Paolo Navia S.

Un video publicado por un funcionario de Gendarmería de Valparaíso, en el cual denunciaba las paupérrimas condiciones en las que se encontraba realizando una cuarentena preventiva por posibles síntomas de coronavirus, fue el detonante del complejo escenario que actualmente viven la institución en la región.

En concreto, el gremio denuncia que Christopher Velozo, funcionario de la dotación del Centro de Detención Preventiva de Quillota, fue traslado a una residencia transitoria ubicada en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, tras presentar síntomas presuntamente atribules al covid-19.

El traslado, según la dirección regional de las Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), se desarrolló sin considerar los protocolos sanitarios, además de denunciar que la residencia se encontraba en insalubres condiciones. Es decir, sin ningún elemento para preparar alimentos, sin agua caliente o calefacción, además de presentar una cama con el colchón y frazadas con pelos de animales y sin ningún tipo de ropa de abrigo.

Esta compleja situación, tras la publicación del video en redes sociales, fue solucionada hace pocos días, pero que sin embargo, puso de manifiesto el estado de vulneración que hoy en día vive dicha institución a nivel local.

"Hoy en día existen muchas irregularidades por parte del director regional de Gendarmería y la jefa operativa, pues en el caso específico del video publicado en redes sociales, el funcionario fue tirado como un perro en una cabaña que existe en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, y somos así de literales pues recién de tres días se le instalaron las condiciones mínimas para sobrellevar una cuarentena, pues ni siquiera contaba con comida", declaró Roberto Escobar, presidente regional de Anfup.

Petición de sumarios

Sin embargo, dicha circunstancia no es la única irregularidad denunciada por la dirección regional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, ya que según explicó Escobar, actualmente existen 8 funcionarios que pertenecen al grupo de riesgo de contagio del coronavirus, los cuales pese a la actual crisis sanitaria, siguen trabajando de manera normal bajo la modalidad de turnos.

La situación fue expuesta ante el intendente regional, Jorge Martínez, a través de una carta donde se solicita efectuar sumarios administrativos ante posibles irregularidades en los protocolos sanitarios, además de la designación de un coordinador local para hacerse cargo de la emergencia por el covid-19.

"Los funcionarios que pertenecen al grupo de riesgo deben estar obligatoriamente en sus casas, para eso la dirección regional hizo un listado el cual hoy en día no se está respetando, pues los funcionarios siguen trabajando sin respetar la cuarentena obligatoria y eso nos da a entender que para las autoridades no tiene importancia nuestras vidas", declaró de manera enfática el presidente regional de Anfup.

A eso se debe sumar el caso del funcionario paramédico del Complejo Penitenciario de Valparaíso, David Silva, quien dio cuenta a su jefatura directa que su madre, funcionaria del hospital Carlos Van Buren, fue puesta en cuarentena producto a la ocurrencia de un brote de covid-19 en su lugar de trabajo. Sin embargo, y pese al riesgo inminente, su jefatura ordenó que continuara trabajando de manera normal.

Estas irregularidades también fueron comunicadas al senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien en su rol de presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, ayer visitó el Complejo Penitenciario porteño para verificar en terreno las condiciones en las cuales se encuentran los gendarmes e internos.

"Hay algunos módulos con situaciones de precariedad muy grandes en términos sanitarios, de agua, servicio higiénicos y de hacinamiento, pues si bien ellos interrumpieron el periodo de las visitas familiares aún se vive un escenario de hacinamiento muy importante, y si existiese un caso de coronavirus en el recinto se podría generar una explosión muy rápida de contagios", precisó el senador.

Respuesta gendarmería

Finalmente, y en torno al video emitido por redes sociales, desde la dirección regional de Gendarmería señalaron que dicha situación ya fue superada y que el funcionario en cuestión recibió diversos implementos para facilitar su estadía en la residencia transitoria durante su periodo de aislamiento.

A su vez, y sobre la misiva enviada al intendente regional, desde la institución señalaron que "en cada una de las unidades penales de la región se han implementado una serie de medidas que buscan prevenir el contagio por covid-19. Dicha gestión ha permitido que al día de hoy no tengamos funcionarios, ni personas privadas de libertad contagiadas".

"En el caso del video, el funcionario fue tirado como un perro en una cabaña que existe en el Complejo Penitenciario de Valparaíso".

Roberto Escobar, Presidente regional Anfup

"Hay hacinamientos muy importantes y si existiese un caso de covid-19 en el recinto se podría generar una explosión muy rápida de contagios".

Ignacio Latorre, Senador RD

Sebastián Aguilera Ortiz, el auxiliar del Servicio de Cirugía Adultos del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar que el pasado 28 de abril fue brutalmente atacado con un arma cortopunzante por un compañero de trabajo, murió ayer en el recinto asistencial donde se desempañaba, producto de la gravedad de las lesiones que recibió aquel día.

El joven, de 28 años, y en medio de un confuso hecho, fue agredido por Diego Toro Rivera (22) al interior de un baño y sin mediar provocación, según relató la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñónez, el día de su formalización.

Producto de este ataque, la víctima sufrió lesiones penetrantes a nivel cervical, con compromiso de carótida derecha y vía aérea, derivando en un shock hemorrágico que requirió su intervención, quedando posteriormente internado en la Unidad de Pacientes Críticos.

A través de un comunicado, el Hospital Gustavo Fricke precisó que el malogrado auxiliar "recibió desde el primer momento todas las atenciones necesarias de acuerdo a su condición de salud, la que se fue deteriorando debido a la gravedad de sus lesiones", pereciendo la tarde de ayer.

En el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, hasta el centro asistencial concurrieron efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI con el fin de efectuar las diligencias respectivas. En este sentido, no se descarta que también se solicite un examen PCR al cuerpo a raíz del brote de coronavirus que se registró en el Hospital Fricke.

La fiscal Romyna Ahumada confirmó ayer que se solicitará una audiencia para reformalizar a Diego Toro Rivera por el delito de homicidio, consignando, a su vez, que la defensa les informó que tiene antecedentes médicos que darían cuenta de una patología psiquiátrica del imputado, por lo que eventualmente podrían solicitar la suspensión del procedimiento.

"Nuestro hospital se suma al dolor de sus familiares, expresando sus más profundas condolencias".

Hospital Gustavo Fricke