La empresa cuestionada en la auditoría que derivó en un sumario administrativo al interior del Gobierno Regional, Empresa Constructora Salinero Limitada, anunció que luego de que el intendente regional, Jorge Martínez, pusiera término anticipado al contrato que se adjudicaron en noviembre de 2019, denunciarán el hecho ante la Contraloría Regional de Valparaíso por considerarlo "unilateral e injustificado".

Pamela Frías González, jefa administrativa de la constructora, explicó que "las acciones a seguir apuntan a denunciar en la Contraloría por el término unilateral e injustificado del contrato".

Explicó que "la licitación a cargo de la constructora, por un monto máximo de $ 48 millones, apuntaba a trabajos de reparaciones y mantenciones del edificio de la intendencia por un plazo de dos años. El pasado jueves, cuando los trabajadores llegaron al edificio para continuar con los trabajos, se les negó el ingreso y el día viernes se cerró el contrato sin previa notificación escrita o telefónica, sino que de manera unilateral el día viernes en la tarde llegó la notificación".

Daños y perjuicios

Por ello, anunciaron también que demandarán al Gobierno Regional por lo ocurrido: "Como constructora consideramos que hubo un maltrato a los trabajadores, a quienes se les impidió el ingreso, razón que nos motiva a iniciar acciones legales por daños y perjuicios, lamentando aún más la irregularidad con que se llevó a cabo el proceso y cierre de contrato, donde no se permitió a la constructora aportar mayores antecedentes para demostrar la no existencia de irregularidades en los gatos y ejecución de las obras".

Asimismo, la representante dijo que "reiteramos nuestra molestia por el maltrato de algunos funcionarios con los trabajadores y con la jefatura de la constructora".

"Como constructora consideramos que hubo un maltrato a los trabajadores, a quienes se les impidió el ingreso, razón que nos motiva a iniciar acciones legales por daños y perjuicios".

Pamela Frías, Jefa administrativa de empresa

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Pamela Boltei

Un sumario que investiga diversas irregularidades en la contratación de obras para mejorar las instalaciones del edificio de la Intendencia Regional inició el Gobierno hace unas semanas, investigación que busca determinar responsabilidades administrativas o de otro tipo en errores de cotizaciones y metraje, y que derivó en que el intendente regional, Jorge Martínez, volviera antes de sus vacaciones y firmara el término de contrato con la empresa en cuestión, a primera hora este viernes.

La investigación surgió a partir de una auditoría a las obras denominadas "Servicio de mantención y reparación de oficinas y dependencias del Gobierno Regional de Valparaíso", que fueron adjudicadas a la Empresa Constructora Salinero Limitada, en noviembre del año pasado, y que consistían en mejoras y mantención de gasfitería y equipamiento, electricidad, pintura, cerrajería y quincallería, puertas, ventanas (cierre, vidrios y estructura), cielo, piso y revestimiento, persianas y cortinas, tabiquería en general y reparaciones de cubierta, rieles, repisas, y mobiliario en general, entre otros. El presupuesto de la obra era de $ 48 millones más IVA, para utilizar en dos años.

En un oficio enviado el viernes 14 de febrero a Paola Brito, representante legal de la constructora, el intendente Jorge Martínez le comunicó que "en específico, la causal invocada, esto es, exigirlo el interés público, se ve fundada en el hecho de que la empresa ha alterado y repetido los valores totales en las cotizaciones emitidas. En efecto, puede apreciarse que, sin especificar qué tipo de reparaciones se llevarán a cabo, pero aumentando el metraje a trabajar, se ha aumentado el valor de la cotización N°13".

Por su parte, sigue, "y si bien las cotizaciones N°s 13 y 19 presentan idénticas prestaciones y valores, puede apreciarse que en la cotización N°19 se ha adulterado el contenido de las prestaciones, aunque no cambiando el precio. Con todo, en el caso de la cotización N°16, sin mediar cambio en el metraje a pintar, se han cambiado los valores del itemizado correspondientes a materiales y mano de obra. Es más, la cotización subida y registrada en el portal Mercado Público en adjunto a la correspondiente orden de compra, es distinta a aquella contenida en el estado de pago".

