El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Fernando Castañeda, negó ayer que la pena de muerte esté en la agenda del Gobierno, después de que el Presidente peruano, Martín Vizcarra, indicara el domingo que había que evaluarla con el resto de fuerzas políticas que conforman el nuevo Congreso.

"Lo que le puedo decir es que, como ministro de Justicia, la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa ni vamos a denunciar ningún tratado internacional", sentenció Castañeda en declaraciones al Canal N de televisión.

Cambio de cultura

El ministro reafirmó que Vizcarra "es y será muy respetuoso de los tratados internacionales", por lo que reiteró que la restitución de la pena de muerte en el Perú está "totalmente descartada".

Castañeda argumentó que "la situación de violencia va más allá de una sola medida concreta y aislada y requiere un cambio de cultura, de educación".

"Las solas medidas normativas no son suficientes. En aquellos países donde existe la pena de muerte sigue habiendo crímenes atroces", añadió.

No obstante, Vizcarra no se mostró tan tajante el domingo durante un acto público donde manifestó su disposición a debatir sobre la pena de muerte.

"Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Vamos a analizar, pero una medida no va a solucionar el problema", indicó el Mandatario.

La pena de muerte fue eliminada definitivamente del código penal peruano en 1979, después de que Perú firmase el Pacto de San José, del que se debería salir en caso de que nuevamente quisiese restablece la pena máxima.

"La situación de violencia va más allá de una sola medida concreta y aislada y requiere un cambio de cultura, de educación".

Fernando Castañeda, Ministro de Justicia y DD.HH.

Varios grupos del Parlamento Europeo (PE) manifestaron ayer su malestar con el Gobierno turco por su responsabilidad en la crisis migratoria que afecta a la frontera este de Grecia, mientras que algunos criticaron también la actuación de la Comisión Europea ante esta situación.

Para los dos principales grupos del hemiciclo, el Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), la petición de más medios y fondos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se enmarca dentro de una estrategia política "temeraria" que deja de lado los derechos fundamentales de los migrantes, según subrayaron sus portavoces en la reducida sesión plenaria de hoy.

Dinero a LAS ONG

El líder del PPE, Manfred Weber, afirmó que la estrategia de Erdogan, que visitó el martes Bruselas para trasladar a las instituciones comunitarias sus principales reclamaciones, "se aprovecha de los problemas de las personas" para incrementar la presión sobre Europa.

"Los pagos deben ir a las ONG, no se puede dar el dinero directamente a Erdogan. Además, Jordania y Líbano también necesitan ayuda, no sólo Turquía", añadió Weber.

La portavoz parlamentaria socialdemócrata, Iratxe García, criticó también la actitud "temeraria" del Mandatario turco, aunque lamentó al mismo tiempo las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien calificó a la frontera helena como el "escudo" europeo ante la inmigración.

A su juicio, el control en las fronteras debe ejercerse, pero "con el derecho internacional por delante". "Estamos hablando de la vida de las personas, no de armas. Comisión y Consejo deben tener responsabilidad", aseveró la diputada española.

Inercia

Para la portavoz de Renovar Europa, Sophia in 't Veld, la situación que se vive estos días en la frontera grecoturca es "consecuencia de cuatro años de inercia" en materia migratoria en Bruselas.

"Europa ha traicionado a sus valores", afirmó la holandesa, que añadió que toda posible violación de los derechos humanos "tendrá que ser investigada".

A ojos de la portavoz del grupo de los Verdes/ALE, Ska Keller, la "catástrofe humanitaria" que se vive estos días no se está abordando desde la perspectiva humanitaria, un error que debe corregirse. "Me parece inaudito que la ayuda (a los migrantes) sea saltarse la ley. Europa no puede mirar a otro lado", añadió.

En la misma línea se pronunció la portavoz de la Izquierda UE, Cornelia Ernst, quien abogó por abrir las fronteras a los refugiados para reubicarlos en los "138 municipios que se han ofrecido" como destinos de acogida.

Cientos de policías impidieron ayer el paso a opositores qu intentaron llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela, el mismo día en que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU denunció que continúan los ataques contra los adversarios del Presidente Nicolás Maduro.

Los agentes con equipos antimotines apoyados por camiones blindados bloquearon una avenida en el límite entre Caracas y el municipio capitalino de Chacao, al este, para impedir el paso de los manifestantes encabezados por el líder opositor Juan Guaidó.

Reconocido como presidente interino por casi 60 países, Guaidó intentó inútilmente negociar con los agentes, pero los uniformados comenzaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de personas que les arrojaban objetos.

"Los objetivos a este momento han sido cumplidos... visibilizar la protesta", dijo Guaidó a los agentes antes del altercado. "Quedó claro aquí que no hay miedo".

AN está tomada

Para renovar la presión contra Maduro, la oposición llamó a una movilización que aspiraba llegar a la sede del legislativo que desde inicios de año está tomada por las fuerzas de seguridad y han impedido la entrada a Guaidó y sus partidarios.

La oposición abandonó hace varios meses las protestas ante el desánimo de la población. Durante 2019 Guaidó encabezó multitudinarias movilizaciones y un fallido alzamiento militar contra Maduro, quien logró superar la crisis gracias, en parte, al respaldo del alto mando militar y el apoyo de Rusia, China, Turquía y Cuba.

Un pequeño grupo de manifestantes opositores cerró un tramo de la autopista -que enlaza el este y oeste de Caracas- tras dispersarse la marcha. Otras pequeñas protestas tuvieron lugar en varias ciudades. Guaidó, en tanto, luego instaló ante un grupo pequeño de seguidores, en una parte más segura de la ciudad, una sesión improvisada y al aire libre de la Asamblea Nacional.

Oficialismo

Cabe consignar que la tensión política y los ataques contra opositores fueron mencionados ayer por la Alta Comisionada Michelle Bachelet en la actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Bachelet observó que continúan "los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición", resaltando que desde el 5 de enero, fecha de inicio del nuevo año legislativo, las "fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional".

Las agresiones "suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia", acotó la comisionada en su informe. Añadió que "mi oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Además señaló que la cifra de venezolanos que emigran sigue aumentando. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país.

"(Continúan) los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición".

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para para los Derechos Humanos