Un llamado para que las inmobiliarias "transparenten" su sistema de mercado y adviertan a los potenciales compradores que las viviendas en oferta están construidas en terrenos con cierto grado de riesgo realizó el diputado Marcelo Díaz (PS).

"Las personas tienen derecho a saber qué van a adquirir como propiedad, porque a simple vista vivir en medio de áreas verdes o cerca del mar o de la cordillera es provechoso, pero una buena inversión no puede terminar siendo un infierno para una familia. Ya vieron lo que pasó el año pasado en Placilla, donde incluso hubo que desalojar un condominio", afirmó el parlamentario.

Resguardos

Agregó que "las autoridades competentes deben obligar a estas empresas de venta a incluir resguardos y que estos sean presentados con transparencia. Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Curauma, donde una inmobiliaria compró unos terrenos en la parte trasera de un conjunto de casas, talando todos los árboles, algunos de ellos nativos, provocando un impacto en la zona, especialmente medioambiental".

Previo a ello, Díaz ya había enviado oficios de fiscalización al Ministerio de Agricultura, a Conaf y al intendente Jorge Martínez para clarificar "si la destrucción de estos árboles se ajustaba a reglamentación", ello en el contexto de las nuevas exigencias que comenzaron a regir para quienes cuenten con plantaciones forestales, a objeto de prevenir y mitigar la ocurrencia de incendios.

El director regional de Conaf, Sandro Bruzzone, dijo que "este tipo de plantaciones forestales representa un factor de riesgo mucho más elevado que zonas que puedan tener cultivos o caminos, en particular cuando se encuentran próximas a la población".

Entre las medidas que se deberán adoptar está la construcción de cercos y letreros de advertencia, además de la eliminación de residuos forestales.

"Las autoridades deben obligar a estas empresas de venta a incluir resguardos y que estos sean presentados con transparencia".

Marcelo Díaz, Diputado PS

José Rojas Pizarro

Vecinos y dirigentes de los sectores afectados por el incendio del pasado 24 de diciembre, que dejó a casi 400 familias damnificadas, se reunieron durante la mañana de ayer con el alcalde Jorge Sharp. El objetivo fue plantearle una serie de inquietudes respecto a la ayuda que recibirán por parte del Gobierno, los plazos y detalles para poder hacer uso de los beneficios tras la tragedia.

Víctor Jarpa, uno de los afectados, lamentó emocionado haber perdido 30 años de esfuerzo, una vivienda que levantó con sus propias manos junto a su familia. "No hubo tiempo para rescatar nada -apunta-, tuvimos que arrancar con lo que teníamos a mano y lamento la muerte de mi perrita, una regalona que tenía".

"Son 54 años de abandono -dice Mónica Moreno (54 años)- en el que las familias del sector Las Torres, cerro Rocuant y cerro San Roque viven en un abandono social, sin agua potable, sin alcantarillado". La dirigenta vecinal del sector Las Torres apuesta por la sinceridad del alcalde Sharp, quien estuvo presente junto a los dirigentes y vecinos de los sectores afectados por el siniestro.

Tras escuchar a los afectados, el alcalde Jorge Sharp aseveró que "como municipio apostamos a que ninguna familia afectada por el fuego quede sin solución", junto con relevar que "la política del Gobierno es no entregar planes de reconstrucción a quienes no figuran en el plan urbano". Más de medio centenar de personas sentadas en banquillos de cemento lo escucharon atentamente y preguntaron en forma insistente cuándo llegará la ayuda, los bonos de arriendo de $ 300 mil pesos y bonos para enseres que el Gobierno prometió.

Durante el punto de prensa la dirigenta pidió aclarar una serie de cuestionamientos y dio detalles de una cuenta rut en la cual están recibiendo aportes de la ciudadanía, apelando a una mayor solidaridad con quienes lo perdieron todo. "Esta cuenta es para solidarizar y aportar lo que tengas. Hay 40 familias damnificadas en el sector y es el pueblo chileno quien levantará al cerro Rocuant", dijo.

Ayuda disponible

Respecto a la entrega de bonos y ayuda a los damnificados, el intendente Jorge Martínez manifestó ayer que, a partir de las 10 de la mañana, se encontraba una cuenta corriente en Banco Estado a disposición de los afectados por los incendios.

Las 391 familias que sufrieron daños no reparables o mayores en sus viviendas recibirán un aporte o abonos para enceres que asciende a un monto de $1.200.000 a disposición en el banco. Mientras que los que sufrieron daño leve o moderado recibirán un bono de $600 mil bajo las mismas condiciones.

La autoridad regional preciso, además, que a contar de hoy, desde las 14 hasta las 20 horas, en el estadio O'Higgins, se realizará una jornada de atención de damnificados. En el lugar estarán presentes todos los organismos del Gobierno encargados del catastro. La autoridad recalcó que "es importante asistir, ya que se gestionará el bono de arriendo o acogida de $300 mil pesos, mientras se genera una vivienda definitiva a los afectados en un lugar donde se conversará con las familias damnificadas".

Pablo Córdova, dirigente de la junta vecinal N° 11, subrayó que "aunque mañana (hoy) se entregarán los bonos de enseres y asistencia para los damnificados, nosotros, como organizaciones sociales de los sectores de San Roque, Rocuant y Las Torres, solicitamos a las autoridades un diálogo permanente porque conocemos la realidad del sector".

El dirigente apunta a que las decisiones de la Intendencia y las autoridades han sido a "espaldas de las organizaciones comunitarias afectadas por el incendio".

Solicitan que se declare zona de catástrofe y "viviendas dignas" para todos los vecinos, rechazando la categorización del Gobierno al dividirlas como zonas irregulares y otras como de alto riesgo.

"Son 54 años de abandono en el que las familias de Las Torres, Rocuant y San Roque viven en un abandono social".

Mónica Moreno, Dirigenta vecinal