La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió ayer al anuncio del Gobierno sobre que los jóvenes que hayan participado del boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) no podrán rendir la evaluación a fines de este mes, para cuando fue recalendarizada producto de las manifestaciones. El derecho al acceso a la educación está "contenido en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias", afirmó la abogada.

"Como Defensoría de la Niñez velaremos por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile, derecho contenido en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, que no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes, habiendo sido condenados por la ley penal, se encuentran privados de libertad", explicó Muñoz.

En cuanto al procedimiento para la toma del examen, el organismo acusó "la manifiesta incapacidad del Estado, a través de los organismos competentes, de asegurar el proceso de selección universitaria año 2020", junto con indicar que ayer recibieron respuesta al oficio enviado al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) este lunes.

La respuesta, señaló la defensora, vino sin la información solicitada, pidiendo la entidad que se le conceda el "máximo plazo legal" para entregarla, "situación que, evidentemente, impide la intervención institucional en favor de los afectados que tengan posibilidad de restituirse sus derechos vulnerados".

En el caso de la anulada prueba de Historia, la oficina dedicada al resguardo de los derechos del niño señaló que buscarán "concretar la debida rendición de dicha prueba como requisito atingente a algunas carreras universitarias".

Cubillos responde

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió que "a diferencia de la Defensoría de la Niñez, nosotros como Gobierno, entre los jóvenes que promovieron la violencia e hicieron este boicot y los jóvenes que la sufrieron, nosotros estamos por defender a los jóvenes que sufrieron la violencia".

En paralelo, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) y rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, sostuvo en Radio Concierto que "el reglamento que se les informa anticipadamente a todos quienes se inscriben en el proceso de admisión (a las casas de estudios) tiene una norma que obliga a los postulantes a comportarse al interior de la sala (donde rinden la PSU), de manera que no puedan interrumpir, molestar o perturbar el desarrollo de cada una de las pruebas".

En el caso de los desórdenes registrados durante el pasado lunes y martes, "hay una infracción evidente de una reglamentación que, hasta ahora, estaba simplemente en manos de los examinadores, los jefes de local, porque se trataba de situaciones individuales, aisladas", señaló el académico.

Quienes resulten responsables de haber interrumpido la PSU "tienen como sanción no poder seguir en el proceso" de admisión, dijo Valle y, tanto el CRUCh como el Demre, "tienen que aplicarlo (el protocolo) siempre que verifique la identidad y conducta".

El general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo ayer que "hemos hecho uso en forma gradual y proporcional" ante las protestas en Pudahuel, Región Metropolitana, por el atropello de un joven a causa de un vehículo policial. Luego de tres días de incidentes, el alcalde, Johnny Carrasco, afirmó que los uniformados "han operado de una forma irracional".

"Todo lo que hemos desplegado, en cuanto a nuestro personal y recursos logísticos, ha sido en forma proporcional. Y por cierto estamos haciendo uso de un derecho que la ley nos entrega, que es defendernos", sostuvo Rozas, debido a que la 55 Comisaría de Pudahuel ayer registró su tercera jornada de incidentes, después que un vehículo policial atropellara el martes a un joven que se manifestaba contra la PSU.

Durante la noche del jueves hubo ataques con bombas molotov al recinto, lo que, según Carrasco, fue repelido por los uniformados con bombas lacrimógenas y balines, los que habrían herido a 16 personas. El enfrentamiento terminó con siete detenidos. "FF.EE. ha operado de una forma irracional, y eso llama a más violencia", dijo el alcalde a Canal 13.

No son de la comunidad

Rozas replicó que quienes atacaron el cuartel no son parte de la comunidad, sino "delincuentes. Por tanto, nosotros hemos hecho uso en forma gradual y proporcional, y lo que uno esperaría de nuestras autoridades administrativas a nivel comunal es que se interioricen en lo que estaba ocurriendo y también contar con la colaboración".

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, agregó que "el Gobierno está de parte de los vecinos, de parte de la seguridad, tranquilidad y orden público, (...) tal como lo debiesen estar los alcaldes".

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por "violencia innecesaria" en el atropello al joven manifestante.