En el tercer día del paro de comercialización de granos y hacienda, los productores agropecuarios argentinos manifestaron ayer su determinación de defenderse del incremento aplicado por el gobierno al impuesto a la exportación de soja, el principal cultivo del país.

Más de un centenar de productores se reunieron en las cercanías de Expoagro, la mayor muestra agroindustrial del país que se celebra en la localidad de San Nicolás, a 240 kilómetros de Buenos Aires. Allí, rodeados de tractores y banderas argentinas, expresaron su malestar por la reciente decisión del Presidente Alberto Fernández de aumentar en tres puntos porcentuales la alícuota a la venta externa de la oleaginosa.

Conflicto de 2008

Sobre la asamblea sobrevolaba el recuerdo de la larga protesta del campo en 2008 contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) -actual vicepresidenta- por haber dispuesto un esquema de impuestos móviles a la soja según su cotización en el mercado internacional que, de acuerdo con los productores, era confiscatorio de sus ganancias.

"El campo no pelea, se defiende de los ladrones" y "Nosotros nos fundimos y el Estado sigue gastando" eran algunos de los carteles exhibidos en la asamblea, a la que también asistieron miembros de las cuatro principales asociaciones agropecuarias que convocaron al paro que culminará el jueves.

Jorge Josifovich, titular de la Sociedad Rural de Pergamino, dependiente de Confederaciones Rurales Argentinas -una de las asociaciones que promueve la huelga-, se quejó en declaraciones a The Associated Press de que "siempre que los gobiernos necesitan recursos pare cerrar el déficit recurren al campo", el sector que más dólares genera, y no toman otras medidas como reducir el gasto público.

Los productores pronunciaron encendidos discursos contra la dirigencia política y la vicepresidenta, con la que mantuvieron el ríspido conflicto de 2008.

El Presidente Alberto Fernández cuestionó el paro diciendo que es "para beneficio" de los mayores productores de soja y lo calificó de una medida "muy violenta" que responde a "dirigentes opositores disfrazados de chacareros".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló ayer por graves violaciones de derechos humanos a los Gobiernos de Cuba, Venezuela, Irán y China en su informe anual sobre la materia.

"Rezamos por el día en el que los cubanos, venezolanos, chinos e iraníes y el resto del mundo pueda hablar libremente sin temer a sus propios gobiernos", manifestó en declaraciones a la prensa.

El informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, publicado ayer y relativo a 2019, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

Ejecuciones y torturas

Con respecto a Cuba, específicamente, EE.UU. condenó la existencia de "presos políticos" y puso de ejemplo el caso del disidente José Daniel Ferrer, líder del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que está preso desde octubre pasado por una supuesta agresión a otro hombre, un cargo que sus allegados niegan.

Además, en el documento, el Departamento de Estado acusó al gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que se refiere como "antiguo régimen", de "significativas" violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de las fuerzas de seguridad.

Como ya ha dicho anteriormente, EE.UU. consideró que el apoyo de "cientos" de agentes de las fuerzas de seguridad cubana ha permitido a Maduro mantenerse en el poder y ha impedido que sea sustituido por el líder opositor Juan Guaidó, considerado como presidente interino por medio centenar de naciones.

Vigilancia

En una rueda de prensa, Pompeo criticó el uso por parte del Estado chino de técnicas destinadas a "vigilar a los disidentes políticos" y que van desde el reconocimiento facial hasta el uso de aplicaciones móviles.

En el informe, EE.UU. denunció que las autoridades de la región noroccidental china de Xinjiang han "expandido" los "campos de reeducación" para miembros de minorías musulmanas como los uigures y kazajos.

"Medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y personas que han sido detenidas en esos campos aseguran que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, torturas y asesinatos", recoge el informe, cuyas imputaciones pueden provocar una reacción de Pekín, como ha ocurrido en similares ocasiones.

Abusos

Respecto a Irán, EE.UU. formula una fuerte acusación: asegura que "muchos" de los abusos a los derechos humanos fueron "perpetrados como parte de la política gubernamental" y, por ello, no se han tomado "pasos efectivos" para investigar, enjuiciar y castigar a los "funcionarios" que los cometieron.

"Esto -añade el informe- incluye abusos y numerosas muertes en custodia durante los últimos años. La impunidad siguió siendo generalizada en todos los niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad".

Israel

En cuanto a Israel, el informe sigue sin usar la expresión "territorios ocupados" para referirse a Cisjordania y Gaza, algo que dejó de hacer en 2018; y subraya que las fronteras de Jerusalén deben decidirse en "negociaciones entre las partes", un proceso para el que EE.UU. ha presentado un plan que los palestinos rechazan.

El texto cita los asesinatos y detenciones arbitrarias como los principales abusos cometidos tanto por autoridades israelíes como por las palestinas, además de las "restricciones significativas a la libertad de movimiento" impuestas por Israel y la "violencia" y el "trabajo infantil forzado" por parte del movimiento Hamás en Gaza.

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, precisó ayer que el presunto maltrato de los migrantes en la frontera por las autoridades griegas es comparable con "lo que hicieron los nazis" y dijo que denunciará a Atenas en foros internacionales.

En su discurso semanal al bloque oficialista del parlamento, el Mandatario dijo que no habrá modificaciones en la medida de su gobierno de permitir a los migrantes cruzar a Europa hasta tanto la Unión Europea cumpla con sus obligaciones bajo un acuerdo de 2016 que ayudó a detener el flujo.

Molestia de Atenas

Miles de migrantes se aglomeraron en la frontera de Turquía con Grecia cuando el gobierno turco dijo el mes pasado que desistiría de retenerlos en su territorio.

Para impedir los cruces, Grecia apostó policías antimotines y guardias fronterizos que en muchos casos usaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones hidrantes.

Erdogan aseveró que la represión griega ha provocado la muerte de cuatro migrantes y heridas a un millar. Grecia, en tanto, rechaza las acusaciones.

"No hay diferencia entre lo que hicieron los nazis y las imágenes de la frontera con Grecia", dijo Erdogan. "Abrir fuego, lanzar gases lacrimógenos y atacar con agua hirviente a gente inocente que sólo quiere salvar sus vidas y crear un futuro mejor para sus niños es barbarie en el verdadero sentido de la palabra".

Bajo el acuerdo de 2016, la UE ofreció a Turquía hasta 6.000 millones de euros (6.700 millones de dólares) en ayuda para las refugiados sirios en su territorio, aceleró el proceso de incorporación de Turquía a la UE e inició una revisión del acuerdo de unión aduanera.

"Mantendremos la medida actual (de fronteras abiertas) en nuestras fronteras hasta que se cumplan concretamente nuestras expectativas", dijo Erdogan.