El Senado argentino aprobó ayer en la madrugada la ley de "emergencia pública", un amplio paquete de medidas e impuestos con el que el nuevo Gobierno del peronista Alberto Fernández busca hacer frente a la crisis social y económica que atraviesa el país.

Tras una sesión parlamentaria que duró casi 12 horas, esta "megaley" -considerada clave por la nueva administración para frenar la recesión- salió adelante con el voto a favor de 41 senadores, frente a 23 en contra y una abstención.

La sesión extraordinaria representó el debut de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país, como titular del Senado, y comenzó luego que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto en la madrugada del viernes, tras otras 15 horas de debate.

En la Cámara salió con 134 votos a favor y 110 en contra tras eliminarse un polémico artículo que otorgaba amplias facultades al Poder Ejecutivo para modificar la estructura del Estado.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

El senador oficialista Carlos Caserio afirmó en el debate que la ley permitirá "poner a la Argentina en movimiento" porque "la situación es realmente grave". Su par Esteban Bullrich, de la ahora coalición opositora Juntos por el Cambio, afirmó ante el pleno que este "es un día triste para la república. Escuchando las palabras del presidente Fernández me había esperanzado del llamado al diálogo. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley, porque ignora las instituciones, hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos".

"Son buenas noticias para Alberto: consiguió la ley, los bloques estuvieron encolumnados, logró el apoyo de los gobernadores y se mostró como protagonista sin que haya quedado opacado por Cristina", dijo el analista político Carlos Fara.

Añadió que esta "victoria legislativa le da oxígeno para cualquier otra ley que necesite, y la oposición fue razonable porque no tiene mucho margen para criticar, saben que le dejan una crisis y saben que la sociedad ya lo sabe".

Impuestos y TARIFAs

La norma prevé, entre otros puntos, el congelamiento por 180 días de las tarifas de servicios públicos para su revisión y la suspensión del ajuste de las jubilaciones para reformular el sistema de pensiones.

La iniciativa es muy amplia y, entre otros puntos, destacan la creación y el aumento de algunos tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y temas de la deuda pública, otro de los problemas acuciantes a resolver en el corto plazo.

Es así como el texto incluye la creación de un tributo denominado "país" (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30% la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos en dólares para viajar al exterior y los gastos que se hagan en moneda extranjera dentro y fuera del país.

Además, el Ejecutivo pretende aumentar otros impuestos y los derechos a las exportaciones de productos agrícolas, que se podrán incrementar hasta el 33% en el caso de la soja, el principal cultivo de Argentina.

Entre los cambios realizados por los diputados, se decidió excluir de la suspensión del sistema de ajuste de las jubilaciones a los regímenes especiales (las llamadas "pensiones de privilegio"), como el que rige las asignaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que generó una amplia polémica.

Ante las críticas que desató esta excepción, el presidente Fernández anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que ampliará el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso para que se "aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio". El jefe de Estado remarcó que su objetivo es "garantizar la igualdad" y "trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos".

Argentina, en recesión desde abril de 2018, arrastra una alta inflación -los precios subieron 52,1% interanual en noviembre- y elevados niveles de pobreza, que se prevé que ronden el 40 % de la población a final de año. Además, y debe lidiar con su deuda pública, de la cual cerca de 100.000 millones de dólares el gobierno dice que hoy no puede cancelar.

"Un juez de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el Presidente".

Alberto Fernández, Presidente de Argentina

"Me había esperanzado del llamado al diálogo. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley".

Esteban Bullrich, Senador de Juntos por el Cambio