Cristián Rodríguez F.
La Inmobiliaria RVC decidió extremar todas sus alternativas y presentó, el jueves de la semana pasada, un recurso de casación ante la Corte Suprema para evitar el pago de una indemnización por cerca de $900 millones en favor de los afectados por el megaincendio del 14 de febrero de 2013, que arrasó con más de 300 viviendas y dejó alrededor de 1.200 damnificados en los cerros Rodelillo, Placeres y San Roque, en Valparaíso.
La acción judicial fue tramitada luego que, a principios de mes, la Corte de Apelaciones acogiera, en un fallo unánime, un recurso presentado por cerca de 160 familias en contra de la sentencia del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, que en marzo del año pasado había condenado al obrero soldador Carlos Rivas Quiroz -autor del incendio- como único responsable a pagar la millonaria reparación económica en favor de las víctimas denunciantes.
En ese sentido, el tribunal de alzada de Valparaíso decidió revocar dicha sentencia, estableciendo esta vez que la Inmobiliaria RVC también debía hacerse cargo de la indemnización en forma "solidaria" con el trabajador, por lo que ambos tenían que pagar $4,5 millones a quienes eran propietarios de viviendas siniestradas, y entre uno y dos millones de pesos como reparación por el daño moral que se le causó a los damnificados.
vínculo contractual
De acuerdo al escrito presentado ante la Suprema, la inmobiliaria alegó que la Corte de Apelaciones sólo "presumió" que el soldador en cuestión estaba contratado por ellos, sin tener a la vista ningún antecedente que lo confirmara.
Cabe recordar que en el fallo, el tribunal porteño resolvió que RVC, "sin desconocer derechamente un vínculo laboral con el demandado, señaló que correspondía a los actores acreditar el vínculo laboral que invocaban", lo que a juicio de la empresa no es un argumento para sostener que Rivas Quiroz era uno de sus trabajadores ni que el incendio se produjo por las labores de soldadura que le habrían ordenado.
"Mi parte nunca se pudo defender de una acción que jamás fue promovida y menos ser reprochada por ello como hace el fallo recurrido. ¿Cómo puede establecerse la existencia de una subcontratación o una unidad económica cuando no ha sido solicitada? ¿Dónde está la prueba que comprueba dicha unidad? ¿Dónde está acompañado el subcontrato?", fueron las preguntas que formuló el abogado de la empresa, Juan Carlos Manríquez, en el escrito presentado ante la Corte. Contactado por este Diario, el defensor privado de RVC se excusó de referirse al tema.
Critican argumento
Quien sí lo hizo fue el abogado de las familias denunciantes, Rodolfo Precht. Al respecto, el jurista criticó los argumentos esgrimidos por la inmobiliaria, asegurando que "quedó sobradamente acreditado que Rivas Quiroz sí era dependiente y trabajaba para la inmobiliaria".
"Nos parece que el argumento de la empresa es improcedente y que es un intento más para no pagarle ni un solo peso a los damnificados del megaincendio. RVC no cesa en su tremendo esfuerzo de excluirse de responsabilidades", comentó el abogado.
Pero además, Precht sostuvo que la semana pasada ellos también presentaron un recurso de casación ante la Suprema, que tiene como objetivo aumentar a $8.500 millones la reparación económica a los afectados, haciendo responsable también a la sanitaria Esval e incluyendo a los menores de edad como víctimas "que deben ser indemnizadas", detalló a este Diario el defensor.
Con ambas presentaciones, se estima que la Corte Suprema agrupará los recursos y citará para los alegatos en las próximas semanas. La tramitación podría durar entre seis meses y hasta un año.
"Nos parece que el argumento es improcedente y es un intento más de RVC para no pagarle ni un solo peso a los damnificados".
Rodolfo Precht, Abogado de las víctimas
$900 millones es el monto, aproximado, que la Corte le ordenó a RVC y al soldador a pagar a los damnificados.
