Luego de varios meses en trámite, el Tribunal Electoral Regional (TER) deberá juzgar si el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, será destituido de su cargo, después de que una concejala de la comuna interpuso un recurso en su contra por Notable Abandono de Deberes y Faltas a la Probidad Administrativa en su contra.

Los motivos de esta solicitud se remontan a 2018, cuando el exdirector de Secpla del municipio isleño dio a conocer varios antecedentes que dejaban en evidencia las eventuales irregularidades que estaría cometiendo el jefe comunal con uno de los proyectos ingresados a la oficina, desde su postulación hasta la suplantación de identidad en la firma de documentos.

Fue la concejala que presentó la denuncia, Elizabeth Celedón, quien aseguró que toda la población de la isla se encuentra a la espera de este fallo ya que, a su juicio, las irregularidades que se le acusan son un fiel reflejo de lo que la ciudadanía ha reclamado desde el inicio de la revuelta social.

"Hoy día estamos a la espera de la resolución del tribunal, estamos en una etapa final, y toda la gente está muy expectante porque el alcalde de Juan Fernández refleja todos los aspectos que reclama este estallido social: hay aprovechamiento de recursos públicos, pago de favores, personas en puestos que no les corresponden, que son de alta relevancia. Hoy se está investigando un caso muy delicado en relación a la contratación de un profesional que no cumpliría con las bases que se exigen para su cargo, en donde se están pidiendo bonos de responsabilidades y de incentivo por un monto mayor al 275% de su sueldo, así que es un tema muy delicado", señaló.

Luego de la denuncia, el concejo municipal formó una comisión investigadora del caso, instancia que recopiló los antecedentes y los llevó hasta el TER y la Contraloría. Según indicó Celedón, muchos y muchas esperan la más alta sanción: la destitución de su puesto y la prohibición de ejercer otros cargos públicos.

Añadió que la frágil situación que hoy vive el terreno de la isla, producto de las excavaciones con maquinaria pesada que realizó el empresario holandés Bernard Keiser para ir en la búsqueda de un tesoro, sólo agrava aún más las acusaciones y demuestran que González "sólo trabaja para sí mismo".

"Es muy grave la situación, porque el apoyo que le da el alcalde no beneficia a la comunidad de ninguna manera. Hay evidencia del mal manejo de la excavación, algo que el alcalde no ve y no ejerce, por tanto, sus facultades fiscalizadoras. Recordemos que estamos en año de elecciones y es evidente que es un operador político, que sólo mira su interés personal en todo esto", expresó la concejala Celedón.

Pese a ser contactado por este Diario, el alcalde González no respondió los llamados.

"El alcalde refleja todos los aspectos que reclama este estallido social: hay aprovechamiento de recursos públicos, pago de favores".

Elizabeth Celedón, Concejala

El pasado miércoles, detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de Los Andes, incautaron más de 120 kilos de cocaína base, los que venían ocultos en un camión procedente desde Bolivia y que ingresó a Chile a través de la frontera de Arica.

Según antecedentes aportados por la PDI, esta importante investigación llevada a cabo en conjunto con el Ministerio Público, permitió la detención de R.G.S., de 30 años, de nacionalidad boliviana, integrante de una organización criminal transnacional dedicada a la importación de sustancias ilícitas a nuestro país, donde reclutaban choferes de camiones para transportar la droga hasta la zona central de nuestro país, en donde se realizaba la distribución por las ciudades.

"Esta es una importante cantidad de droga. A través de las diligencias se impidió su recepción a los distribuidores finales y, en definitiva, a sus consumidores. Por este hecho fue formalizada una persona, respecto a la cual el tribunal de Los Andes accedió a la solicitud del Ministerio Público, decretando la prisión preventiva mientras dure la investigación que seguirá su curso", detalló el fiscal Jorge Alfaro.

En este operativo policial realizado en el peaje Las Vegas, se incautó además un camión marca Volvo, donde venía oculta la droga dosificada en 115 paquetes rectangulares de diferentes dimensiones. El imputado fue puesto a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas.

La Corte Suprema ratificó el fallo del tribunal de alzada porteño que dejó en libertad al exjefe de gabinete del exintendente Raúl Celis, Enrique Kittsteiner, fue condenado en 2014 a cinco años por fraude al Fisco y a 3 por malversación de fondos públicos, pero que no cumplió la pena pues se mantuvo prófugo de la justicia desde entonces.

Kittsteiner fue sindicado en 2013 como cómplice, junto a Sergio Núñez (exjefe de Administración y Finanzas de la Intendencia) y Claudio Uribe (contratado vía Ministerio del Interior) de una defraudación de fondos públicos de $ 120 millones, aunque esa cifra aumentó a $200 millones tras la investigación. La indagación tenía relación con dineros vinculados a distintos proyectos a través de los cuales se obtuvieron y rindieron facturas falsas, girándose millonarios montos para cubrir cuentas vinculadas a iniciativas inexistentes en las áreas de seguridad ciudadana y deportes.

En agosto de 2014, el Tribunal en lo Penal de Valparaíso condenó a Kittsteiner a cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de malversación de fondos públicos, y tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de fraude al Fisco, con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió el 6 de octubre de 2014, que los ocho años que sumaban ambas penas debían ser cumplidos en forma efectiva, mediante cárcel, y la Corte Suprema ratificó dicha decisión. Desde esa fecha el exjefe de la intendencia se encuentra prófugo de la justicia y ha sido uno de los más buscados por la Policía de Investigaciones.

A mediados de diciembre del año pasado, Kittsteiner -a través de su abogado, Luis Octavio Contreras- pidió la prescripción de su pena, la que fue rechazada por el tribunal civil, pero tras ser apelada por su defensa, la Corte de Apelaciones porteña decidió otorgársela, medida que acaba de ratificar el máximo tribunal.

La sentencia definitiva fue emanada por el organismo el jueves 30 de este mes y rechaza los recursos de queja presentados tanto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como por el Ministerio Público.

"Que, de una atenta lectura de los líbelos, lo cierto es que se trata de un asunto en que las normas legales aplicadas pueden admitir interpretaciones, antinomia que según ha sostenido reiteradamente este Tribunal, hace que una determinada posición frente al sentido de una norma jurídica no pueda constituir falta o abuso grave que deba ser enmendada por la vía disciplinaria, pues se trata del ejercicio del derecho privativo que la ley confiere a los jueces en la interpretación de los preceptos legales aplicables a las situaciones de que deben conocer", dice el texto.

Al respecto, Contreras comentó que "la decisión de la Excelentísima Corte Suprema es acertada. En consecuencia se mantiene el fallo de la Tercera Sala de la Corte de Valparaíso que declaró prescritas las penas impuestas a don Enrique Kittsteiner y, en consecuencia, extinguida su responsabilidad penal".

El abogado del CDE, Javier Rojas Mery, dijo que "era una de las opciones que existía efectivamente. La queja es un recurso extraordinario y la Corte Suprema entendió que no existía falta o abuso por parte de los ministros. Él queda libre y no queda ninguna vía legal para oponerse a esa decisión".

"Hace que una determinada posición frente al sentido de una norma jurídica no pueda constituir falta o abuso grave que deba ser enmendada por la vía disciplinaria".

Fallo Corte Suprema

"Él queda libre y no queda ninguna vía legal para oponerse a esa decisión".

Javier Rojas Mery, Abogado CDE