La Constitución que nos rige tiene algunos déficits sustantivos, no sólo por razones de origen, sino para alcanzar las credenciales propias de la legitimidad democrática. Como se sabe, desde el punto de vista del derecho y de la filosofía política es necesario distinguir entre eficacia, validez y legitimidad de una Constitución. Es claro que ésta ha tenido eficacia: en los hechos se ha cumplido y aplicado desde que entró en vigencia. A ello se debe agregar que los órganos encargados de hacerla cumplir le han reconocido validez como el conjunto de normas de la mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico y político del país. Pero ello no es suficiente para atribuirle la legitimidad, es decir, la justificación que exige la democracia, ni desde el punto de vista de los procedimientos ni de los principios, valores y virtudes que ese sistema político prescribe.

Esta última condición de legitimidad refiere a una categoría que no es de carácter fáctico o positivo, pues estipula unos criterios de justificación sobre el ejercicio del poder fundados en determinados ideales y principios de justicia o de ética pública. Son ciertamente opinables, pero definen y permiten distinguir un sistema democrático de aquellos que no lo son. La ausencia de aquellos, niega o deforma la democracia. Uno de estos criterios consiste en que la Constitución tenga origen en un acto de participación que reconozcan y acepten los ciudadanos libre y pacíficamente. Tal condición de origen no se logra en las dictaduras. Otro principio es la regla de la mayoría, que supone la inexistencia de minorías dotadas de un poder de veto frente a las mayorías representativas del Congreso Nacional. Este criterio de legitimidad no se cumple en la Constitución vigente, pues mediante el establecimiento de diversas formas las mayorías no pueden legislar si no cuentan con el beneplácito de las minorías. Esto ocurre en el caso de las "leyes orgánicas constitucionales", que al elevar el quórum necesario para su modificación o aprobación reservan un conjunto de ámbitos de la política a la decisión de las minorías. Este privilegio a la minoría se produce también para poder aprobar una reforma constitucional.

En el mismo sentido, cabe mencionar las amplias atribuciones del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una tercera cámara contramayoritaria. Desde luego, esta Constitución no garantiza los equilibrios de poder político y económico necesarios para la construcción de una sociedad democrática. En tal sentido, limita al Estado y el ámbito de lo público en áreas fundamentales de la convivencia social. La Constitución requiere también de otros cambios que permitan llegar a un régimen de gobierno semipresidencial, terminar con el centralismo que posterga y condena a las regiones, así como modificar el orden público económico que, en algunos de sus efectos, está conduciendo a la depredación final de todos nuestros recursos naturales.

No es consistente ni fiable prometer que se votará por el "Rechazo" para después hacer reformas en tal sentido, pues se trata precisamente de quienes obtienen las ventajas. En la decisión de aprobar o rechazar que debemos tomar el 26 de abril está comprometida la integridad de nuestra adhesión consecuente a los valores democráticos. Aprobar, a mi juicio, equivale a ser coherentes con la definición de principios y procedimientos propios de la democracia. Si bien se podría argumentar que, a la vez, el "Rechazo" tiene ahora la oportunidad de dar legitimidad democrática a esta Constitución, ello sería sólo parcialmente porque equivaldría adscribir a esa concepción disminuida de la democracia, que la reduce a contar los votos en favor de cualquier cosa. Hago esta afirmación porque si se lograra imponer el "Rechazo", ello por sí mismo no eximirá a la Constitución vigente de sus enclaves antidemocráticos y de las ventajas que otorga a la misma minoría que antes, sin democracia, definió el orden político, económico y social que la gran mayoría critica, padece o ya no soporta.

Aldo Valle