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Bolsonaro refuerza su "mano dura" con indulto para policías

BRASIL. Considera a efectivos que fueron condenados por "crímenes o excesos culposos" cometidos en defensa propia o sin intención, aun fuera de servicio.
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El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reafirmó su política de "mano dura" contra el crimen con un indulto que incluye homicidios cometidos en "ejercicio de sus funciones" por una fuerza policial considerada entre las más letales del mundo.

El indulto, que fue publicado ayer en el Diario Oficial y concedido en el marco de la Navidad, ampara a aquellos policías que fueron condenados por "crímenes o excesos culposos", cometidos en defensa propia o sin intención, aun cuando estuvieran fuera de servicio.

El perdón es extensivo a militares "en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)", una fórmula que incluye los casos en que las Fuerzas Armadas son accionadas para reprimir manifestaciones o atender situaciones de violencia que no llegan a ser controladas por los cuerpos policiales.

Aplicación

El indulto es general, se aplica también a presos con alguna enfermedad terminal, y no contempla casos individualizados. Para su aplicación, los abogados de cada uno de los posibles beneficiarios deberán acudir a los tribunales, que tendrán la última palabra sobre el asunto en función de cada caso.

La medida ha sido anunciada en momentos en que el Gobierno del líder de la ultraderecha, que cumplirá un año en el poder el próximo 1 de enero, celebra una fuerte reducción del número de homicidios, creciente desde hace más de una década en un país marcado por unas elevadas tasas de violencia.

Según datos oficiales, en el primer semestre de este año hubo un total de 13.142 homicidios en el país, lo que representa una caída del 21,2% respecto al mismo periodo de 2018, cuando habían sido 16.670.

Sin embargo, esa innegable mejoría coincidió con un aumento de las muertes a manos de los diversos cuerpos policiales, que los organismos de derechos humanos han coincidido siempre en situar entre los más letales del mundo, sobre todo en los casos de Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las ciudades más violentas de Brasil.

En Río de Janeiro, la tasa de homicidios cayó un 22,6% durante los primeros seis meses de 2019, pero al mismo tiempo aumentó el número de personas muertas en operaciones policiales, en su mayoría en favelas, que representaron un 30% del total de 2.083 vidas perdidas por la violencia en ese período.

Polémica frase

"Bandido bueno es bandido muerto". Esa frase ha sido repetida durante toda su vida política por Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército y defensor de las dictaduras militares que imperaron en las décadas de 1970 y 1980 en América Latina.

La repitió incluso en su campaña electoral y, ya como Presidente de Brasil, dijo en más de una ocasión que el policía que "mate a 10 o 15 bandidos" en ejercicio de sus funciones no debe ser investigado y mucho menos condenado, sino "condecorado" por el Estado.

El Mandatario intentó convertir ese pensamiento en ley e incluyó en un proyecto de seguridad remitido este año al Parlamento un amplio amparo legal para los policías que maten en operaciones oficiales, en términos muy similares al indulto oficializado este martes.

Sin embargo, no convenció a la mayoría de los legisladores, que finalmente eliminaron ese punto de la propuesta del Gobierno, que había sido condenada en duros términos por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Dd.hh.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado durante este año sobre el endurecimiento de las políticas de seguridad durante la gestión de Bolsonaro, a quien han acusado de alentar la violencia contra los más pobres, los pueblos indígenas y los homosexuales con su agresiva retórica.

13.142 homicidios hubo en Brasil en el primer semestre de este año, lo que representa una caída de 21,2%.

22,6% cayó en Río de Janeiro la tasa de homicidios durante los primeros seis meses de este 2019.

Gobierno argentino da pie atrás a política de uso de armas

MEDIDA. Reglamento permitía que la policía las empleara sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión previa.
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El nuevo gobierno argentino del peronista Alberto Fernández derogó ayer la política de uso de armas de fuego y electrónicas por parte de la policía impulsada por el expresidente Mauricio Macri, estableciendo que sólo se podrán usar armas letales cuando "sea estrictamente inevitable para proteger una vida".

Para esto, el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial una resolución que anuló el "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad", el cual permitía que las fuerzas utilizaran armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.

En su lugar, la cartera de Seguridad restituyó la vigencia de las disposiciones que rigen en cada fuerza en particular: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Nosotros somos el Ministerio de Seguridad, no somos el de Justicia ni los fiscales o jueces, la policía no hace justicia por mano propia", explicó la ministra del área, Sabina Frederic, en una entrevista a radio Metro.

Armas electrónicas

La resolución del Ministerio de Seguridad dejó también sin vigencia el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales, como las pistolas Taser encargadas en julio pasado por la administración de Macri (2015-2019) y que aún no llegaron al país. El Ministerio de Seguridad señaló que "la categorización como arma electrónica 'no letal' podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad".

La cartera advirtió que la ausencia de regulación sobre cómo deben utilizarse las armas electrónicas "ocasiona una situación de peligro exponencial, pudiendo transformar su uso en letal".

10 de diciembre pasado asumió el peronista Alberto Fernández la presidencia de Argentina.

Nicolás Maduro quiere que Perú detenga a un opositor tras asalto

VEENZUELA. Vilca Fernández habría atacado un cuartel militar venezolano en una zona fronteriza.
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El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Gobierno de su par Martín Vizcarra la detención en Perú del opositor venezolano Vilca Fernández, a quien acusó de estar detrás del asalto a un cuartel militar en el sur del país, y por el que también señaló a los mandatarios de Colombia, Ecuador, Brasil y el propio Perú.

"Yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a este terrorista llamado Vilca Fernández, que en las redes sociales asumió la autoría del ataque al cuartel militar venezolano", dijo Maduro. Su Gobierno informó el domingo que un grupo armado "ultraderechista" robó armas de una instalación militar en el estado de Amazonas, que limita con Brasil, y vinculó al líder del Parlamento, Juan Guaidó, con este ataque. También al dirigente opositor Leopoldo López, que en la actualidad permanece como huésped en la embajada española en Caracas, y al legislador Gilber Caro.

Versión oficial

Según la versión oficial, fue robado un lanzacohetes y otras armas que serían usadas por el Gobierno de Iván Duque para atacar una aeronave colombiana, simulando un ataque de Venezuela, y así generar un "falso positivo" para justificar una intervención militar de Estados Unidos contra la Administración de Maduro. El Presidente venezolano calificó esta acción como "terrorismo", al tiempo que instó al Gobierno peruano a capturar a Fernández, porque no hay "terrorismo bueno".

Maduro pidió, además, al Mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, la detención de varias personas ligadas al asalto al cuartel, de quienes dijo se ocultan en ese país.

"Frívola declaración"

Los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú ya se desmarcaron de las acusaciones. El Gobierno de Iván Duque las tachó de "infundadas y malintencionadas", mientras que Quito apuntó que "rechaza con firmeza" la "frívola declaración", que "no es sino un mero intento por desviar la atención del descalabro económico, vulneración de los derechos humanos, emigración masiva e ilegitimidad institucional que sufre el pueblo venezolano".

3 gobiernos fueron señalados por Nicolás Maduro en su acusación: Perú, Brasil y Ecuador.

22 de diciembre, Venezuela informó que un grupo armado "ultraderechista" le robó armas.