Cristián Rodríguez F.

Poco más de dos años tuvieron que transcurrir para que la Justicia tomara una de las primeras decisiones en torno a la investigación por una eventual malversación de caudales públicos durante la administración del exalcalde de Valparaíso, Jorge Castro (UDI), y cuyo caso se transformó en uno de los principales "caballitos de batalla" de Jorge Sharp (FA) al asumir en la municipalidad porteña.

Se trata de la indagatoria en contra de la empresa Total Transport S.A, la que hasta mediados del año pasado prestaba el servicio de arriendo y mantención de vehículos mayores y menores al municipio, entre ellos los que se encargaban de las tareas de recolección de basura en la comuna.

En concreto, a fines del año pasado -y ad portas de un nuevo periodo electoral- el Juzgado de Garantía de Valparaíso decidió sobreseer de manera definitiva a la compañía, descartando así la existencia de algún delito, pese a las graves irregularidades detectadas por la Contraloría Regional.

Justamente, la investigación estaba basada en un contundente informe que el organismo emitió en junio de 2017, en el que dieron cuenta de una serie de anomalías entre la gestión anterior y la empresa, como el no pago de los servicios contratados desde marzo de 2015 hasta esa fecha.

Lo anterior significó también que la Contraloría dejara en evidencia que hasta ese año el municipio le adeudaba a Total Transport cerca de $6.276 millones, cuyo monto, por ejemplo, superaba con creces al desembolso que hubiese tenido que realizar la administración para adquirir los mismos vehículos que arrendaban.

Querella distinta

Producto del informe, y de acuerdo a lo que explicó a este Diario el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de Valparaíso, Patricio Toro, la municipalidad decidió presentar una denuncia por todas las irregularidades detectadas, entre ellas las que involucraban a la empresa en cuestión.

Sin embargo, el persecutor agregó que al momento de interponer una querella criminal, la administración del alcalde Sharp decidió dejar fuera a Total Transport. Así quedó en evidencia en el documento de veinte páginas que presentó el municipio, en el que sólo hicieron referencia a las demás denuncias de la Contraloría.

Pese a ello, la investigación continuó su curso hasta septiembre de 2019, cuando después de dos años de diligencias el fiscal resolvió no perseverar en el caso. "Se tomó la decisión al no reunir los antecedentes suficientes como para acreditar la existencia de un delito o comprobar la responsabilidad penal de una o algunas personas", explicó el persecutor.

Sobreseen caso

Como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -quienes sí se querellaron en contra de la firma- no se opuso a la decisión de la Fiscalía, todo apuntaba a que el caso se cerraría de esa manera. No obstante, pocos días antes de la audiencia los abogados del gerente de Total Transport, Alejandro Boehm, solicitaron el sobreseimiento definitivo de la causa, lo que finalmente fue acogido.

Consultado al respecto, el persecutor ratificó ayer que se opusieron a la medida ante el Tribunal, al igual que el CDE.

"Los abogados de la empresa entendían que debía existir un pronunciamiento más rotundo respecto de la responsabilidad de su representado, pero nos opusimos porque lo que ocurrió fue que los antecedentes que recopilamos no fueron suficientes para avanzar en una etapa de acusación, pero puede que sí haya existido delito o haya habido responsabilidad penal de algún empleador o gerente de la empresa", sostuvo el integrante de la Urac de Valparaíso.

En tanto, sobre la decisión de la municipalidad de no incluir a la compañía en su querella, el fiscal indicó que "fue un elemento más, pero no determinante", agregando que "aun así se investigó la existencia de un posible delito porque la denuncia inicial del municipio lo consideraba, como también la querella del CDE".

Al respecto, el director jurídico del municipio, Nicolás Guzmán, explicó que no se incorporaron dichos antecedentes en la acción judicial puesto que "en ese momento existían varios litigios en curso, los que actualmente se encuentran terminados".

A ello se suman, además, las negociaciones que precisamente mantenían en esa fecha con la empresa para reconocer la deuda existente -que en un 70% se habría acumulado durante la gestión anterior- y establecer una modalidad de pago que finalmente les permitiría poner fin al contrato.

Las otras aristas

El cierre del caso, sin embargo, no alterará el desarrollo de las otras investigaciones que se iniciaron tras el informe de la Contraloría y que se relacionan con eventuales irregularidades en la contratación de pólizas de seguro con la compañía Penta Security, el pago de honorarios en la Corporación Municipal de Valparaíso y posibles anomalías en la concesión de corrales municipales.

Al respecto, el fiscal precisó que ya se han realizado diligencias y tomado declaraciones a personas en calidad de testigo y también como imputados, aunque no quiso confirmar si formalizarán los casos. Mientras, el director jurídico de la alcaldía adelantó que "en los próximos días agregaremos más antecedentes a la carpeta, de modo de poder avanzar en las investigaciones".

"Los antecedentes que recopilamos no fueron suficientes para avanzar en una etapa de acusación, pero puede que sí haya existido delito".

Patricio Toro, Fiscal de la Urac Valparaíso

Alcalde Sharp no descarta iniciar acciones judiciales por caso Curauma

De acuerdo a la información publicada por el área de Reportajes de Radio Bío Bío, durante la anterior administración municipal de Valparaíso se le devolvió una boleta de garantía por $ 210 millones a la empresa Participaciones Futuro S.A. -vinculada a la familia del Presidente Sebastián Piñera-, la que había sido entregada a la tesorería local para la urbanización de dos avenidas en el sector de Curauma, luego de haber adquirido un terreno de 135 hectáreas para su explotación.

Contactado al respecto, el alcalde Jorge Sharp (FA) reaccionó molesto frente a la situación, asegurando que "es muy preocupante que estas prácticas se hayan dado en periodos de administración de la UDI y que, además, habrían podido beneficiar a empresas vinculadas al Presidente de la República".

Por lo mismo, el jefe comunal porteño no descartó iniciar acciones legales. "Estamos recabando toda la información y antecedentes, porque es una situación grave. Y más allá de si existen plazos perentorios o delitos que hayan prescrito, esto hay que investigarlo a fondo y las autoridades de ese entonces, así como los responsables de todo esto, tendrán que dar una explicación. No queremos y no vamos a permitir impunidad ante estas irregularidades que se cometieron en el municipio", criticó.