Las reflexiones generales de la prensa internacional es que quedaron muchos cabos sueltos, y se instaló una atmósfera de fracaso ante la "debilidad" del discurso chileno, como lo expresaron desde distintos países y organizaciones presentes.

"No fue una buena COP porque no hubo conclusiones ni decisiones que uno permita evaluar como un avance en materia de acción climática. No se fue capaz de pasar a una etapa de implementación y seguimos en una etapa de negociación, de cómo se implementa el Acuerdo de París, por lo tanto, creo que no hay avances significativos y estamos a la espera de lo que sí se pueda avanzar en la COP 26 en noviembre de 2020, en Reino Unido".

Debilidad del texto

-Una de las críticas es al texto que presentó Chile. Lo mínimo que se dijo es que era "débil", incluso hubo molestia de parte de diversas organizaciones internacionales y ONGs en ese sentido. ¿Cómo es posible que ocurra algo así después de tanta preparación y relevancia de la convocatoria?

-Yo veo que, desde el punto de vista estratégico, la Presidencia pudo haber presentado un texto mucho más ambicioso y pudiésemos haber recibido la crítica de los países que son más conservadores en esta materia. No obstante, pasó al revés. Los países que son más progresistas en incrementar la acción climática son los que se quejaron del texto propuesto por la Presidencia de Chile.

-¿Qué es lo más relevante que no contuvo ese texto?

-Creo que el tema más relevante es que no hubo un avance sustantivo en lo que se denomina el artículo 6, es decir, la creación y regulación del mercado internacional para los bonos de carbono, siendo que esto está en el Acuerdo de París del año 2015.

-¿Cuál es su explicación a que el documento se haya caído en un punto tan relevante? ¿Qué pasó ahí?

-Creo que es el resultado de la pre COP desarrollada en Costa Rica en agosto pasado y de la Asamblea General de septiembre de 2019 en Nueva York. Por lo tanto, la previa, los preparativos no fueron del todo fructíferos, ni tampoco se identificó que no iba a haber avances significativos en el artículo 6. Si esto se hubiese identificado en su momento, probablemente los países negociadores hubiesen redoblado esfuerzos en lograr acuerdos en ese artículo.

-En ese sentido, el escenario que describe coincide con una de las tristes conclusiones posteriores a la COP25: "Las políticas ambientales se siguen quedando en meras declaraciones". ¿Es así de categórico?

-Sí, yo coincido. A veces hay mucha voluntad pero también desconocimiento de cómo se puede avanzar hacia esquemas más significativos de protección ambiental, porque esto también toca intereses particulares de diversos sectores, de empresas y de países. Ser más ambicioso en materia de acción climática significa que hay perdedores y ganadores, y probablemente quienes van a perder con un modelo económico más bajo en emisiones de carbono son países que se resisten al cambio y a los acuerdos.

Posición sin identidad

-Una de las críticas fuertes, y que fue título en la prensa alemana, es que Chile en su discurso fue condescendiente y cómodo a favor de las industrias de combustibles fósiles más que con la población, el mundo científico y ambiental. ¿Qué reflexión hace respecto a ese impacto tan negativo para nuestro país?

-A ver… Yo creo que en términos generales la postura de Chile es una posición sin identidad. No se ve una posición desde Latinoamérica, es decir, desde los países que somos vulnerables al cambio climático. No hay tampoco una conducción desde los países que somos pequeños emisores pero que queremos ser más activos. En ese sentido, hay que reiterar que la de Chile es una posición que carece de identidad….

-¿Concretamente qué quiere decir eso?

-Cuando se carece de una posición sin identidad es muy difícil sentarse a negociar, o pretender ayuda para negociar y llegar a buenos acuerdos.

-¿Entonces es válido retrotraerse a las críticas anteriores a la COP25, con las que grupos ambientalistas locales argumentaban que Chile no tenía autoridad moral para presidir el foro, haciendo referencia a casos emblemáticos como la situación de Quintero y Puchuncaví? ¿Estaba nuestro país deslegitimizado para liderar esta cumbre?

-Yo no comparto esa crítica. Presidir una COP no es un premio ni un reconocimiento. Es una responsabilidad y cada país anfitrión tiene que prepararse para llegar a una buena mesa de negociaciones. Por lo tanto, acá no hay una lectura respecto a "qué bien lo ha hecho Chile" o "qué mal lo ha hecho"... Es solamente asumir una responsabilidad porque le correspondía a un país latinoamericano ser anfitrión de esta COP. Entonces, esa crítica no tiene sustento, porque no tiene relación presidir una COP con cómo se evalúa un país del punto de vista de su desempeño ambiental.

