La ciudad está indefensa, no sólo en los cerros por la amenaza de incendios, dramática rutina de casi todos los años, sino que también en el plan que se ha convertido en la capital del "haga lo que quiera". El viernes de la semana pasada se inició otra jornada de manifestaciones, barricadas, destrucción y robos en la plaza Aníbal Pinto y en la avenida Brasil, con sus monumentos de nuevo sometidos a la tortura del spray con grafiteos cargados de odio.
¿Y los vecinos, los comerciantes y los trabajadores? Ahí están en un escenario de incertidumbre en sus bienes, en sus tiempos de viaje, en sus fuentes laborales y en su integridad. Algunos comerciantes, ingenuamente, ponen en sus negocios letreros expresando que apoyan la causa de los manifestantes, sin darse cuenta que los violentistas son analfabetos de conciencia.
¿Quién podrá defender a los ciudadanos agredidos? En teoría, la autoridad, las policías, Carabineros e Investigaciones. Pero las policías, en especial Carabineros, aparecen con las manos atadas.
Carabineros está acosado por recursos judiciales, partiendo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en ese sentido hace su "pega", para eso le pagan; pero también irrumpen en los tribunales con sus quejas el propio alcalde de la ciudad atacada y una universidad del Estado, quejas que pueden ser justas, pero sin una palabra o petición de condena a los desmanes.
Tampoco el intendente debe estar muy tranquilo, ya que puede ser objeto de una acusación constitucional como la que condenó al ostracismo ciudadano al exministro Andrés Chadwick y la que amenaza al jefe regional de Santiago, Felipe Guevara.
Y en particular cada efectivo de Carabineros, no importando grado, está con la amenaza de un sumario, la destitución y la entrega a la justicia por sus actuaciones en medio del caos y los ataques que acompañan a las movilizaciones.
Así, la autoridad de hecho está inhibida, con sus medios limitados y con su ánimo, aunque no se diga, decaído, víctima de una campaña que va desde el insulto mural hasta las amenazas en redes sociales, incluso con la identificación de determinados efectivos.
En este desamparo que vive Valparaíso, no extraña que sigan marchas, barricadas, daños y saqueos. La ciudad está indefensa y el Estado de derecho es sólo una buena intención, pues los encargados de cautelarlo están apresados en una verdadera red que se ha ido tejiendo desde diversos sectores, en algunos casos con muy buena intenciones.
El orden público, la normalidad, parecen ser un bien lejano y perdido. ¿Será posible recuperarlo y sacar a Valparaíso de la indefensión en que se encuentra? Serio desafío cuando está en marcha la temporada turística y, por otro lado, se acerca el plebiscito constitucional.