Añadió que "debido a que el particular contratado ha alterado los valores totales o de itemizado de sus cotizaciones (cotizaciones N°s 13, 16 y 19), así como haber emitido cotizaciones respecto a prestaciones ya pagadas previamente (cotización N°16 y 19) se ha pretendido no respetar los precios convenidos, incurriéndose en una irregularidad documental que no respetaría los precios acordados (...) Se entiende que el proveedor no puede pretender alterar las cotizaciones forma posterior a su envío, mediante un cambio en el itemizado de las prestaciones, sin cambiar el número de la respectiva cotización. Dado todo lo anterior, el Gobierno Regional de Valparaíso procederá a dar término anticipado al contrato ya referido, reservándose el derecho a adoptar las medidas administrativas, civiles y penales que estime conveniente".

Ese mismo día, el intendente revocó el contrato. El 16 de enero y el 3 de febrero había recibido informes de la Unidad de Auditoría del Gobierno Regional que alertaban de esta situación, y aunque tenía presupuestado regresar mañana a sus funciones, volvió este viernes y una de las primeras cosas que hizo fue estampar su rúbrica en el documento que terminaba el vínculo con la empresa.

Documentos no calzaban

Sin embargo, de forma paralela, hace unas tres semanas, Martínez inició un sumario al interior del Gobierno Regional, y particularmente en la División de Administración y Finanzas, contra quienes resulten responsables.

"Apenas tuve antecedentes de que en esa licitación había documentos que no calzaban, digámoslo, inmediatamente instruí a la Unidad de Auditoría interna que hiciera un informe al respecto", dijo, al ser consultado.

En detalle, contó: "La auditoría interna nos reveló que había algunos errores administrativos en cuantificación de metros cuadrados y en emisión de cotizaciones. Al revisar eso, efectivamente puede haber un error administrativo, pero también, eventualmente, podría ser otra cosa, y como existe la posibilidad, no lo puedo afirmar, que no solo haya sido un error administrativo, que es lo que se nos ha señalado incluso por la empresa, lo que instruí inmediatamente fue un sumario que espero que termine la próxima semana y puse término de la relación y la ejecución del proyecto con dicha empresa. Ellos sostienen que es un error administrativo y yo creo que es un tema que hay que investigarlo un poco más".

Esa investigación, precisó Martínez, "se está haciendo a todos los que participaron directa o indirectamente en ese proceso dentro del Gobierno Regional".

Salida de directivo

El sumario, aseguró, fue instruido antes de que se fuera Augusto Munchmeyer, exjefe de Administración y Finanzas, luego de que el jueves 30 de enero el intendente le pidiera su renuncia.

"La decisión que tomé fue por pérdida de confianza. La confianza se puede perder por muchas cosas y, en el caso del señor Munchmeyer, se produce por varias razones que a la hora de ponderar llegué al convencimiento de que era importante hacer un cambio en esa área. Si tiene que ver con esta situación, lo va a determinar el sumario. Mientras éste no termine, no puedo afirmar ni negar eso, necesito tener el resultado en la mano".

Y aunque el intendente es positivo en cuanto a plazos, pues dice que "el fiscal -Diego Molina- me dijo que de aquí al 20 de febrero estaría listo y yo le dije que espero que esté la próxima semana", lo cierto es que la jefa del Departamento Administrativo, Patricia Jiménez, está con una licencia que duraba 10 días y que fue prorrogada. "Dudo que el fiscal haya podido tomar contacto con ella", relató Martínez.

Con todo, si esto "da para más que errores administrativos, se enviará a la Contraloría para un eventual juicio de cuentas, y si da para más y hay elementos que puedan estimar que aquí hubo alguna posibilidad de un delito con fondos públicos, eso va inmediatamente al Ministerio Público. Espero que sea un error administrativo que se tendrá que corregir", dijo el jefe del Gore".

"Ellos sostienen que es un error administrativo y creo que es un tema que hay que investigarlo un poco más".

Jorge Martínez, Intendente regional