-¿Qué viene de aquí en adelante, pensando en que, finalmente, los Estados parte no llegaron a ningún acuerdo?

-Buscar el acuerdo en la COP siguiente. Son temas que requieren que concurran los más de 190 países que firmaron el Acuerdo de París, porque en esto los esfuerzos individuales son insuficientes y se requiere llegar a reglas comunes, igual como se llegó en el año 2015 y en eso habrá que insistir en la COP26.

-¿Qué implicancias puede haber tenido que Chile no haya suscrito el acuerdo de Escazú?

-Bueno, justamente eso fue lo que impidió que el país haya podido identificarse y construir una visión más desde Latinoamérica en materia de acción climática. Eso tuvo un impacto negativo y vuelvo a hacer un llamado a que lo suscriba. Es fundamental en términos de generar más justicia ambiental, mejores procesos de participación ciudadana y de tener administraciones mucho más transparentes en materia de medio ambiente.

-Después de varias especulaciones, ¿qué efectos finales tuvo no haber hecho la COP25 en Chile, a pesar de haber mantenido la presidencia del foro?

-Hay una distracción mayor en los últimos meses de haber podido enfrentar de mejor manera la negociación y, reitero que haberla hecho en Latinoamérica era lo que correspondía porque desde aquí se permite impulsar con mucha más fuerza las políticas dadas por las presiones al cambio climático que a veces están descompensadas con la gran preocupación que existe casi exclusivamente con los temas de mitigación.

Gestión errática

-¿Cuál es su evaluación en términos generales de cómo este gobierno ha conducido la política ambiental. Así también, como exministro de Medio Ambiente, la gestión de la titular de esa cartera, Carolina Schmidt?

-En términos generales, el Gobierno ha tenido una agenda bastante errática en políticas ambientales. Si uno revisa el programa de gobierno, el punto número uno era la modernización y actualización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y eso no ha tenido ningún avance en la agenda legislativa. Segundo, también tramitar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. A la fecha no hemos conocido ninguna indicación del Ejecutivo en esas materias. Lo que sí valoro, y a propósito del episodio Concón, Quintero y Puchuncaví, es que hoy se esté discutiendo la tipificación del delito penal ambiental. Esto sí es un avance y reconozco como muy positivo que el Ejecutivo haya comprometido un proyecto de ley para tipificar esos puntos.

-En este proceso en el que estamos transitando hacia a una nueva Constitución, ¿qué mínimos ambientales no debería faltar en ese documento?

-Lo primero es valorar que hoy en la Constitución está el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que lo tiene que garantizar el Estado. No obstante, el paso significativo en materia de la nueva Constitución es no sólo garantizar un derecho, sino que el desarrollo sustentable sea un principio de esa Carta Magna, que es lo que permitiría abordar de manera mucho más transversal en distintas garantías constitucionales, el tener un desarrollo más sustentable en el tiempo. Creo que ese sería un cambio bien significativo y que nos permitiría avanzar hacia adelante desde el punto de vista constitucional, a tener un medio ambiente más vinculado con el desarrollo sustentable.

-¿Cuál es su reflexión ante el anuncio del cierre anticipado de las centrales termoeléctricas Ventanas 1 y 2?

-Dos cosas hay ahí. Por lo general, son centrales que funcionan poco o estaban por cerrarse por condiciones económicas debido a los altos costos de mantención y de operación. Es relevante que este cierre programado de termoeléctricas a carbón pueda ser materializado en un proyecto de ley. Solamente un acuerdo voluntario entre el Ejecutivo y la empresa es insuficiente para asegurar el fin de las termoeléctricas a carbón en nuestro país.

-¿Qué falta en términos generales en las políticas ambientales para avanzar en esta materia a nivel país?

-Se requiere una consolidación institucional en materia medioambiental. Básicamente, como decía, modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA y tener un servicio de biodiversidad y áreas protegidas lo que permitiría completar la institucionalidad ambiental que está pendiente desde el año 2010.

"La Presidencia pudo haber presentado un texto mucho más ambicioso y pudiésemos haber recibido la crítica de los países que son más conservadores en esta materia. No obstante, pasó al revés".

"No se ve una posición desde Latinoamérica, es decir desde los países que somos vulnerables al cambio climático. No hay tampoco una conducción desde los países que somos pequeños emisores pero que queremos ser más activos. En ese sentido, hay que reiterar que la de Chile es una posición que carece de identidad".

"Lo que sí valoro, y a propósito del episodio Concón, Quintero y Puchuncaví, es que hoy se esté discutiendo la tipificación del delito penal ambiental. Esto sí es un avance y reconozco como muy positivo que el Ejecutivo haya comprometido un proyecto de ley para tipificar esos puntos"