EEl último informe Government at a Glace de la Ocde (publicado en octubre del año pasado) reveló que la satisfacción de los chilenos con las políticas y el sistema de salud está entre las peores del grupo.

En un listado de 35 países, Chile aparece ubicado en el lugar 31 porque su población tiene uno de los mayores gastos en salud, siendo los medicamentos el principal componente de los pagos que deben efectuar los chilenos en esta área, alcanzando el 35,8 por ciento del gasto de bolsillo (que corresponde a los pagos directos provenientes de las personas en el momento que utilizan alguna prestación de salud) en salud.

Al anterior se suma otro estudio realizado por el Sernac, que detectó diferencias excesivas entre el precio de un medicamento de marca (original) y su bioequivalente (copia). Es el caso de la atorvastatina, indicada para la reducción del colesterol, cuyo valor comercial de marca supera los 54 mil pesos y su bioequivalente registró un precio menor a los 3 mil pesos, marcando una diferencia del 2.804 por ciento.

Como un intento de cambiar esta situación el Ministerio de Salud (Minsal), en el marco de la nueva Política Nacional de Medicamentos, que busca -entre otras cosas- asegurar el acceso a medicamentos a toda la población, comenzó a promover el uso de bioequivalentes.

El Instituto de salud Pública (ISP) define la bioequivalencia como un atributo de un medicamento respecto de un referente, por el cual ambos poseen diferentes orígenes de fabricación, contienen igual principio activo y son similares en cantidad y velocidad de fármaco absorbido, al ser administrados por la vía oral, dentro de límites razonables establecidos por procedimientos estadísticos.

Bioequivalentes

El doctor en Políticas Farmacéuticas y Seguridad Juan Francisco Collao, académico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, explicó que el propósito de la bioequivalencia es demostrar que dos medicamentos que contengan el mismo principio activo, en la misma dosis, son equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente receptor.

Respecto a la campaña que promueve el uso de bioequivalentes ("Exige el Amarillo") del Minsal, el doctor Collao opinó que si bien es positiva, su principal debilidad es el contexto, dado que "se trata de hacer que el paciente final sea quien elija el uso de genéricos, pero yo creo que por ese lado se torna complejo, porque -en general- el paciente no tiene la posibilidad de elección, debido a que está influido por el prescriptor, quien muchas veces le inculca a la persona que no debe comprar genéricos y debe preferir tal o cual marca".

"Son seguros"

Agrega que "todas las campañas o toda la política de salud pública chilena basada en que sea el usuario final quien decida, siendo que la persona no tiene un conocimiento cabal sobre fármacos, es a lo menos cuestionable y, además, se insiste en considerar a los medicamentos como un bien de consumo más. Desde esa perspectiva, la campaña no va a ser tan efectiva. No obstante, estoy muy de acuerdo de que existan estos medicamentos y que se promueva su uso, ya que son una copia del original, pero con estándares de calidad definidos, que garantizan que el tratamiento va a tener los efectos esperados. Son seguros. Las personas pueden comprarlos con confianza".

A la fecha existen 2 mil 397 medicamentos bioequivalentes registrados en el Instituto de Salud Pública (ISP), sin embargo, para el académico no son los más usados por la población, porque "lamentablemente el criterio para seleccionar qué medicamentos serán bioequivalentes es un criterio totalmente comercial, por decisión de los laboratorios. No hay una política ministerial que obligue a hacer genéricos ciertos medicamentos, el criterio es comercial y eso es un gran problema. Si estuviera en mí la decisión incluiría en la lista aquellos más usados, es decir los que se utilizan para tratamientos crónicos y afectan -en general- a la población más vulnerable del país. Falta la política de medicamentos en Chile que priorice un listado de fármacos, lo que es paradójico, ya que en nuestro país se inventó el concepto de medicamento priorizados, a través del Formulario Nacional de Medicamentos, pero actualmente eso no ocurre".

Finalmente, el académico sostuvo que el proyecto de ley que otorga nuevas facultades a la Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento), que es un servicio público y farmacia estatal chilena dependiente del Ministerio de Salud, para bajar el precio de los medicamentos, mejorar el acceso y disponibilidad, tiene mucho de pirotecnia: "Esta ley incorpora cosas que son muy positivas, como por ejemplo la venta directa a farmacias, pero lamentablemente en relación al control del precio va a ser muy difícil de implementar, dado que las farmacias también van a comprar a otros proveedores no sólo a Cenabast. Es muy difícil poder saber qué medicamento tendrá su precio controlado y cuál no. En la práctica esto va a ser un poco difícil de aplicar. Por otro lado, respecto a la venta directa de fármacos de Cenabast a la población, también encuentro que es totalmente impracticable, porque es un organismo muy pequeño, tiene muy poco personal y no cuenta con la infraestructura para poder generar volúmenes de venta al detalle tan grande. Entonces, se ve muy bonito para el titular, pero en la práctica no resuelve los problemas de acceso a los medicamentos en Chile".